Ir al contenido

2609-13 Deuda desigual

2609-13

El poder que se perdona todo suele exigirlo todo a los de abajo.

Hay una injusticia que no se comete con crueldad abierta, sino con doble medida. Es la del que recibe clemencia y no la concede, la del que fue perdonado de una fortuna y encarcela al que le debe una moneda. En la vida pública tiene rostro conocido. Los grandes deudores negocian, se reprograman, se acogen a beneficios; los pequeños son ejecutados sin piedad. La misma ley que se dobla para el poderoso se endurece contra el humilde.

El perdón, en política, no es sentimentalismo, sino el reconocimiento de que nadie está sin deuda y de que la clemencia recibida obliga a la clemencia dada. Una república decente no se mide por la dureza con que castiga al débil, sino por la coherencia con que aplica la misma vara a todos. Cuando la compasión es privilegio de arriba y la exigencia castigo de abajo, la justicia deja de serlo y se convierte en un mecanismo de dominio.

La aritmética de la clemencia

Existe una escena que se repite con obstinación en nuestra vida institucional. Alguien poderoso incurre en una deuda enorme —con el fisco, con la ley, con la confianza pública— y encuentra siempre una puerta abierta, la reprogramación, el fraccionamiento, el beneficio, el olvido conveniente. Sale perdonado. Y acto seguido, ese mismo poder se vuelve implacable con el pequeño que debe poco; lo embarga, lo persigue, lo ahoga.

Esa asimetría es la forma más corrosiva de la injusticia, porque usa el lenguaje de la ley para practicar la desigualdad. No es que falte norma; es que la norma se estira o se aprieta según quién esté enfrente. El deudor mayor recibe paciencia; el menor, verdugos. Y la sociedad entera aprende la lección amarga, que aquí la clemencia se compra y la severidad se reparte hacia abajo.

Restaurar la justicia no exige más dureza, sino más simetría. Que quien recibió una oportunidad la ofrezca; que la vara que midió con benevolencia al fuerte no se convierta en martillo contra el débil. La medida de un Estado justo es sencilla y consiste en cómo trata a quien menos puede defenderse. Donde el perdón fluye hacia arriba y la exigencia solo cae hacia abajo, no hay ley, sino jerarquía disfrazada de derecho.

LA OTRA CARA

La impunidad que exige

El que ha sido perdonado y no perdona revela algo peor que ingratitud, pues entiende la clemencia como un privilegio personal y no como un principio. Usa la indulgencia que recibió para escalar y la niega a quien viene detrás. Así se construyen las castas, con perdones que suben y castigos que bajan.

Una sociedad lo tolera hasta que descubre el patrón. Entonces la indignación no nace de que se perdone, sino de que se perdone selectivamente. Y esa herida —la de la desigualdad ante la ley— es de las que no cicatrizan; mina la obediencia, legitima la evasión y enseña a cada quien a buscar su propio fuero.

La clemencia no es debilidad

Perdonar no significa impunidad. Una república que renuncia a toda sanción se disuelve; la falta debe tener consecuencia. Pero la consecuencia justa es la que se aplica igual a todos, no la que se ensaña con el que no tiene abogados ni contactos.

El equilibrio está en distinguir clemencia de complicidad. Clemencia es dar una segunda oportunidad real, con reglas iguales. Complicidad es fabricar salidas para unos y cerrarlas para otros. La primera humaniza la ley; la segunda la corrompe. Saber cuál se está aplicando es la prueba de todo gobernante honesto.

AFORISMOS

  1. El que perdona hacia arriba y castiga hacia abajo no imparte justicia: administra privilegios. — JFT
  2. Una ley que se dobla para el fuerte se endurece siempre contra el débil. — JFT
  3. La clemencia recibida obliga; el que no lo entiende, no merecía recibirla. — JFT
  4. Un Estado se mide por cómo trata a quien menos puede defenderse. — JFT
  5. Donde el perdón se compra, la severidad se reparte hacia los pobres. — JFT

PROPUESTAS

  1. Garantizar que los beneficios tributarios y las reprogramaciones de deuda se apliquen con criterios públicos e iguales, sin trato preferente a grandes contribuyentes.
  2. Reforzar la defensa pública para que el ciudadano sin recursos enfrente al Estado en condiciones equivalentes a las de quien puede pagar abogados.
  3. Auditar y transparentar los acuerdos y amnistías que benefician a grandes deudores o infractores, con rendición de cuentas verificable.
  4. Proscribir la desigualdad procesal que acelera la sanción del pequeño y dilata indefinidamente la del poderoso.
  5. Establecer que toda excepción o beneficio otorgado a un actor se documente y quede disponible como precedente aplicable a los demás en igualdad.