2609-07
La norma existe para servir a las personas, no las personas para servir a la norma.
Toda sociedad necesita reglas, pero las reglas tienen un propósito, proteger a las personas y ordenar la convivencia. Cuando una norma deja de servir a ese fin y se vuelve un fin en sí misma, se convierte en su contrario, en un pretexto para no ayudar, en un escudo del que se lava las manos. El legalismo es la corrupción del derecho por exceso de literalidad.
Hay un momento en que la autoridad debe elegir entre el procedimiento y la persona que espera del otro lado del mostrador. El burócrata mediocre se ampara en el reglamento para no decidir; el servidor verdadero entiende que la norma es el medio y el ciudadano es el fin. Entre cumplir una formalidad y hacer el bien concreto, la ley bien entendida siempre manda hacer el bien.
El formalismo como coartada
En el Perú, la tramitología mata todos los días lo que dice proteger. El expediente que duerme meses, la ventanilla que exige un sello inexistente, el requisito que nadie puede cumplir; nada de eso son fallas técnicas, son decisiones. Alguien prefirió el papel a la persona, la cobertura propia al servicio ajeno. Y lo hizo amparado en la norma, que le da la coartada perfecta, la de decir «yo solo cumplo el reglamento».
La pregunta que desnuda a toda autoridad es sencilla. Puesto a elegir, ¿este poder existe para resolver o para no equivocarse? El que gobierna para no equivocarse nunca decide nada, porque toda decisión tiene riesgo. Prefiere el ciudadano varado a la firma comprometida. Convierte la prudencia en parálisis y llama a eso legalidad, cuando en verdad es cobardía administrativa disfrazada de rigor.
Hacer el bien a tiempo cuesta valentía, porque exige interpretar la norma a la luz de su propósito y no de su letra muerta. El buen funcionario sabe que la formalidad no puede ser excusa para el daño, y que negar ayuda pudiendo darla es una forma de hacer el mal. La verdadera autoridad no se mide por cuántos trámites frena, sino por cuántos problemas resuelve sin traicionar la ley.
LA OTRA CARA
El pretexto del caso urgente
Cuidado, sin embargo, con el que invoca «el bien de la persona» para saltarse toda norma a conveniencia. La excepción humanitaria es real, pero también es la puerta favorita del que quiere privilegios. Entre el legalista que no ayuda nunca y el discrecional que decide según su capricho, la corrupción encuentra terreno fértil en ambos.
La flexibilidad sin reglas no es humanidad, sino arbitrariedad. El favor de hoy es la deuda de mañana. Por eso la excepción debe ser transparente, motivada y verificable, nunca un pacto oscuro entre el que pide y el que concede.
La ley que se escribe para estorbar
Existen normas diseñadas para no cumplirse, para crear el cuello de botella donde florece la coima. El exceso de requisitos no es celo; muchas veces es un modelo de negocio. Cada trámite imposible es una oportunidad de cobro por debajo de la mesa.
Simplificar no es debilitar el Estado, sino quitarle al corrupto su herramienta principal. Donde el trámite es claro y rápido, el que vive de trabar pierde su renta. La transparencia procesal es, antes que eficiencia, una política anticorrupción.
AFORISMOS
- La norma que no sirve a la persona ya no sirve a nadie. — JFT
- El legalismo es la coartada del que no quiere decidir. — JFT
- Cada trámite imposible es una coima esperando su turno. — JFT
- Gobernar para no equivocarse es no gobernar nunca. — JFT
- Negar ayuda pudiendo darla es hacer el mal con las manos limpias. — JFT
PROPUESTAS
- Aplicar el silencio administrativo positivo real en los trámites de bajo riesgo, con responsabilidad del funcionario que retrasa sin causa.
- Eliminar por ley todo requisito que no pueda justificarse por un fin público concreto y verificable, bajo revisión periódica obligatoria.
- Publicar tiempos promedio de atención por entidad y por ventanilla, de modo que la demora tenga un rostro y una consecuencia.
- Facultar y proteger al servidor que resuelve razonablemente a favor del ciudadano, para que decidir no sea más riesgoso que no hacer nada.
- Convertir la simplificación administrativa en política anticorrupción explícita, midiendo la reducción de puntos de contacto donde se cobra por debajo de la mesa.