2609-26
Un poder que deshumaniza a su gente ya perdió toda autoridad para gobernarla.
Hay dos maneras de ejercer el poder, y solo una merece llamarse gobierno. La primera ocupa, intimida y trata al ciudadano como súbdito o como cifra; funciona por miedo y mide su éxito en obediencia. La segunda reconoce en cada persona una dignidad anterior al Estado y organiza lo público para protegerla. La distancia entre ambas no es de estilo, sino de naturaleza. Un poder que rebaja a las personas, aunque exhiba obras, ya se corrompió por dentro.
El aplauso, además, engaña. La multitud celebra la escena visible mientras, en despachos cerrados, se decide lo que de verdad la afecta. Esa brecha entre el entusiasmo del público y las resoluciones del poder es el terreno donde crece el abuso. Por eso la primera tarea cívica no es admirar, sino preguntar; y la primera virtud del gobernante honrado no es deslumbrar, sino rendir cuentas de aquello que nadie ve.
La dignidad como vara de medida
En el Perú nos hemos acostumbrado a evaluar a las autoridades por su capacidad de generar espectáculo. Un anuncio rimbombante, una inauguración con cinta y tijera, una frase que rebota en los titulares. Y mientras miramos el escenario, se nos escapa lo esencial, aquello que ese poder le hace, todos los días, a la vida concreta de la gente. Hay gestiones que producen mucho ruido y poca dignidad.
La prueba verdadera es silenciosa. Se ve en la señora que hace cola desde la madrugada para un trámite que debería durar minutos, en el comerciante que paga cupo para que no le quemen el negocio, en el joven que emigra porque su país no le ofrece futuro. Ahí, en esos detalles sin cámara, se revela si el poder humaniza o degrada. Ningún discurso repara lo que la indignidad cotidiana destruye.
Gobernar bien es, antes que nada, tratar a las personas como personas. Y eso exige una conversión difícil, la de dejar de administrar masas para empezar a servir a ciudadanos con nombre, historia y derechos. El poder que entiende esto no necesita imponerse; se legitima solo. El que no lo entiende puede durar, incluso puede ser reelecto, pero nunca deja de ser una ocupación disfrazada de gobierno.
LA OTRA CARA
El miedo a preguntar
Hay un silencio que sostiene todos los abusos, el de quienes no se atreven a pedir explicaciones. A veces callamos por comodidad, otras por temor a quedar mal, otras porque hemos aceptado que preguntar es insolencia. Así se educa a un pueblo para la sumisión, no prohibiéndole hablar, sino haciéndolo sentir que no tiene derecho a entender.
Pero una república se construye con ciudadanos que interpelan sin pedir permiso. La pregunta incómoda es la forma más elemental de la libertad. Donde nadie pregunta, el poder hace lo que quiere; donde todos preguntan, el poder recuerda de quién depende. Preguntar no es agraviar, sino ejercer la ciudadanía en su forma más pura.
La contabilidad de la indignidad
La indignidad tiene un costo que no aparece en ningún presupuesto. Se paga en talento que se va, en confianza que no vuelve, en energía nacional gastada en sobrevivir trámites en lugar de crear riqueza. Un país que humilla a su gente cotidianamente se empobrece dos veces, en la economía y en el ánimo.
Recuperar la dignidad, en cambio, no cuesta más plata, sino más decencia. Un funcionario que trata bien, una ventanilla que respeta el tiempo ajeno, una norma que presume la buena fe del ciudadano. Son gestos baratos y transformadores. La dignidad es la política pública más rentable que existe, y la más olvidada.
AFORISMOS
- El poder que humilla a su gente ya perdió el derecho a gobernarla. — JFT
- El aplauso distrae; la pregunta gobierna. — JFT
- Un pueblo que no pregunta firma en blanco su propia servidumbre. — JFT
- La dignidad es la única obra pública que no admite inauguración. — JFT
- Mide a toda autoridad por lo que le hace a la gente cuando nadie la mira. — JFT
PROPUESTAS
- Instaurar la presunción de buena fe del ciudadano en todo trámite: la carga de probar recae en el Estado, no en la persona.
- Publicar en formato abierto y comprensible las decisiones y contratos que afectan directamente al ciudadano, no solo los actos protocolares.
- Crear un estándar medible de trato digno en las ventanillas públicas, con tiempos máximos verificables y sanción al incumplimiento.
- Garantizar canales reales de pregunta y respuesta a la autoridad, con obligación de contestar en plazo fijo y por escrito.
- Evaluar cada gestión no por obras anunciadas, sino por indicadores de dignidad cotidiana: tiempos de atención, quejas resueltas, confianza recuperada.