CADE 2026 · A12
CADE 2026 propone unirnos para avanzar. La verdadera prueba comenzará cuando debamos cumplir aquello que decidamos.
CADE Ejecutivos 2026 se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco, bajo el lema «Unidos para avanzar». Su agenda comprende unidad nacional, crecimiento regional, oportunidades internacionales, productividad e inteligencia artificial.
El encuentro representa una oportunidad legítima de diálogo entre sectores empresariales, autoridades y especialistas. Sin embargo, un foro no debe confundirse con una instancia democrática de decisión nacional ni con un organismo capaz de ejecutar directamente políticas públicas.
Su valor político reside en la capacidad de reunir actores, producir diagnósticos rigurosos, impulsar acuerdos voluntarios y contribuir a que las autoridades competentes adopten decisiones.
La diferencia entre estos niveles de responsabilidad debe quedar claramente establecida.
Durante los once artículos anteriores hemos examinado problemas relacionados entre sí: la ausencia de principios compartidos, la desigualdad de oportunidades, la distancia entre crecimiento y bienestar, la descentralización incompleta, la informalidad, la criminalidad, los privilegios económicos, la competitividad internacional, la burocracia y los desafíos de la inteligencia artificial.
Aunque se trata de asuntos distintos, comparten una característica: la dificultad para transformar decisiones públicas y privadas en resultados sostenibles.
El Perú no carece de diagnósticos.
Dispone de estudios económicos, presupuestos, estrategias sectoriales, leyes, planes y compromisos públicos.
Lo que necesita fortalecer es su capacidad institucional para priorizar, ejecutar, coordinar y evaluar.
Desde una perspectiva política de centro, el diagnóstico debe conducir a una agenda que combine libertad económica, justicia social, responsabilidad fiscal, seguridad, integridad y eficacia estatal.
Esa agenda no puede depender únicamente de la coincidencia ideológica entre quienes participan en un foro.
Debe establecer objetivos que puedan ser compartidos por ciudadanos con posiciones diferentes.
Podemos discrepar sobre el tamaño del Estado, los mecanismos tributarios o determinadas políticas de inversión. Pero debería ser posible acordar que los ciudadanos merecen seguridad, que el dinero público debe utilizarse responsablemente, que las reglas deben aplicarse sin arbitrariedad y que las instituciones deben rendir cuentas.
La legitimidad de estos acuerdos se fortalece cuando incorporan mecanismos verificables.
Un compromiso general puede generar entusiasmo, pero carecer de utilidad operativa.
Expresiones como promover el desarrollo, fortalecer la educación o mejorar la competitividad necesitan traducirse en decisiones concretas.
Debemos preguntar quién se compromete, dentro de qué competencias, con qué instrumentos, recursos y plazos.
También debemos distinguir entre una propuesta, una decisión institucional, una obligación jurídicamente válida y un resultado efectivamente alcanzado.
No corresponde presentar una declaración de CADE como si fuera una política estatal aprobada.
Del mismo modo, la participación de una autoridad no demuestra que su institución haya asumido formalmente todas las propuestas discutidas.
Los compromisos necesitan aceptación expresa y mecanismos adecuados de seguimiento.
El programa oficial actualizado al 11 de noviembre contempla para el 26 de noviembre una sesión de «Legado CADE Ejecutivos 2026» y posteriormente la presentación de conclusiones y acuerdos.
Es una oportunidad para pasar de las recomendaciones a los compromisos.
La propuesta editorial JFT consiste en evaluar lo que surja del foro mediante cinco criterios: claridad, responsabilidad, viabilidad, seguimiento y resultado.
Una propuesta puede ser valiosa incluso si no se implementa inmediatamente. Pero no debería confundirse con una decisión ejecutada.
De igual manera, un compromiso no cumplido no implica automáticamente una conducta dolosa. Pueden existir causas legales, técnicas, presupuestarias o externas que deben documentarse.
La rendición de cuentas exige distinguir entre incumplimientos injustificados y dificultades legítimas.
La exigencia política consiste en que esas diferencias sean públicas y verificables.
No corresponde descalificar anticipadamente CADE ni atribuir intenciones indebidas a sus participantes.
Tampoco debemos aceptar que un foro sea considerado exitoso únicamente porque reunió importantes personalidades o produjo intervenciones interesantes.
La posición de centro propone reconocer su contribución al debate y exigir un seguimiento responsable.
La unidad debe construirse sobre reglas, objetivos y obligaciones compartidas, no sobre la necesidad de evitar las discrepancias.
Tesis política JFT: El éxito de CADE 2026 no dependerá solamente de lo que se diga en Cusco, sino de la capacidad de sus participantes para convertir propuestas legítimas en compromisos públicos y resultados evaluables.
Cuando terminen los discursos, comenzará la verdadera reunión
Hay algo que ocurre al finalizar casi todos los grandes encuentros.
Los asistentes se despiden.
Se intercambian opiniones.
Se publican fotografías.
Aparecen conclusiones.
Y los organizadores destacan los mensajes más importantes.
Todo eso es natural.
Un encuentro necesita comunicar sus resultados.
Pero después sucede algo que me interesa mucho más.
Cada participante regresa a sus actividades.
Los empresarios a sus empresas.
Las autoridades a sus despachos.
Los especialistas a sus instituciones.
Y los ciudadanos a sus problemas cotidianos.
Entonces comienza la verdadera prueba.
Porque una cosa es ponerse de acuerdo durante una conferencia.
Y otra muy distinta es cumplir lo acordado cuando desaparecen las cámaras.
Este noviembre, CADE Ejecutivos propone unirnos para avanzar.
Me parece una aspiración legítima.
El Perú necesita diálogo.
Necesita inversión.
Necesita cooperación.
Y necesita superar parte de la confrontación que ha debilitado nuestra capacidad para desarrollar políticas sostenibles.
Pero también necesita algo más.
Responsabilidad.
Porque la unidad puede convertirse en una palabra extraordinariamente cómoda.
Todos pueden pronunciarla.
Pocos pueden oponerse abiertamente.
Y cada uno puede interpretarla de acuerdo con sus intereses.
Por eso debemos preguntar desde el principio.
¿Unirnos para hacer qué?
¿Para defender determinadas políticas económicas?
¿Para mejorar la gestión pública?
¿Para impulsar inversiones?
¿Para cerrar brechas sociales?
¿Para construir instituciones más confiables?
Probablemente encontremos objetivos comunes.
Pero el problema no termina cuando los identificamos.
Comienza cuando debemos decidir cómo alcanzarlos.
Durante esta serie hemos revisado numerosos problemas nacionales.
Hablamos del centro ético.
De la confianza que necesitamos reconstruir.
Del sueño peruano y de la distancia entre esfuerzo y oportunidad.
Del crecimiento económico que debe transformarse en bienestar.
De la descentralización que necesita producir resultados.
De la informalidad que no puede seguir siendo una forma habitual de sobrevivir.
De la extorsión que amenaza nuestra libertad económica.
De las inversiones que deben prosperar sin privilegios.
Del comercio internacional.
De la burocracia.
Y de la inteligencia artificial.
Todos estos problemas tienen características distintas.
Pero comparten una dificultad.
Sabemos formular propuestas.
No siempre conseguimos ejecutarlas.
Y ahí está una de las grandes paradojas del país.
Tenemos capacidad para discutir el futuro.
Pero enfrentamos dificultades para administrar correctamente el presente.
Podemos elaborar planes ambiciosos.
Pero algunas instituciones encuentran problemas para concluir proyectos.
Podemos aprobar normas importantes.
Pero su aplicación puede resultar desigual.
Podemos anunciar reformas.
Pero en ocasiones carecemos de mecanismos suficientes para evaluar sus resultados.
No es un problema exclusivo del Estado.
El empresariado también tiene responsabilidades.
Una empresa puede comprometerse a impulsar la productividad.
Pero la promesa debería traducirse en iniciativas concretas.
Un gremio puede defender la formalización.
Pero también debe estar dispuesto a examinar los comportamientos de sus integrantes y apoyar reglas de competencia justa.
Y una organización que reclama transparencia debería aceptar exigencias razonables de integridad en sus relaciones con las autoridades.
La responsabilidad no puede ser una obligación que imponemos solamente a los demás.
Eso también forma parte del centro ético.
Porque los acuerdos nacionales no se construyen mediante declaraciones moralmente superiores.
Se construyen aceptando compromisos que puedan ser exigidos a todos los participantes.
Ahora bien, tampoco debemos pedir al CADE aquello que no le corresponde.
No es el Congreso.
No es el Poder Ejecutivo.
No sustituye a los gobiernos regionales.
Y sus organizadores no representan automáticamente a la totalidad de la sociedad.
Es un foro empresarial.
Legítimo.
Importante.
Y potencialmente influyente.
Su función es promover discusión y propuestas desde esa naturaleza institucional.
Precisamente por eso debemos evaluar sus contribuciones con criterios razonables.
No corresponde exigir que cada exposición se transforme inmediatamente en una ley.
Tampoco sería justo suponer que una recomendación no implementada demuestra la inutilidad del encuentro.
Pero sí debemos pedir claridad.
Qué se propuso.
Quién está dispuesto a asumir responsabilidad.
Qué instituciones deben intervenir.
Qué dificultades existen.
Y qué mecanismos permitirían hacer seguimiento.
Porque una promesa sin responsable es apenas una aspiración.
Un compromiso sin plazo puede postergarse indefinidamente.
Y un resultado sin indicador permite interpretaciones convenientes.
No necesitamos llenar el país de nuevos tableros digitales que nadie consulte.
Necesitamos información clara.
Pública.
Comprensible.
Y vinculada con decisiones reales.
Pensemos en un ejemplo.
Si un grupo de instituciones acuerda impulsar la formación técnica regional, sería razonable precisar qué actividades desarrollará, quién financiará las intervenciones y cómo se comprobará si mejoran las oportunidades laborales.
Si un gremio propone simplificar procedimientos, debería identificar cuáles, demostrar por qué resultan problemáticos y colaborar con las autoridades competentes.
Y si una autoridad anuncia una mejora en seguridad, debería explicar qué resultados espera alcanzar y cómo los medirá.
No estamos pidiendo milagros.
Estamos pidiendo gestión.
Y quizá eso sea lo que más necesitamos.
Una cultura política donde la calidad de un anuncio no dependa de su espectacularidad.
Sino de su viabilidad.
Donde los compromisos no se utilicen solamente para obtener reconocimiento.
Sino para orientar decisiones.
Y donde admitir dificultades no se considere automáticamente una derrota.
Porque rendir cuentas también significa explicar por qué algo no funcionó.
La política pública es compleja.
No todo proyecto produce los resultados previstos.
Algunas intervenciones necesitan modificarse.
Otras deben abandonarse.
Y algunas requieren más tiempo del esperado.
Lo importante es aprender.
Corregir.
Y hacerlo de manera transparente.
Por eso no creo en una política donde todos deban declarar éxito permanentemente.
Prefiero instituciones capaces de reconocer errores.
Porque los errores documentados pueden corregirse.
Los errores ocultos suelen repetirse.
Y los errores convertidos en propaganda terminan perjudicando la confianza.
El Perú necesita una nueva relación entre las promesas y los resultados.
Una donde la ciudadanía no tenga que esperar al próximo gran encuentro para conocer qué ocurrió con los compromisos anteriores.
Una donde el seguimiento sea parte del acuerdo desde el primer día.
Y donde los responsables puedan ser reconocidos por cumplir, pero también deban explicar incumplimientos.
No estoy proponiendo una fiscalización política arbitraria.
La rendición de cuentas debe respetar competencias, derechos y procedimientos legales.
Pero sí propongo abandonar la costumbre de considerar que la responsabilidad termina cuando se pronuncia el discurso.
En realidad, comienza ahí.
El CADE 2026 todavía no se ha realizado.
No sabemos qué conclusiones producirá.
Sería irresponsable anticiparlas.
Pero sí podemos establecer, antes de que comience, cómo deberíamos evaluarlo.
No solamente por la calidad de las conferencias.
No únicamente por la cantidad de participantes.
Ni exclusivamente por la importancia de sus invitados.
También por los compromisos que sus participantes decidan asumir voluntariamente.
Y por el seguimiento posterior.
Porque cuando termina un encuentro, comienza la vida real.
La vida de las familias.
De los trabajadores.
De los emprendedores.
De las empresas.
De las comunidades.
Y de las instituciones que deben convertir propuestas en resultados.
Quisiera que, después del CADE, la pregunta no fuera solamente quién habló mejor.
Me interesaría saber quién decidió hacer algo.
Quién aceptó responsabilidad.
Quién puso un plazo.
Y quién regresará después a explicar lo ocurrido.
Porque podemos producir discursos extraordinarios.
Pero el país necesita resultados.
Podemos tomarnos fotografías memorables.
Pero no deberían reemplazar los compromisos.
Y podemos formular diagnósticos rigurosos.
Pero debemos aprender a convertirlos en decisiones.
No quiero un Perú donde las grandes reuniones sean inútiles.
Quiero uno donde resulten cada vez más útiles.
Donde las ideas se transformen en acciones.
Donde los compromisos puedan comprobarse.
Y donde quienes asumen responsabilidades reciban reconocimiento cuando cumplen.
Al final, hay tres cosas que debemos distinguir.
La fotografía demuestra que estuvimos presentes.
El discurso demuestra lo que pensamos.
La factura política demuestra qué hicimos y qué resultados dejamos.
Esa es la verdadera cuenta que debemos rendir.
Frase ancla para televisión: «No quiero que el CADE sea recordado solamente por quienes participaron. Quiero que también podamos recordar aquello que sus participantes consiguieron hacer después».
• IPAE Acción Empresarial, CADE Ejecutivos 2026: https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2026/
• Programa del foro actualizado al 11 de noviembre de 2026, según material editorial de la serie.
• Los compromisos, fechas y responsables incluidos en el apartado de propuestas son ejemplos o iniciativas JFT, no acuerdos ya adoptados por CADE.
• El evento comienza el 24 de noviembre de 2026: este expediente es una valoración previa y no atribuye resultados futuros al encuentro.
LA OTRA CARA
¿Y si exigir resultados inmediatos termina destruyendo el valor del diálogo?
La propuesta de evaluar compromisos puede parecer incuestionable.
Sin embargo, contiene un riesgo.
No todos los efectos de un foro son inmediatos ni fácilmente cuantificables.
Un encuentro puede generar confianza entre actores, facilitar información, modificar prioridades o abrir conversaciones que posteriormente se traduzcan en políticas.
Esos efectos pueden ser reales y valiosos aunque no produzcan resultados visibles en treinta días.
Además, muchas reformas dependen de instituciones que no participan directamente del evento.
Una organización empresarial puede impulsar una propuesta, pero no disponer de facultades para aprobar una ley.
Un especialista puede aportar evidencia rigurosa, pero no tener competencia para ejecutar el proyecto que recomienda.
Y una autoridad puede manifestar interés sin haber obtenido todavía las autorizaciones necesarias para asumir formalmente una obligación.
Por ello, exigir que cada idea se convierta en un compromiso inmediato podría desalentar discusiones exploratorias.
También podría favorecer propuestas pequeñas, fáciles de medir, en perjuicio de reformas estructurales que necesitan tiempo.
La solución consiste en diferenciar tres niveles.
El primero es el diálogo y la construcción de conocimiento.
El segundo es la formulación de propuestas institucionalmente viables.
El tercero es la adopción de compromisos y su ejecución.
Cada nivel requiere criterios de evaluación diferentes.
Un foro puede ser exitoso como espacio de deliberación sin sustituir a las instituciones públicas.
Pero si anuncia compromisos específicos, esos compromisos sí merecen seguimiento.
No debemos medir todos los debates como si fueran obras públicas, pero tampoco aceptar que los compromisos concretos desaparezcan detrás del valor abstracto del diálogo.
El país donde todos firman, pero después nadie encuentra el documento
Hay algo que hemos aprendido a hacer extraordinariamente bien.
Firmar compromisos.
No importa demasiado cuál sea el problema.
Siempre encontramos un documento.
Un acta.
Una declaración.
Un pacto.
Una agenda.
O una hoja de ruta.
Las expresiones cambian.
El entusiasmo suele ser parecido.
Los participantes celebran el acuerdo.
Se toman fotografías.
Y comunican que comienza una nueva etapa.
Magnífico.
El problema aparece cuando transcurren algunos meses.
Entonces intentamos comprobar lo ocurrido.
¿Quién asumió la responsabilidad?
¿Dónde se encuentra el cronograma?
¿Qué medidas se ejecutaron?
¿Qué dificultades surgieron?
¿Quién debe informar los resultados?
A veces resulta más complicado de lo que debería.
No porque todos los compromisos hayan sido falsos.
Sino porque muchos acuerdos se formularon sin mecanismos suficientes de seguimiento.
La promesa fue visible.
La administración posterior, menos.
Y esa es una característica de nuestra cultura política que debemos cambiar.
Los gobiernos suelen anunciar medidas.
Las empresas presentan iniciativas.
Los gremios proponen reformas.
Las organizaciones sociales formulan demandas.
Pero el país necesita aprender a conservar la memoria institucional de aquello que se acuerda.
No para castigar automáticamente a quien enfrenta dificultades.
Sino para comprender qué ocurrió.
Porque un compromiso puede incumplirse por razones legítimas.
Un proyecto puede enfrentar obstáculos técnicos.
Una norma puede necesitar un proceso de aprobación.
Y una inversión puede depender de condiciones externas.
Todo eso debe documentarse.
Pero no debería utilizarse como explicación indefinida para evitar responsabilidades.
Propongo una costumbre bastante sencilla.
Que los acuerdos importantes tengan una ficha pública.
Nombre del compromiso.
Responsable.
Objetivo.
Plazo.
Indicador.
Estado de avance.
Y explicación de las dificultades.
No necesitamos complicarlo.
De hecho, cuanto más sencillo sea el mecanismo, más fácil será utilizarlo.
La transparencia también necesita simplicidad.
Un tablero incomprensible puede ser tan inútil como un documento que nadie publica.
Lo importante es permitir que cualquier ciudadano conozca qué se prometió y qué ocurrió después.
Este CADE podría ofrecer una oportunidad para avanzar en esa dirección.
No porque deba resolver todos los problemas nacionales.
Eso sería imposible.
Sino porque puede demostrar que el sector empresarial está dispuesto a vincular sus propuestas con responsabilidades concretas.
El Estado debería hacer lo mismo.
Y los actores sociales también.
No necesitamos una sociedad donde solamente el Gobierno deba rendir cuentas.
Necesitamos que cada organización responda por aquello que legítimamente compromete.
Sin confundir responsabilidades públicas con privadas.
Ni imponer obligaciones que no corresponden.
Pero sin aceptar que la palabra compromiso se convierta en una expresión vacía.
Porque existe una diferencia entre participar y responder.
Participar permite expresar una opinión.
Responder exige hacerse cargo de una decisión.
Y la calidad de nuestras instituciones depende en buena medida de esa diferencia.
Al final, el Perú no necesita más ceremonias para anunciar que comienza el futuro.
Necesita capacidad para construirlo.
Con errores.
Con correcciones.
Con discrepancias.
Y con responsabilidades verificables.
El verdadero legado de un acuerdo no es lo que todos recuerdan haber prometido. Es aquello que pueden demostrar haber cumplido.
AFORISMOS
- «La fotografía demuestra presencia; el resultado demuestra responsabilidad».
- «Un acuerdo sin responsable es apenas una buena intención».
- «Los discursos anuncian el futuro; las decisiones comienzan a construirlo».
- «No necesitamos prometer juntos aquello que después nadie quiere cumplir».
- «La unidad es útil cuando produce compromisos, no solamente coincidencias».
- «Un país que no mide sus resultados termina administrando indefinidamente sus expectativas».
- «La transparencia comienza cuando también explicamos aquello que no salió bien».
- «El consenso no elimina las diferencias; establece responsabilidades compartidas».
- «Una promesa pública debe tener memoria, plazo y responsable».
- «El verdadero legado de un gobierno, una empresa o un acuerdo está en aquello que deja funcionando».
PROPUESTAS
Sistema JFT de Compromisos Verificables
Propongo un mecanismo voluntario de seguimiento para evaluar las propuestas que surjan del CADE 2026.
No requiere crear una nueva autoridad ni atribuir facultades legales al foro.
El instrumento sería una ficha pública por compromiso.
Modelo de ficha de seguimiento JFT
El ejemplo editable de la versión conversacional permitía seleccionar los estados: propuesta no asumida formalmente, compromiso asumido, en ejecución y cumplimiento verificado. El documento preserva aquí esas cuatro categorías y su contenido, sin atribuir compromiso real al CADE.
Acuerdos políticos prioritarios para el cierre de la serie
Los plazos son propuestas editoriales de seguimiento, no compromisos ya asumidos.
Acuerdo principal sugerido
«Compromiso CADE por un Perú de resultados»: publicación de un número limitado de objetivos voluntarios, con responsables identificados, indicadores, fechas y actualizaciones periódicas.
Cada participante respondería únicamente por los compromisos que acepte expresamente y dentro de sus competencias legales.
INFORMACIÓN DEL AUTOR
Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.
El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.
JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.