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CADE2026 A11: Inteligencia artificial para un Estado inteligente

CADE 2026 · A11

La tecnología debe simplificar la vida del ciudadano, no convertirse en una nueva capa de burocracia digital.

La inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar procesos productivos, servicios públicos y capacidades de análisis. Sin embargo, sus beneficios no aparecen automáticamente mediante la adquisición de tecnología.

El Perú dispone ya de un marco normativo relevante. La Ley N.º 31814 fue publicada en julio de 2023; su reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, publicado el 9 de septiembre de 2025. El país cuenta además con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026–2030, aprobada mediante Resolución Ministerial N.º 152-2026-PCM, del 29 de abril de 2026.

No corresponde, por tanto, presentar la inteligencia artificial como una actividad pública carente de toda regulación o planificación.

El desafío consiste en implementar esos instrumentos con resultados verificables, proteger derechos y determinar qué problemas concretos deben resolverse.

La PCM publicó también, el 10 de junio de 2026, un catálogo de aplicaciones de inteligencia artificial en el Estado peruano. Este documento recoge iniciativas de distintas entidades y facilita conocer experiencias, pero no constituye una evaluación general de su impacto o eficacia.

La distinción es fundamental: adoptar sistemas de IA no equivale automáticamente a mejorar los servicios públicos.

Un procedimiento innecesario no se vuelve legítimo por ser automatizado. Una base de datos desactualizada puede producir errores más rápidamente cuando alimenta un sistema automatizado. Y una decisión administrativa incorrecta no deja de vulnerar derechos porque fue sugerida por un algoritmo.

La inteligencia artificial debe utilizarse dentro de procesos jurídicamente válidos, con controles proporcionales al riesgo y mecanismos de supervisión humana cuando corresponda.

En las actividades de bajo riesgo, puede ayudar a clasificar documentos, orientar usuarios, identificar inconsistencias y mejorar la gestión de información.

En decisiones que afectan significativamente derechos, prestaciones o situaciones jurídicas, se requieren garantías más exigentes de calidad, explicabilidad, revisión y responsabilidad.

Desde una perspectiva política de centro, la IA no debe presentarse ni como solución milagrosa ni como amenaza inevitable.

Es una tecnología con capacidades, riesgos y limitaciones que deben evaluarse según su aplicación.

La política correcta consiste en modernizar primero los procesos y utilizar tecnología donde aporte beneficios concretos.

También debemos considerar la brecha digital. Las personas con limitada conectividad o capacidades tecnológicas necesitan alternativas accesibles.

No sería aceptable que la modernización excluya a quienes más necesitan servicios públicos.

Tesis política JFT: La inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta de simplificación, productividad y servicio al ciudadano, bajo reglas de transparencia, protección de datos y responsabilidad institucional.

El funcionario digital que tampoco resuelve

Hay una promesa tecnológica que escuchamos cada vez con mayor frecuencia.

La inteligencia artificial transformará el Estado.

Atenderá consultas.

Revisará documentos.

Detectará inconsistencias.

Organizará expedientes.

Y permitirá tomar decisiones con mayor rapidez.

Es una posibilidad extraordinaria.

Pero tengo una pregunta.

¿Qué ocurrirá si utilizamos la tecnología más avanzada para continuar haciendo lo mismo que hacemos mal?

Porque una institución puede incorporar inteligencia artificial y conservar procedimientos absurdos.

Puede automatizar solicitudes de información que nunca debió exigir.

Puede generar respuestas inmediatas que no resuelven el problema.

Y puede multiplicar plataformas sin conseguir que sus oficinas compartan información.

Entonces habremos conseguido algo bastante peculiar.

Una burocracia mucho más rápida.

Pero todavía burocracia.

Me interesa la inteligencia artificial.

Muchísimo.

Creo que puede ayudar a transformar la gestión pública y ampliar oportunidades productivas.

Pero no quisiera que la convirtamos en una nueva ceremonia institucional.

Un nuevo sistema.

Una nueva inauguración.

Una nueva presentación.

Y fotografías alrededor de una plataforma que promete modernidad.

Lo importante no es cuántas herramientas tecnológicas compra el Estado.

Lo importante es qué problemas consigue resolver.

Pensemos en un ciudadano que necesita realizar un procedimiento.

Antes debía presentar documentos, esperar una evaluación y consultar reiteradamente el estado de su expediente.

Ahora podría disponer de un asistente digital que le explique los requisitos.

Es un avance.

Pero si los requisitos continúan siendo innecesarios, el problema sigue existiendo.

El ciudadano habrá aprendido más rápidamente cómo cumplir una obligación que quizá nunca debió imponerse.

Eso no es suficiente.

La transformación comienza por revisar el procedimiento.

Después viene la tecnología.

No al revés.

La inteligencia artificial puede ayudar a identificar duplicidades.

Revisar información.

Clasificar expedientes.

Orientar sobre servicios.

Y detectar situaciones que requieren atención humana especializada.

Pero debe operar con información confiable.

Porque un sistema que procesa datos incorrectos puede producir respuestas incorrectas con extraordinaria velocidad.

Y una decisión equivocada puede perjudicar seriamente a una persona.

Por eso la supervisión importa.

No necesitamos sistemas que parezcan inteligentes.

Necesitamos sistemas confiables.

La inteligencia artificial tampoco debe convertirse en una excusa para desaparecer detrás de las máquinas.

Si una entidad pública adopta una decisión que afecta derechos, debe existir una responsabilidad institucional.

El ciudadano no puede recibir como respuesta que el sistema decidió.

Los sistemas no sustituyen las obligaciones legales del Estado.

Son herramientas que las instituciones deben gobernar.

Esto resulta particularmente importante en servicios sensibles.

Salud.

Educación.

Seguridad.

Administración tributaria.

Prestaciones sociales.

Justicia.

En estos ámbitos, la información puede ser personal, confidencial o especialmente sensible.

El uso de tecnología exige garantías adecuadas.

No se trata de prohibirla.

Se trata de evitar que la búsqueda de eficiencia se convierta en una nueva fuente de arbitrariedad.

Hay otra cuestión.

La brecha digital.

Una persona que dispone de internet, dispositivos modernos y conocimientos tecnológicos puede beneficiarse considerablemente de estos servicios.

Pero ¿qué sucede con quien vive en una zona con conectividad limitada?

¿Con el adulto mayor que necesita asistencia?

¿Con quien tiene una discapacidad que dificulta utilizar determinadas interfaces?

¿Con quien no comprende el lenguaje administrativo?

La modernización debe incluirlos.

De lo contrario, habremos construido un Estado muy eficiente para quienes ya podían acceder a él.

Y uno cada vez más distante para quienes necesitan mayor apoyo.

Por eso, la inteligencia artificial debe acompañarse de diseño inclusivo.

Lenguaje claro.

Canales alternativos.

Accesibilidad.

Y atención humana cuando resulte necesaria.

La tecnología puede liberar tiempo de los servidores públicos.

Eso debería permitir que se concentren en casos complejos y tareas de mayor valor.

Pero también exige capacitación.

No podemos implementar sistemas nuevos sin preparar a quienes deben utilizarlos.

Ni sustituir conocimiento institucional por herramientas cuya fiabilidad no se ha comprobado.

La modernización necesita gestión del cambio.

Necesita datos.

Necesita reglas.

Y necesita evaluación.

Hay algo más que me preocupa.

La tentación de medir éxito tecnológico por cantidad de usuarios.

Una plataforma puede recibir miles de consultas.

Pero si los ciudadanos terminan acudiendo igualmente a una oficina porque sus problemas no fueron resueltos, el número de consultas no es suficiente.

Debemos medir soluciones efectivas.

Trámites concluidos.

Errores corregidos.

Tiempo ahorrado.

Costos evitados.

Y satisfacción de quienes reciben el servicio.

La administración pública no existe para producir estadísticas de actividad tecnológica.

Existe para servir.

En este CADE 2026 se discutirá inteligencia artificial y productividad empresarial.

También eficiencia del Estado.

Me parece una excelente decisión.

Pero quisiera que la pregunta principal no fuera qué herramientas debemos comprar.

Debería ser qué problemas públicos vale la pena resolver utilizando inteligencia artificial.

Y cuáles deben resolverse primero mediante simplificación, capacitación o reformas administrativas.

Porque no todos los problemas necesitan un algoritmo.

Algunos necesitan eliminar un requisito.

Otros requieren coordinación entre entidades.

Otros necesitan personal competente.

Y algunos necesitan simplemente que una autoridad cumpla la ley.

La inteligencia artificial puede ayudar.

Pero no reemplaza la responsabilidad.

Tampoco sustituye el criterio político de determinar prioridades públicas.

Una máquina puede analizar información.

Pero la decisión sobre qué objetivos debe perseguir el Estado corresponde a instituciones democráticamente legitimadas, dentro del marco legal.

No podemos delegar la política en la tecnología.

Ni permitir que la complejidad tecnológica se utilice para impedir preguntas ciudadanas.

Si una herramienta pública produce errores, debe existir una forma de detectarlos.

Si afecta derechos, debe existir un mecanismo de revisión.

Y si utiliza información personal, debe respetar las garantías aplicables.

Todo eso es parte de una modernización responsable.

Quiero un Perú donde la tecnología facilite la vida del ciudadano.

Donde las entidades no soliciten innecesariamente información repetida.

Donde los servicios puedan atender con mayor rapidez.

Y donde los servidores públicos dispongan de mejores herramientas para realizar su trabajo.

Pero no quiero un Estado que utilice inteligencia artificial para hacer más eficientemente aquello que nunca debió hacer.

La modernización auténtica necesita una pregunta anterior a cualquier sistema.

¿Para qué?

Si conseguimos responderla, la tecnología puede convertirse en una extraordinaria aliada.

Si no lo hacemos, solamente tendremos herramientas nuevas para problemas viejos.

El Perú no necesita una burocracia artificialmente inteligente. Necesita un Estado realmente inteligente al servicio de las personas.

Frase ancla: «No quiero un Estado con máquinas inteligentes que administren procedimientos absurdos. Quiero instituciones inteligentes capaces de eliminar esos procedimientos».

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LA OTRA CARA

¿Y si la inteligencia artificial termina concentrando más poder en un Estado que todavía no sabe administrarlo?

La inteligencia artificial puede mejorar servicios, pero también ampliar la capacidad de vigilancia, clasificación y decisión de las instituciones.

Ese poder necesita límites.

Una entidad que dispone de grandes cantidades de información puede utilizarla legítimamente para prestar servicios.

Pero también puede generar riesgos de tratamiento indebido, decisiones discriminatorias o perfiles automatizados que afecten derechos.

La calidad de los datos es fundamental.

Un sistema entrenado con información incompleta puede reproducir errores y desigualdades.

Y sus resultados pueden parecer objetivos por el solo hecho de provenir de una tecnología sofisticada.

Eso sería peligroso.

Los algoritmos no eliminan automáticamente los sesgos.

Pueden reproducirlos o amplificarlos.

Tampoco debemos considerar que toda automatización produce ahorro.

Los sistemas requieren mantenimiento, supervisión, seguridad, capacitación y evaluación.

Una contratación tecnológica mal diseñada puede generar dependencia de proveedores.

Un proyecto sin objetivos claros puede terminar siendo costoso.

Y una plataforma cuya eficacia no se verifica puede convertirse en otro recurso público desaprovechado.

Por ello, la adopción de IA debe basarse en una evaluación de riesgos, beneficios y capacidades.

También debe respetar derechos de revisión cuando las decisiones automatizadas afecten situaciones jurídicas relevantes.

El centro político debe rechazar tanto la prohibición indiscriminada como el entusiasmo tecnológico sin controles.

La inteligencia artificial puede ampliar la capacidad del Estado. Precisamente por eso debemos ampliar también su responsabilidad.

La inteligencia artificial no debería convertirse en el nuevo negocio de la burocracia

Cada época tiene sus palabras favoritas.

Durante un tiempo hablamos de modernización.

Después, de gobierno electrónico.

Luego, de transformación digital.

Ahora hablamos de inteligencia artificial.

Todas representan posibilidades reales.

Pero también pueden convertirse en etiquetas que acompañan proyectos sin transformar sus resultados.

No afirmo que los proyectos tecnológicos públicos sean negocios irregulares.

Muchos cumplen funciones necesarias.

Pero debemos preguntarnos si cada inversión responde a una necesidad comprobable.

Porque la tecnología puede ser costosa.

Y una institución puede gastar considerablemente en sistemas sin resolver sus problemas de organización.

Una plataforma no reemplaza una estrategia.

Un algoritmo no sustituye una decisión responsable.

Y una contratación no equivale a una mejora del servicio.

La tentación de comprar soluciones antes de comprender los problemas es especialmente peligrosa.

Podemos adquirir un sistema capaz de procesar miles de expedientes.

Pero tal vez la primera reforma consista en eliminar una parte de esos expedientes.

Podemos incorporar asistentes virtuales para explicar procedimientos.

Pero quizá convenga simplificarlos previamente.

Y podemos desarrollar modelos para detectar inconsistencias.

Pero primero necesitamos bases de datos confiables.

La inteligencia artificial debe ser la consecuencia de un proceso de modernización.

No su sustituto.

También necesitamos transparencia en las compras tecnológicas.

Evaluación de proveedores.

Condiciones de seguridad.

Interoperabilidad.

Y mecanismos para evitar dependencias injustificadas.

El Estado no debería quedar obligado a contratar indefinidamente al mismo proveedor porque nadie puede comprender o sustituir un sistema adquirido sin suficiente planificación.

Eso sería una mala gestión del riesgo tecnológico.

Por eso propongo una regla sencilla.

Antes de adquirir una solución de inteligencia artificial, la entidad debe identificar el problema, medir su situación inicial y explicar cómo evaluará los resultados.

Y después debe publicar lo que corresponda sobre su desempeño.

No necesitamos conocer información protegida o sensible.

Pero sí debemos poder comprobar que el servicio mejoró.

Porque el progreso tecnológico no se mide por el precio de la herramienta.

Se mide por el valor público que consigue generar.

La inteligencia artificial será una revolución administrativa solamente cuando consiga hacer innecesarios problemas que hoy consideramos normales.

AFORISMOS

  1. «Un Estado inteligente no se define por sus algoritmos, sino por sus soluciones».
  2. «Digitalizar un trámite inútil no es modernizar; es automatizar un error».
  3. «La inteligencia artificial puede ayudar a decidir mejor, pero no puede reemplazar la responsabilidad pública».
  4. «Una respuesta inmediata sigue siendo mala si no resuelve correctamente el problema».
  5. «La tecnología debe devolver tiempo al ciudadano, no exigirle nuevas habilidades para ejercer sus derechos».
  6. «Los datos incorrectos no se vuelven verdaderos porque los procese una máquina».
  7. «La modernización comienza con una pregunta: ¿para qué existe este procedimiento?».
  8. «La inteligencia artificial sin control puede transformar errores pequeños en injusticias masivas».
  9. «El Estado no necesita comprar futuro; necesita construir capacidades para administrarlo».
  10. «La mejor inteligencia artificial pública será aquella que haga al Estado más humano en su servicio».

PROPUESTAS

Programa JFT: IA para Simplificar y Servir

PropuestaInstrumentoIndicador
Inventario de procesosIdentificar trámites susceptibles de mejoraProcesos revisados y rediseñados
Pilotos controladosAplicaciones de bajo riesgo y evaluación previaTiempo, costo y calidad
Calidad de datosVerificación, actualización e interoperabilidadErrores detectados y corregidos
Supervisión humanaRevisión proporcional según riesgosDecisiones revisables
Protección de datosSeguridad y cumplimiento normativoIncidentes y auditorías
Formación del personalCapacitación y gestión del cambioCompetencias acreditadas
Inclusión digitalCanales accesibles y alternativosCobertura y accesibilidad
Evaluación independienteAnálisis técnico de sistemas de alto impactoResultados publicados

Propuesta política principal: que ninguna entidad pública implemente sistemas de IA que afecten significativamente derechos sin una evaluación documentada de riesgos, legalidad y mecanismos adecuados de revisión.

Compromiso sugerido para CADE: impulsar cinco pilotos voluntarios de mejora de servicios públicos con medición antes y después de su aplicación, difundiendo tanto resultados positivos como limitaciones.

INFORMACIÓN DEL AUTOR​

Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.


El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.


JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.


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