2610-26
La ley que mantiene al ciudadano encorvado traicionó su razón de ser.
Hay un uso de la norma que no ordena, somete. Se invoca la regla no para proteger al ciudadano sino para mantenerlo en su sitio, callado, resignado, incapaz de levantar la cabeza. El que manda descubre que la ley bien administrada es un instrumento de dominio formidable, porque permite negar con apariencia de legalidad, humillar con formas correctas, y presentar la sumisión como respeto al orden. Así se gobierna a muchos pueblos, encorvados por un reglamento.
Pero existe el uso contrario, el que recuerda que toda norma decente nació para liberar. La buena ley endereza, levanta, devuelve al ciudadano su capacidad de mirar de frente. La prueba para distinguir una de otra es simple. Si la aplicación de una regla deja a la persona más libre y más digna, cumple su fin; si la deja más sometida y más pequeña, lo traiciona, por más que se la invoque con solemnidad.
El reglamento como jaula
El formalismo es el refugio favorito de quien no quiere resolver. Ante una necesidad urgente y legítima, siempre hay un artículo que permite decir que no, un requisito que falta, un plazo que no corresponde, una ventanilla que ya cerró. El funcionario que se escuda en la forma no comete una ilegalidad, y precisamente ahí reside su eficacia. Niega sin desobedecer, abandona sin incumplir.
El Perú ha hecho de ese formalismo una forma de gobierno. Se exige al ciudadano una procesión de documentos para ejercer un derecho que ya tiene, se le pasea de oficina en oficina, se le trata como sospechoso hasta que demuestre lo contrario. La norma que debía facilitar la vida se convierte en un laberinto diseñado para desanimar, y el que se cansa y abandona es contabilizado como un trámite menos, no como un derecho negado.
Lo grave no es solo la ineficiencia, es la deshumanización. Detrás de cada trámite hay una persona que esperó, que perdió un día de trabajo, que vio postergada una necesidad real. Cuando la autoridad antepone la forma al ser humano que tiene al frente, no está respetando la ley, la está pervirtiendo. El verdadero respeto a la norma consiste en recordar que fue hecha para servir a las personas, no para tenerlas de rodillas.
LA OTRA CARA
La hipocresía del rigor selectivo
Hay una incoherencia reveladora en muchos celosos de la norma. Son inflexibles cuando la regla perjudica al ciudadano común y asombrosamente flexibles cuando beneficia al poderoso. El mismo funcionario que niega un trámite por una coma mal puesta encuentra la manera de agilizar el expediente del influyente. La rigidez, resulta, era selectiva.
Esa es la verdadera hipocresía, no la de equivocarse, sino la de usar la ley como vara contra el débil y como alfombra para el fuerte. Cuando el rigor se aplica hacia abajo y la indulgencia hacia arriba, la norma dejó de ser justicia y se convirtió en un mecanismo de dominación disfrazado de orden.
La ley que levanta
Frente a ese uso perverso, conviene recordar para qué sirve de verdad una buena norma. Sirve para que el débil pueda enfrentar al fuerte en igualdad de condiciones, para que el ciudadano común tenga ante el poder una protección que no dependa de su suerte ni de sus contactos. La ley justa es la que iguala, la que pone de pie al que estaba sometido.
Una república se mide por eso. No por la cantidad de sus reglamentos sino por si sus normas liberan o someten. Cuando la gente sale de una oficina pública sintiéndose respetada, algo funciona; cuando sale humillada, por más legal que haya sido el trato, algo se traicionó. El fin de toda ley decente es enderezar al ciudadano, nunca mantenerlo encorvado.
AFORISMOS
- La ley que deja al ciudadano más sometido traicionó su razón de ser. — JFT
- El formalismo es el refugio del que no quiere resolver y aprendió a negar sin desobedecer. — JFT
- Rigor para el débil e indulgencia para el fuerte no es orden, es dominación disfrazada. — JFT
- Toda norma decente nació para enderezar al ciudadano, nunca para tenerlo de rodillas. — JFT
- Una república se mide por si sus reglas liberan o someten. — JFT
PROPUESTAS
- Eliminar los requisitos administrativos que no protegen ningún derecho y solo sirven para obstaculizar al ciudadano.
- Implantar el silencio administrativo positivo real en los trámites donde la demora del Estado no debe perjudicar al ciudadano.
- Sancionar al funcionario que usa el formalismo para negar derechos legítimos o para dar trato preferente al poderoso.
- Rediseñar los procedimientos públicos poniendo a la persona en el centro, con rutas simples y plazos exigibles.
- Establecer la obligación de resolver el fondo del asunto y no escudarse en defectos de forma subsanables.