2609-09
Una sociedad justa no se mide por lo alto de sus cúpulas, sino por lo firme de su suelo.
Hay dos maneras de mirar a un país. Una empieza por arriba, por los que triunfaron, y presenta su éxito como prueba de que el sistema funciona. La otra empieza por abajo, por los que quedaron fuera, y pregunta por qué. La política decente no puede darse el lujo de mirar solo hacia arriba. Su primera obligación es con los que menos tienen, no por caridad, sino por justicia.
Esto no es resentimiento contra el que prospera. Es advertencia contra el que prospera a costa de todos. La riqueza honrada, la que crea trabajo y paga sus impuestos, es bienvenida. Pero la que se acumula capturando al Estado, evadiendo, extorsionando o comprando favores, no es mérito, sino despojo. Una república sana distingue entre el que gana y el que arrebata.
La justicia empieza por el suelo
Cuando una sociedad se organiza, la primera pregunta no debería ser cuánto puede ganar el más afortunado, sino cuánto está garantizado para el más desprotegido. Ese piso mínimo —salud, educación, seguridad, un ingreso digno por trabajo honrado— no es un regalo del Estado, sino la condición para que la libertad de todos signifique algo. Sin piso, la libertad es solo la libertad del más fuerte para imponerse.
El Perú ha crecido en cifras mientras millones seguían sin lo básico. Ese es el escándalo silencioso, un país que produce riqueza pero no la convierte en dignidad para los de abajo. El problema no es que unos tengan mucho, sino que otros no tengan nada mientras el Estado mira hacia otro lado. La desigualdad extrema no es solo injusta, es el combustible de la violencia, la informalidad y el descreimiento en la democracia.
Poner el foco en los que menos tienen no significa castigar el éxito, sino condicionarlo a que sea legítimo y a que no se construya sobre la miseria ajena. Una economía es sana cuando el que sube no necesita que otros bajen. La medida de un gobierno no es el brillo de sus torres, sino si el que trabaja duro puede vivir con decencia. Todo lo demás es propaganda con vista al mar.
LA OTRA CARA
El asistencialismo que compra pobres
Pero cuidado con confundir la justicia social con el clientelismo. El político que reparte dádivas no busca sacar a nadie de la pobreza, busca perpetuarla para tener votantes cautivos. Convierte el derecho en favor y al ciudadano en cliente agradecido. Es la forma más perversa de mirar hacia abajo, la de usar al pobre como base electoral, no como sujeto de derechos.
El piso mínimo se garantiza con instituciones, no con bolsas de campaña. La diferencia es simple. La política seria quiere que el beneficiario ya no la necesite; el clientelismo necesita que nunca deje de necesitarla.
El resentimiento como programa
Existe también el extremo contrario, el que hace del odio al que tiene una carrera política completa. No propone construir un piso, sino demoler el techo ajeno, como si la pobreza de todos fuera una forma de justicia. Es la envidia disfrazada de igualdad.
Ese discurso destruye más de lo que reparte. Espanta la inversión honrada, premia la mediocridad y termina empobreciendo justamente a los que dice defender. La justicia social crea oportunidades; el resentimiento solo redistribuye escasez.
AFORISMOS
- Una sociedad se mide por lo firme de su suelo, no por lo alto de sus torres. — JFT
- Hay quien gana y quien arrebata; una república decente sabe distinguirlos. — JFT
- El clientelismo no combate la pobreza: la cultiva para cosechar votos. — JFT
- Sin piso mínimo, la libertad es solo el privilegio del más fuerte. — JFT
- El resentimiento reparte escasez; la justicia crea oportunidades. — JFT
PROPUESTAS
- Garantizar por ley un piso social básico —salud, educación de calidad y seguridad— como derecho exigible, no como programa sujeto al humor fiscal.
- Combatir la evasión y la captura del Estado por grandes intereses con la misma dureza que se exige a la informalidad de los pequeños.
- Sustituir el asistencialismo clientelar por programas con reglas transparentes, metas de egreso y evaluación independiente de resultados.
- Formalizar con incentivos reales, no solo con sanciones, para que el trabajo honrado deje de ser castigado por la burocracia y el tributo mal diseñado.
- Medir el desarrollo por indicadores de dignidad del que menos tiene —acceso a agua, ingreso digno, mortalidad evitable— y no solo por el PBI agregado.