Ir al contenido

CADE2026 A10: La burocracia también empobrece

CADE 2026 · A10

La burocracia es necesaria para organizar procedimientos, preservar información, garantizar derechos y asegurar que las decisiones públicas se adopten conforme a la ley.

El problema no es su existencia. Es la acumulación de exigencias redundantes, procedimientos desproporcionados, decisiones poco previsibles y estructuras administrativas que transfieren al ciudadano costos que deberían ser asumidos o evitados mediante una mejor organización institucional.

La simplificación administrativa no debe entenderse exclusivamente como una estrategia para acelerar trámites. Es una reforma económica, social e institucional.

Cuando una persona necesita obtener una licencia, registrar una actividad o acceder a un servicio público, cada requisito genera un costo que puede ser monetario, temporal o de oportunidad.

Esos costos afectan especialmente a quienes disponen de menos recursos, viven lejos de las oficinas o no pueden contratar especialistas.

La evidencia oficial es importante. En marzo de 2026, Indecopi informó que durante 2025 se eliminaron o inaplicaron 14.056 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, con un ahorro económico estimado de S/ 429,07 millones. Del total, 11.123 estaban relacionadas con licencias de funcionamiento, edificaciones y habilitaciones urbanas.

Estas cifras respaldan la existencia de costos regulatorios evitables, pero deben interpretarse correctamente: el ahorro es una estimación del impacto económico de las actuaciones de Indecopi, no una recaudación recuperada ni una medición completa de toda la burocracia peruana.

La Ley N.º 27444 establece el marco del procedimiento administrativo general. En abril de 2026 se aprobó su nuevo Texto Único Ordenado mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, con una edición oficial actualizada posteriormente al 8 de julio de ese año.

Asimismo, el Decreto Legislativo N.º 1246 estableció medidas de simplificación, incluida la interoperabilidad entre entidades para obtener información que ya administra el Estado, conforme a las reglas aplicables.

Esto demuestra que el Perú no parte de cero. Dispone de normas, principios e instituciones dedicadas a simplificar procedimientos.

El problema político reside en la distancia entre las disposiciones legales y su cumplimiento efectivo.

Publicar una nueva norma no elimina automáticamente prácticas administrativas antiguas. Digitalizar un formulario no convierte un requisito injustificado en uno legítimo. Y reducir un plazo en un TUPA no garantiza que la entidad efectivamente lo cumpla.

Desde una posición política de centro, la solución no consiste en desregular indiscriminadamente, sino en construir una administración pública proporcional al riesgo, interoperable, transparente y comprometida con los resultados.

La simplificación debe proteger simultáneamente la libertad del ciudadano y los intereses públicos legítimos.

Una exigencia sanitaria necesaria debe mantenerse. Una verificación ambiental indispensable también. Pero una duplicidad documental que no aporta protección debería desaparecer.

El Estado necesita recuperar su función de servicio.

Tesis política JFT: La simplificación administrativa no es un favor del gobierno al ciudadano. Es una obligación de buena administración y una condición para que los derechos puedan ejercerse sin obstáculos injustificados.

El ciudadano trabaja. El expediente espera.

Existe un personaje silencioso en nuestra economía.

No produce mercancías.

No presta servicios.

No inventa tecnología.

Y, sin embargo, consume una cantidad considerable de recursos.

Se llama trámite innecesario.

Lo curioso es que rara vez aparece como responsable de los problemas.

Cuando un empresario pierde oportunidades por una demora administrativa, solemos hablar de falta de competitividad.

Cuando un ciudadano debe desplazarse varias veces para presentar documentos, hablamos de dificultades de atención.

Cuando un proyecto permanece detenido por observaciones repetitivas, mencionamos problemas de gestión.

Pero no siempre preguntamos cuánto de todo eso pudo haberse evitado.

El Perú tiene una relación peculiar con los expedientes.

Pareciera que mientras más requisitos exigimos, mayor seguridad creemos estar ofreciendo.

Como si la cantidad de documentos fuera una medida de calidad institucional.

Naturalmente, necesitamos procedimientos.

No propongo que cualquiera pueda abrir una actividad riesgosa sin cumplir condiciones legales.

Tampoco que se eliminen controles ambientales, sanitarios o de seguridad.

Sería irresponsable.

Pero hay algo que debemos distinguir.

Controlar correctamente no significa exigir todo lo imaginable. Significa verificar lo necesario.

Pensemos en una persona que necesita realizar un trámite.

La entidad solicita información.

El ciudadano la presenta.

Luego descubre que otra oficina necesita parte de los mismos datos.

Y posteriormente debe acreditar algo que quizá ya consta en una base pública.

No todos los casos funcionan así.

Pero son precisamente las situaciones que una administración moderna debería evitar.

Porque el tiempo del ciudadano vale.

Una jornada dedicada a resolver un procedimiento puede ser una jornada que deja de utilizarse en el trabajo.

Un desplazamiento innecesario representa dinero.

Una espera prolongada puede significar una oportunidad empresarial perdida.

Y una observación poco clara puede obligar a contratar asesoramiento adicional.

Todo eso tiene consecuencias económicas.

La burocracia puede empobrecer sin que nadie haya sustraído dinero directamente.

Basta con imponer costos innecesarios para ejercer derechos o desarrollar actividades legítimas.

Y el impacto no es igual para todos.

Una empresa grande puede disponer de departamentos administrativos.

Un pequeño negocio quizá depende de su propietario para realizar cada gestión.

Una familia con recursos puede contratar ayuda.

Otra puede verse obligada a dedicar tiempo que necesita para obtener ingresos.

Por eso, la simplificación también es justicia social.

No se trata solamente de mejorar la comodidad de las empresas.

Se trata de reducir obstáculos que afectan de manera desigual.

Pero hay una dimensión adicional.

La discrecionalidad.

Cuando los requisitos son poco claros, el ciudadano depende excesivamente de la interpretación del funcionario.

Cuando los procedimientos resultan complejos, aumenta la necesidad de asesoramiento.

Y cuando las respuestas no tienen plazos efectivos, la incertidumbre puede adquirir un costo considerable.

La transparencia y la simplificación limitan ese poder.

No porque debamos desconfiar de todos los servidores públicos.

Muchos cumplen su trabajo con responsabilidad en condiciones difíciles.

Sino porque el diseño institucional no debería depender exclusivamente de la buena voluntad de las personas.

Las reglas deben ser comprensibles.

Los requisitos, necesarios.

Las decisiones, motivadas.

Y los plazos, exigibles conforme a ley.

Hay quienes creen que la modernización consiste en colocar los trámites en internet.

Es un avance cuando se realiza correctamente.

Pero conviene aclarar algo.

Un trámite innecesario no deja de ser innecesario por convertirse en digital.

Si antes solicitábamos diez documentos sin justificación y ahora exigimos subirlos a una plataforma, hemos cambiado el medio.

No necesariamente hemos mejorado el procedimiento.

La tecnología puede acelerar una mala administración.

Y eso no es suficiente.

Necesitamos comenzar por revisar el proceso.

¿Por qué existe?

¿Qué objetivo protege?

¿Quién necesita la información?

¿Puede obtenerse de otra entidad?

¿Qué riesgo se pretende controlar?

¿Y cuál es la manera menos costosa de hacerlo correctamente?

Recién después tiene sentido decidir qué tecnología utilizar.

Porque la transformación digital no debería consistir en informatizar nuestras malas costumbres.

Debería permitir abandonarlas.

También necesitamos comprender la resistencia institucional al cambio.

Eliminar un procedimiento puede modificar responsabilidades.

Reducir autorizaciones puede alterar rutinas.

Compartir información requiere coordinación y confianza entre entidades.

Y simplificar puede significar renunciar a controles administrativos que durante años fueron considerados necesarios.

Por eso, la reforma no es solamente tecnológica.

Es organizacional y política.

Requiere liderazgo.

Capacitación.

Rediseño de procesos.

Y una cultura donde el éxito institucional se mida por servicios resueltos, no por expedientes acumulados.

No quiero un Estado que presuma de atender millones de procedimientos si una parte de ellos nunca debió existir.

Prefiero uno que consiga que los ciudadanos necesiten realizar menos gestiones.

Que pueda responder más rápido.

Y que utilice sus recursos en controles realmente importantes.

Hay, además, un argumento que rara vez se reconoce suficientemente.

Cada trámite innecesario consume también recursos públicos.

Personal.

Equipamiento.

Infraestructura.

Sistemas.

Tiempo administrativo.

Cuando eliminamos una obligación que no aporta valor, podemos liberar capacidad para actividades que sí la necesitan.

Simplificar no significa necesariamente reducir trabajadores.

Puede significar permitir que los servidores públicos se concentren en tareas más útiles.

Supervisión de riesgos.

Atención de casos complejos.

Evaluación técnica.

Y acompañamiento a ciudadanos que requieren asistencia.

Esa debería ser la modernización.

Un Estado que funciona mejor para todos.

En este CADE se discutirá productividad.

Espero que no olvidemos la productividad del propio Estado.

Porque no podemos pedir permanentemente a las empresas que sean más competitivas mientras toleramos procedimientos públicos deficientes.

Tampoco podemos reclamar formalización a emprendedores si no revisamos los costos administrativos que enfrentan.

Y no podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando ejercer ciertos derechos requiere recursos, tiempo y conocimiento especializado que no todos poseen.

La simplificación administrativa no debería ser una campaña ocasional.

Debe convertirse en una política permanente.

Un sistema donde cada nueva obligación necesite justificación.

Donde los procedimientos sean evaluados periódicamente.

Donde las entidades compartan información legalmente disponible.

Y donde el ciudadano tenga mecanismos efectivos para cuestionar requisitos indebidos.

El Perú no necesita un Estado que controle menos de lo necesario.

Necesita uno que deje de controlar mal.

Que concentre sus esfuerzos donde existe riesgo.

Que respete el tiempo de los ciudadanos.

Y que no convierta el cumplimiento de la ley en una carrera de resistencia.

Porque la burocracia innecesaria produce un perjuicio doble.

Consume recursos.

Y debilita la confianza.

Cuando cumplir resulta excesivamente difícil, las personas comienzan a percibir las instituciones como adversarios.

Y eso perjudica a la sociedad entera.

Quiero un Estado firme en el control de lo importante.

Pero sencillo en todo aquello que puede ser sencillo.

Una administración que no presuma de cuántos requisitos exige.

Sino de cuántos problemas resuelve.

La mejor simplificación no es aquella que convierte un trámite de diez pasos en uno de cinco. Es aquella que se atreve a preguntar si el trámite debía existir.

Frase ancla: «El ciudadano no debería pagar con su tiempo las deficiencias de organización del Estado».

• Indecopi, comunicado del 26 de marzo de 2026 sobre barreras burocráticas eliminadas o inaplicadas durante 2025.

• Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, citado en el artículo.

• Decreto Legislativo N.º 1246, disposiciones de simplificación administrativa e interoperabilidad.

• Análisis sobre diferencias de plazos y TUPA municipales, difundido en octubre de 2026, según el expediente original.

Nota de archivo: se conserva el material editorial redactado para el artículo 2611-12-010. Antes de su publicación final deben verificarse los datos, la vigencia de las normas y la referencia precisa del análisis de octubre de 2026.

LA OTRA CARA

El riesgo de simplificar demasiado: cuando la eficiencia puede debilitar derechos

La crítica a la burocracia resulta razonable, pero no debería llevarnos a considerar toda regulación como un obstáculo.

Existen procedimientos que protegen la salud, la seguridad, el ambiente, los derechos laborales y el patrimonio público.

Una autorización sanitaria puede prevenir daños.

Una inspección técnica puede identificar riesgos.

Y una evaluación ambiental puede contribuir a evitar impactos graves.

Su existencia no constituye necesariamente burocracia innecesaria.

El verdadero problema es diseñar controles proporcionados.

Una eliminación indiscriminada de requisitos podría generar costos sociales considerablemente superiores al ahorro administrativo inicial.

También existe un riesgo en los sistemas de aprobación automática cuando se aplican a actividades que requieren evaluación previa por sus características.

La simplificación debe incorporar análisis de riesgos.

No puede reemplazarlo.

Otra dificultad es la digitalización.

Las personas con limitada conectividad, escasa alfabetización digital o determinadas discapacidades pueden quedar excluidas si los servicios se vuelven exclusivamente digitales sin mecanismos accesibles.

La eficiencia no debe convertirse en discriminación.

Asimismo, la interoperabilidad necesita protección de datos personales, controles de acceso y responsabilidades institucionales claras.

Compartir información puede evitar documentos redundantes, pero no autoriza a utilizarla indiscriminadamente.

La conclusión es que simplificar exige inteligencia institucional.

No solamente reducir números.

Un Estado moderno no es aquel que elimina más controles, sino aquel que conserva los necesarios y consigue aplicarlos correctamente.

La fábrica de permisos: cuando complicar también produce poder

Hay una pregunta que rara vez aparece en las campañas de modernización.

¿A quién le conviene que un trámite continúe siendo complicado?

No estoy insinuando que toda complejidad sea producto de corrupción.

Existen razones técnicas, legales e históricas que explican muchos procedimientos.

Pero también hay algo que debemos reconocer.

La complejidad genera dependencia.

Y la dependencia puede generar poder.

Quien domina un procedimiento difícil dispone de una ventaja frente a quien no lo comprende.

Quien conoce los circuitos administrativos puede actuar con mayor rapidez.

Y quien cuenta con recursos para contratar especialistas puede soportar costos que otros no pueden afrontar.

Esa diferencia no siempre es ilegítima.

La especialización profesional es valiosa.

El problema aparece cuando el Estado exige conocimientos innecesariamente complejos para actividades que deberían ser accesibles.

Porque entonces la capacidad de cumplir depende menos del derecho y más del conocimiento del sistema.

Y esa es una contradicción democrática.

Los procedimientos deberían permitir ejercer derechos.

No convertirlos en privilegios de quienes pueden comprenderlos.

La simplificación tiene, por tanto, una consecuencia política.

Reduce espacios de discrecionalidad.

Elimina oportunidades de arbitrariedad.

Y devuelve al ciudadano una parte de su autonomía.

Pero para conseguirlo debemos ir más allá de la digitalización.

No basta anunciar nuevas plataformas.

Hay que revisar cada obligación.

Eliminar redundancias.

Establecer responsabilidades.

Y medir cuánto tiempo realmente recupera el ciudadano.

Me preocupa que modernicemos continuamente las herramientas y conservemos intactas las costumbres.

Antes, el expediente recorría oficinas.

Ahora puede recorrer sistemas informáticos.

Antes esperábamos una firma física.

Ahora podemos esperar una validación electrónica.

La pregunta sigue siendo la misma.

¿Era realmente necesaria?

Porque un país puede tener tecnología moderna y procedimientos absurdos.

Y un gobierno puede anunciar transformación digital sin transformar verdaderamente su manera de gestionar.

Por eso propongo algo políticamente incómodo.

Que cada institución explique periódicamente qué trámites eliminó por innecesarios.

No solamente cuántos digitalizó.

Y que mida cuánto dinero y tiempo dejó de gastar la ciudadanía.

Ahí veremos quién está dispuesto a reformar de verdad.

La burocracia no se derrota cambiando el sello por un código QR. Se derrota eliminando aquello que nunca debimos exigir.

AFORISMOS

  1. «El tiempo del ciudadano no pertenece al funcionario».
  2. «La burocracia innecesaria puede empobrecer sin tocar directamente el bolsillo: basta con consumir oportunidades».
  3. «Un trámite digital sigue siendo burocracia si nunca debió existir».
  4. «La mejor regulación no es la que exige más, sino la que protege mejor».
  5. «Cuando el Estado exige información que ya posee, convierte su desorden en obligación ciudadana».
  6. «Simplificar no significa eliminar responsabilidades; significa cumplirlas con inteligencia».
  7. «Cada requisito injustificado es una pequeña barrera contra la libertad».
  8. «El funcionario sirve mejor cuando resuelve problemas, no cuando multiplica expedientes».
  9. «La modernización no comienza comprando computadoras, sino revisando procesos».
  10. «Un Estado eficiente no presume de cuántos trámites atiende, sino de cuántos ya no necesita exigir».

PROPUESTAS

Programa Nacional de Simplificación Administrativa con Resultados

PropuestaAcciónResultado verificable
Revisión de procedimientosEvaluar finalidad, necesidad y proporcionalidadRequisitos eliminados justificadamente
InteroperabilidadObtener datos existentes entre entidades conforme a leyDocumentos que deja de presentar el ciudadano
Costos de cumplimientoMedir tiempo y dinero exigidos al usuarioReducción de costos
Control por riesgosConcentrar verificaciones en actividades que lo requieranEficacia del control sin trabas innecesarias
Calidad de atenciónPlazos y explicaciones comprensiblesCumplimiento de plazos y satisfacción
Servicios accesiblesAtención digital y alternativas inclusivasCobertura efectiva
Responsabilidad institucionalSeguimiento de exigencias improcedentesCorrecciones y cumplimiento
Evaluación regulatoriaJustificación de nuevas obligacionesNormas con análisis de impacto

Propuesta legislativa JFT: estudiar un mecanismo de revisión periódica de obligaciones administrativas de alto costo, integrado al régimen vigente, para exigir justificación de su continuidad.

Compromiso para CADE 2026: que un grupo de entidades y gremios identifique veinte procedimientos prioritarios y publique, dentro de los siguientes doce meses, cuáles fueron simplificados y cuánto tiempo efectivo recuperaron sus usuarios.

INFORMACIÓN DEL AUTOR​

Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.


El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.


JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.


en CADE