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CADE2026 A08: La inversión no necesita privilegios

CADE 2026 · A08

Sin embargo, defender la inversión no significa aceptar que cualquier beneficio solicitado por un inversionista deba ser concedido por el Estado.

Existe una diferencia fundamental entre la seguridad jurídica y el privilegio económico.

La seguridad jurídica exige normas claras, aplicación previsible, protección de derechos, cumplimiento de contratos, decisiones motivadas y mecanismos imparciales de solución de controversias.

El privilegio aparece cuando una persona o empresa obtiene ventajas selectivas que no responden a criterios objetivos, generales, transparentes y legítimos de política pública, sino a su capacidad de influencia o a un tratamiento arbitrariamente favorable.

La distinción es especialmente importante en el Perú, donde conviven oportunidades extraordinarias de inversión con dificultades de gestión pública, informalidad, costos regulatorios, corrupción y limitaciones de competencia.

Durante el primer trimestre de 2026, la inversión privada creció 13,2 % interanual, según información del Ministerio de Economía y Finanzas publicada el 23 de mayo. Durante el segundo trimestre registró un aumento interanual de 17,6 %, de acuerdo con información del MEF difundida en agosto. Son variaciones trimestrales frente a los mismos períodos del año anterior, no tasas de crecimiento de todo 2026.

Estas cifras demuestran dinamismo. Pero no resuelven otra pregunta esencial: ¿qué condiciones institucionales permiten que la inversión genere beneficios sostenibles y compita sin depender de decisiones discrecionales?

El Estudio Económico del Perú 2025 de la OCDE identifica la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, simplificar regulaciones, reducir la corrupción, mejorar la gestión de inversiones públicas y ampliar el acceso al financiamiento. Estas recomendaciones permiten comprender que la competitividad no depende únicamente de la cantidad de capital disponible.

Debemos evitar confundir estabilidad jurídica con inmovilidad normativa.

Un Estado democrático puede modificar sus políticas tributarias, regulatorias, laborales o ambientales mediante procedimientos constitucionales, respetando derechos, compromisos legalmente asumidos y principios de proporcionalidad.

La seguridad jurídica no significa que las normas permanezcan congeladas indefinidamente. Significa que las decisiones sean legítimas, previsibles, no arbitrarias y sujetas a control.

Del mismo modo, exigir que un inversionista cumpla normas ambientales, laborales o tributarias no constituye automáticamente hostilidad hacia la empresa.

Las exigencias pueden ser perfectamente legítimas cuando protegen intereses públicos y se aplican de manera proporcional.

Pero también pueden existir trámites redundantes, restricciones carentes de sustento o decisiones administrativas que encarecen injustificadamente los proyectos.

La obligación estatal es distinguir unas de otras.

El Indecopi informó el 26 de marzo de 2026 que durante 2025 se eliminaron o inaplicaron 14.056 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, con un ahorro económico estimado de S/ 429,07 millones para ciudadanos y agentes económicos.

De esas barreras, 11.123 estaban relacionadas con licencias de funcionamiento, edificación y habilitación urbana.

Estos datos muestran que simplificar procedimientos es una política económica concreta y medible.

Sin embargo, eliminar barreras ilegales no significa eliminar indiscriminadamente controles legítimos. La regulación sanitaria, ambiental, laboral y de seguridad debe preservarse cuando resulte necesaria y proporcionada.

Una empresa competitiva genera valor ofreciendo mejores productos, servicios, precios o soluciones.

Una empresa privilegiada puede obtener ventajas no necesariamente porque sea más productiva, sino porque dispone de restricciones que afectan a sus competidores.

Los privilegios pueden aparecer mediante exclusividades injustificadas, barreras artificiales de entrada, regulaciones diseñadas para favorecer a participantes específicos, acceso discriminatorio a información pública o procedimientos administrativos aplicados selectivamente.

No toda exclusividad es ilegítima. Determinadas concesiones, derechos de propiedad intelectual o mecanismos contractuales pueden tener una justificación legal y económica.

El problema surge cuando la ventaja carece de fundamento público suficiente, impide una competencia legítima o responde a influencia indebida.

La política debe evitar tanto la concentración artificial del mercado como la intervención estatal arbitraria.

La relación entre inversión y privilegios requiere una distinción institucional adicional: la contratación pública no equivale a la inversión privada ordinaria.

Cuando el Estado compra bienes, contrata servicios o desarrolla obras públicas, debe aplicar las reglas correspondientes y garantizar integridad, competencia y valor público.

Desde el 22 de abril de 2025, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes —OECE— sustituyó al antiguo OSCE, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La norma y su reglamento han tenido modificaciones posteriores que deben verificarse según la fecha de cada operación.

Las asociaciones público-privadas y otros mecanismos de participación privada en infraestructura tienen sus propios marcos regulatorios y contractuales. No deben confundirse automáticamente con las compras públicas ordinarias.

En todos los casos, la transparencia, la distribución adecuada de riesgos, la selección conforme al marco legal y la evaluación de resultados resultan esenciales.

Existe una interpretación equivocada según la cual promover la inversión significa reducir al mínimo la capacidad institucional del Estado.

En realidad, las empresas también necesitan justicia, seguridad, infraestructura, servicios públicos y autoridades técnicas capaces de aplicar las normas.

Un Estado arbitrario perjudica la inversión.

Pero uno incapaz de hacer cumplir contratos, proteger la competencia o resolver conflictos también la perjudica.

Por eso, la verdadera reforma no consiste en eliminar al Estado de la economía, sino en mejorar la calidad de sus intervenciones.

Debe intervenir donde existe justificación pública, abstenerse de imponer obligaciones innecesarias y evitar que las decisiones regulatorias sean capturadas por intereses particulares.

Desde una perspectiva política de centro, debemos defender simultáneamente la libertad de empresa, la propiedad privada, la competencia, la responsabilidad social, el Estado de derecho y las obligaciones legítimas de protección pública.

Pero tampoco debemos aceptar que la rentabilidad empresarial convierta cualquier demanda privada en un mandato de política pública.

Las empresas tienen derecho a solicitar reglas claras, procedimientos eficientes y garantías legales.

El Estado tiene la obligación de evaluar esas demandas según el interés público, sin favoritismos.

CADE Ejecutivos 2026 ofrece una oportunidad para discutir esta relación. Su segunda jornada incluye un conversatorio con inversionistas internacionales, dentro del eje «Crecer en el mundo global», y la tercera contempla productividad de la inversión y articulación público-privada.

La pregunta que debemos llevar al foro es si estamos construyendo un país atractivo para todas las inversiones legítimas o uno donde las oportunidades dependen excesivamente de la capacidad para navegar influencias, excepciones y procedimientos complejos.

Tesis política JFT: El Perú debe garantizar seguridad jurídica para invertir, competencia para innovar y controles proporcionales para proteger el interés público. La verdadera política proinversión no concede privilegios: elimina arbitrariedades.

El país de las puertas abiertas y las entradas reservadas

En el Perú todos estamos de acuerdo en algo.

Necesitamos inversión.

Lo dicen los empresarios.

Lo repiten los economistas.

Lo reconocen las autoridades.

Y hasta quienes cuestionan el modelo económico suelen aceptar que sin actividad productiva resulta difícil generar empleos, recaudar impuestos o sostener servicios públicos.

Hasta ahí, una coincidencia saludable.

El problema comienza cuando preguntamos qué significa exactamente promover la inversión.

Para algunos, significa garantizar estabilidad y reglas claras.

Para otros, simplificar procedimientos.

También hay quienes consideran necesario otorgar incentivos específicos.

Y, ocasionalmente, aparece una idea bastante menos defendible.

Que para atraer inversiones debemos facilitar condiciones especiales a determinadas empresas porque son demasiado importantes para someterlas a los procedimientos ordinarios.

Ahí comienza nuestra confusión.

Porque una cosa es construir condiciones generales para que cualquier empresario pueda invertir dentro de la ley.

Y otra muy distinta es construir condiciones particulares para que algunos puedan hacer aquello que otros no tienen permitido.

La diferencia parece sencilla.

Pero tiene consecuencias enormes.

Pensemos en dos empresarios.

Ambos desean desarrollar una actividad económica.

Ambos necesitan autorizaciones.

Ambos están dispuestos a invertir.

Uno dispone de especialistas, asesores y contactos suficientes para comprender el funcionamiento de las instituciones.

El otro, posiblemente más pequeño, debe enfrentar los mismos procedimientos con recursos mucho más limitados.

Naturalmente, no podemos exigir que ambas empresas tengan idéntica organización o capacidad económica.

Eso sería absurdo.

Pero sí podemos exigir que el Estado aplique criterios objetivos y proporcionales.

Que una autorización dependa del cumplimiento de requisitos.

No de una relación personal.

Que la respuesta administrativa sea previsible.

No una negociación interminable.

Y que la ley sea una garantía para todos.

No una dificultad para unos y una formalidad negociable para otros.

Ahí comienza una economía verdaderamente competitiva.

Porque el mercado no es solamente un lugar donde las empresas venden.

Es un sistema donde diferentes participantes deberían poder competir bajo reglas legítimas.

Y esas reglas pierden sentido cuando el poder económico se convierte en una vía para obtener ventajas regulatorias injustificadas.

No estoy proponiendo castigar a las grandes empresas.

Sería una equivocación monumental.

El Perú necesita grandes inversiones.

Necesita minería formal y responsable.

Infraestructura.

Industria.

Energía.

Agroexportación.

Tecnología.

Logística.

Y capital capaz de asumir riesgos de largo plazo.

Pero también necesita pequeñas empresas que puedan convertirse en medianas y medianas que tengan oportunidades de crecer.

Una economía moderna no se construye enfrentando tamaños empresariales.

Se construye impidiendo que el tamaño sea utilizado para sustituir el mérito competitivo.

Por eso debemos distinguir entre éxito y privilegio.

Una empresa que consigue dominar un mercado porque ofrece mejores productos, innova o desarrolla mayor productividad no se encuentra automáticamente en una situación ilegítima.

Pero si conserva su posición gracias a barreras artificiales que impiden competir a otros, existe un problema que las instituciones deben examinar.

Del mismo modo, una empresa que obtiene un contrato público mediante procedimientos legales y transparentes puede estar realizando una actividad legítima.

Pero cuando los requisitos se diseñan deliberadamente para favorecer a un participante, la competencia queda distorsionada.

No toda concentración es ilegal.

No todo incentivo es corrupción.

No toda concesión es un privilegio.

Y no toda relación entre autoridad y empresario es sospechosa.

Lo esencial es preguntarnos si existe una justificación pública suficiente, reglas aplicadas justamente y mecanismos adecuados de control.

Esa debería ser nuestra exigencia.

Porque la corrupción no es la única manera de perjudicar la competencia.

También puede hacerlo una regulación mal diseñada.

Una licencia innecesaria.

Una exigencia desproporcionada.

Una condición administrativa que solamente puede cumplir quien ya domina el mercado.

O un procedimiento que resulta tan complejo que desalienta a nuevos participantes.

Por eso la simplificación administrativa es una herramienta de libertad económica.

Y también de justicia.

Cuando eliminamos un trámite innecesario, no estamos concediendo un favor al empresario.

Estamos devolviéndole tiempo.

Reduciendo costos.

Disminuyendo espacios de arbitrariedad.

Y facilitando que nuevos competidores ingresen legítimamente a la actividad económica.

El problema es que durante demasiado tiempo hemos convertido la complejidad en una característica casi natural del Estado.

Para invertir hay que conocer procedimientos.

Para obtener autorizaciones hay que aprender circuitos institucionales.

Para resolver observaciones hay que disponer de tiempo y, en ocasiones, asesoramiento especializado.

Algunas exigencias son necesarias.

Otras necesitan simplificarse.

Y otras quizá nunca debieron existir.

Pero hay algo que rara vez examinamos.

¿Quién se beneficia cuando resulta más fácil obtener una excepción que cumplir una regla general?

La pregunta no implica acusar a una persona determinada.

Es una reflexión sobre incentivos institucionales.

Porque un Estado complejo puede terminar premiando a quien tiene mayor capacidad para gestionar la complejidad.

Mientras que un Estado sencillo, previsible y transparente permite que más personas compitan por sus capacidades productivas.

Eso no significa eliminar controles ambientales o laborales.

Significa diseñarlos correctamente.

Un proyecto que puede causar impactos ambientales necesita evaluaciones pertinentes.

Una instalación industrial debe cumplir condiciones de seguridad.

Y cualquier empresa debe respetar las obligaciones legales que le correspondan.

Debería sentirse protegida por su aplicación igualitaria.

Ahora bien, también debemos reconocer que el Perú tiene problemas reales para ejecutar inversiones.

La incertidumbre política puede alterar expectativas.

La debilidad de las instituciones complica decisiones.

Los conflictos mal administrados generan costos.

La inseguridad afecta proyectos y negocios.

Y la lentitud de ciertos procedimientos puede hacer perder oportunidades.

Todo eso debe corregirse.

Pero sería un error creer que la solución consiste en conceder facultades ilimitadas a las autoridades para aprobar proyectos.

La discrecionalidad excesiva puede producir precisamente aquello que queremos evitar.

Nuevas incertidumbres.

Decisiones poco transparentes.

Conflictos posteriores.

Y sospechas que perjudican la legitimidad de la inversión.

La verdadera velocidad administrativa no nace de eliminar la responsabilidad.

Nace de establecer procedimientos bien diseñados.

Requisitos claros.

Evaluaciones técnicas oportunas.

Plazos razonables.

Y decisiones motivadas.

Un Estado competente no necesita inventar excepciones permanentemente.

Necesita cumplir sus propias reglas.

Hay otro asunto que considero fundamental.

La seguridad jurídica no puede convertirse en un argumento para impedir toda reforma.

Las sociedades cambian.

Aparecen nuevas tecnologías.

Se identifican riesgos ambientales.

Cambian las necesidades sociales.

Y las instituciones deben poder adaptar sus normas mediante procedimientos legítimos.

La estabilidad no significa inmovilidad.

Significa que las reglas no deben modificarse arbitrariamente ni desconocer compromisos jurídicamente protegidos.

Una empresa necesita previsibilidad.

Pero la sociedad también necesita capacidad para corregir errores regulatorios.

Ambas cosas pueden coexistir.

Y deben coexistir.

Porque el mercado no es un espacio separado de la democracia.

Funciona dentro de instituciones políticas y jurídicas.

No puede sustituirlas.

Pero tampoco debería quedar sometido a decisiones económicas caprichosas de cada gobierno.

Ahí está el equilibrio.

Durante el CADE 2026 escucharemos intervenciones sobre inversión, competitividad y crecimiento desde las regiones.

Espero propuestas ambiciosas.

El país las necesita.

Pero quisiera escuchar algo más.

Una reflexión sobre las condiciones que hacen legítima y sostenible la inversión.

No basta atraer capital.

Debemos conseguir que compita, produzca, innove y contribuya al desarrollo dentro de reglas justas.

Porque una economía donde invertir depende de conseguir contactos especiales nunca será suficientemente abierta.

Y una economía donde la autoridad cambia las condiciones arbitrariamente tampoco será confiable.

Necesitamos superar ambas situaciones.

Un Estado que respete contratos.

Que proteja derechos.

Que actúe con transparencia.

Que elimine barreras innecesarias.

Que controle cuando corresponda.

Y que jamás confunda promover inversiones con favorecer intereses particulares.

No quiero un Perú donde los empresarios deban acercarse al poder para conseguir que las reglas funcionen.

Quiero uno donde las reglas funcionen incluso cuando el empresario no conoce a nadie en el poder.

Esa debería ser nuestra verdadera reforma proinversión.

Porque defender el mercado no consiste en defender automáticamente a quienes hoy tienen mayor presencia en él.

Consiste también en garantizar que mañana puedan ingresar nuevos competidores.

Y defender al empresario no significa aceptar cualquier ventaja que solicite.

Significa proteger su derecho a competir libremente, obtener beneficios legítimos y desarrollar su actividad sin arbitrariedades.

El Perú necesita inversión.

Mucha.

Pero necesita todavía más una institucionalidad que permita atraerla sin renunciar a la igualdad ante la ley.

LA OTRA CARA

¿Y si el discurso contra los privilegios termina debilitando inversiones que el país necesita?

La defensa de la competencia y la igualdad ante la ley resulta indispensable.

Sin embargo, el planteamiento de que la inversión no necesita privilegios puede llevarnos a un error si no distinguimos adecuadamente entre ventajas arbitrarias e instrumentos legítimos de política económica.

No todo tratamiento diferenciado es un privilegio ilegítimo.

Existen actividades con riesgos, horizontes de recuperación y características muy distintas.

La construcción de infraestructura de transporte, por ejemplo, puede requerir compromisos contractuales de largo plazo.

Determinados proyectos tecnológicos pueden necesitar incentivos temporales para investigación e innovación.

Y algunas inversiones en territorios con graves limitaciones de infraestructura pueden requerir mecanismos públicos que permitan superar fallas de coordinación o financiamiento.

Estos instrumentos no son necesariamente contrarios al mercado.

El problema es determinar cuándo se justifican.

Una política de inversión completamente uniforme puede parecer justa en el papel y resultar poco eficaz en la práctica.

No todos los sectores enfrentan los mismos riesgos.

No todos los territorios disponen de infraestructura equivalente.

Y no todos los proyectos generan las mismas externalidades sociales.

Una asociación público-privada, por ejemplo, puede distribuir riesgos entre el Estado y una empresa de manera razonable, siempre que esos riesgos se valoren y asignen correctamente.

Una garantía contractual puede ser necesaria para financiar proyectos complejos.

Y una concesión exclusiva puede formar parte de un diseño legal legítimo para prestar determinados servicios de infraestructura.

Sería equivocado considerar automáticamente tales mecanismos como privilegios.

La diferencia debe establecerse mediante criterios técnicos.

¿Existe un objetivo público identificable?

¿Se evaluaron alternativas?

¿La ventaja es proporcional y está limitada?

¿Se conoce su costo fiscal o regulatorio?

¿Se adjudicó mediante un procedimiento legítimo?

¿Existen mecanismos de evaluación y control?

Si las respuestas son satisfactorias, un tratamiento diferenciado podría ser defendible.

Pero también es necesario reconocer que la inversión depende de expectativas.

Los empresarios toman decisiones hoy sobre resultados que esperan obtener dentro de varios años.

Un cambio arbitrario de las condiciones legales puede elevar costos y paralizar proyectos.

Por tanto, la estabilidad contractual y la protección de derechos no son concesiones especiales.

Son obligaciones propias de un Estado confiable.

Existe además una dificultad política.

El discurso contra los privilegios puede convertirse en una excusa para cuestionar selectivamente a determinadas empresas por su tamaño, nacionalidad o actividad.

Ese enfoque sería discriminatorio.

La empresa grande no debe presumirse abusiva.

La pequeña no debe presumirse virtuosa.

Y la empresa pública tampoco debe quedar automáticamente exenta del examen de eficiencia o competencia cuando corresponda.

Lo importante es la conducta, no la identidad del actor.

También debemos considerar que ciertas regulaciones aparentemente neutrales pueden afectar de manera desigual.

Una obligación administrativa que cuesta lo mismo para todas las empresas puede representar una carga reducida para una gran corporación y una dificultad considerable para un pequeño negocio.

La igualdad formal no siempre equivale a proporcionalidad.

Por ello, una buena política regulatoria debe considerar riesgos, tamaños y capacidades cuando exista justificación objetiva.

En definitiva, defender una economía sin privilegios no significa imponer reglas ciegas frente a diferencias legítimas.

Significa garantizar que las diferencias de tratamiento respondan a razones públicas suficientes y no a favoritismos.

La igualdad ante la ley no exige desconocer las diferencias económicas. Exige que cualquier trato diferenciado pueda justificarse frente a toda la sociedad.

Capitalismo de contactos: cuando conocer al funcionario vale más que conocer el negocio

Hay una pregunta que debería incomodar tanto al sector público como al empresarial.

¿Por qué algunas actividades económicas parecen requerir una habilidad adicional que no figura en ninguna escuela de negocios?

La habilidad para gestionar relaciones con el poder.

No me refiero a participar legítimamente en reuniones institucionales.

Ni a presentar propuestas técnicas.

Ni a ejercer el derecho de petición ante las autoridades.

Todas estas actividades pueden ser completamente legítimas.

Me refiero a algo diferente.

A la posibilidad de que conseguir una respuesta administrativa dependa excesivamente de saber con quién hablar.

De conocer el circuito.

De encontrar al interlocutor adecuado.

De comprender cuándo una decisión técnica se transforma en una negociación informal.

Y de disponer de recursos suficientes para sobrevivir a procedimientos interminables.

Cuando eso sucede, la inversión deja de depender exclusivamente de su viabilidad económica.

Comienza a depender también de la capacidad para navegar el poder.

Y ahí aparece una distorsión peligrosa.

Porque el empresario que dispone de contactos puede obtener ventajas prácticas que otro no consigue, aun cuando ambos tengan derechos equivalentes.

No necesariamente porque exista corrupción.

A veces basta con que el sistema sea excesivamente complejo.

Con que las autoridades dispongan de amplios márgenes de interpretación.

Con que los procedimientos sean poco claros.

O con que las instituciones no respondan oportunamente.

La arbitrariedad puede crear desigualdad incluso sin que exista un intercambio ilícito acreditado.

Por eso, cuando hablamos de combatir privilegios, debemos comenzar por revisar las reglas.

No solamente las personas.

Un sistema que exige demasiadas autorizaciones puede aumentar el poder de quienes las conceden.

Una norma ambigua puede producir interpretaciones contradictorias.

Y un procedimiento sin plazos efectivos puede convertir la espera en un costo económico formidable.

El problema es institucional.

Pero también político.

Porque las relaciones entre empresas y Estado deben estar sometidas a transparencia y controles.

El empresario tiene derecho a solicitar soluciones.

La autoridad tiene obligación de escucharlo cuando corresponda.

Pero la decisión pública debe fundamentarse en criterios objetivos.

Y esos criterios deberían ser comprensibles para cualquiera que se encuentre en circunstancias equivalentes.

No necesitamos prohibir el diálogo entre sector público y privado.

Sería absurdo.

Necesitamos impedir que el diálogo se convierta en una vía para sustituir las reglas generales.

Porque una reunión legítima puede facilitar información y coordinación.

Pero no debería convertirse en una puerta lateral para conseguir ventajas injustificadas.

En el Perú, algunas personas confunden ser favorable a la inversión con ser favorable a todo lo que pida el inversionista.

Es una confusión peligrosa.

Defender la libertad de empresa significa proteger un derecho.

No defender automáticamente cada interés empresarial.

El Estado debe proteger la propiedad y los contratos.

Pero también la competencia.

Debe facilitar inversiones productivas.

Pero garantizar el cumplimiento de obligaciones legítimas.

Debe simplificar procedimientos.

Pero no eliminar controles indispensables.

Y debe promover acuerdos público-privados.

Pero impidiendo que los riesgos se transfieran injustificadamente a los ciudadanos mientras los beneficios quedan reservados a unos pocos.

Existe además otro riesgo.

El de construir mecanismos que aseguren rentabilidades privadas sin una distribución adecuada de riesgos.

En determinados proyectos, el Estado puede asumir obligaciones financieras legítimas.

La cuestión no es prohibirlas.

La cuestión es evaluar si resultan proporcionales, necesarias y transparentes.

Una inversión pública o público-privada debe justificarse por los beneficios que espera producir.

No solamente por el volumen de capital anunciado.

Porque un proyecto grande no es automáticamente un buen proyecto.

Una concesión de largo plazo no es necesariamente una solución eficiente.

Y una obra adjudicada no equivale a un servicio funcionando.

Todo debe evaluarse.

Ahora bien, tampoco podemos alimentar el prejuicio contrario.

La idea de que cualquier empresa rentable se beneficia de alguna relación indebida con el poder.

Esa generalización perjudica la confianza y desconoce a miles de empresarios que invierten, arriesgan y trabajan dentro de la legalidad.

El éxito empresarial merece reconocimiento cuando se obtiene legítimamente.

Precisamente por eso necesitamos instituciones que lo distingan del privilegio.

No podemos defender una economía competitiva si toleramos reglas selectivas.

Y tampoco podemos defender una economía competitiva si tratamos sistemáticamente al empresario como sospechoso.

El equilibrio está en las instituciones.

Una empresa debe poder competir sin pedir favores.

Una autoridad debe poder decidir sin recibir presiones indebidas.

Y un ciudadano debe poder comprobar que las decisiones públicas responden a razones legítimas.

Ese es el verdadero propósito de la transparencia.

No convertir toda relación económica en una sospecha.

Sino hacer posible que las decisiones puedan explicarse.

Quisiera que el CADE 2026 planteara un desafío de esta naturaleza.

No solamente pedir al Estado que elimine trabas.

Pedir también que las reglas aplicables sean iguales para quienes se encuentren en condiciones comparables.

Que la competencia se proteja.

Que la selección de proyectos sea transparente.

Que los incentivos se evalúen.

Y que los compromisos empresariales sean verificables.

Porque la inversión no necesita estar cerca del poder.

Necesita estar protegida por instituciones confiables.

Y las instituciones confiables son aquellas que no exigen conocer a alguien para hacer cumplir un derecho.

El mejor clima de inversión no es aquel donde el empresario consigue hablar directamente con quien manda, sino aquel donde no necesita hacerlo para que la ley funcione.

AFORISMOS

  1. «La inversión necesita reglas claras, no puertas especiales».
  2. «El mejor clima de negocios es aquel donde no necesitas conocer al ministro para que la ley funcione».
  3. «Un mercado protegido por privilegios deja de premiar al más competitivo y comienza a premiar al más influyente».
  4. «La seguridad jurídica protege derechos; el privilegio protege conveniencias».
  5. «No confundamos promover la inversión con conceder aquello que no estaríamos dispuestos a ofrecer a otros en iguales condiciones».
  6. «La burocracia innecesaria no solamente retrasa inversiones: también convierte el acceso al Estado en una ventaja competitiva».
  7. «El empresario necesita libertad para competir, no protección para evitar que otros compitan».
  8. «Una regulación justa establece límites legítimos; una regulación capturada construye ventajas para intereses particulares».
  9. «La verdadera confianza empresarial nace cuando las reglas funcionan incluso después de que cambian los gobernantes».
  10. «El Perú necesita empresarios que crezcan por producir mejor, no por estar más cerca del poder».

PROPUESTAS

Pacto Nacional por la Inversión Competitiva y sin Privilegios

Propongo un acuerdo institucional sustentado en seguridad jurídica, neutralidad competitiva, simplificación administrativa, transparencia y responsabilidad pública.

Su finalidad no sería controlar políticamente las decisiones empresariales, sino asegurar que los proyectos puedan desarrollarse bajo condiciones confiables, sin ventajas arbitrarias.

1. Garantía de reglas claras y decisiones motivadas

Reforzar la obligación de que autorizaciones, denegatorias y modificaciones administrativas respondan a fundamentos legales y técnicos públicos, con protección de información reservada cuando corresponda.

Responsables: entidades reguladoras y administrativas competentes.

Indicador: tiempos de resolución, decisiones revocadas por ilegalidad y cumplimiento de plazos.

2. Revisión de procedimientos de inversión

Identificar requisitos duplicados, plazos injustificados y autorizaciones que puedan ser integradas sin debilitar protecciones legales.

Responsables: PCM, ministerios, gobiernos subnacionales e Indecopi dentro de sus competencias.

Indicador: costo total y plazo de aprobación por tipo de procedimiento, medidos antes y después.

3. Transparencia de reuniones sobre decisiones regulatorias

Fortalecer la publicidad de reuniones institucionales y aportes recibidos en procesos regulatorios de alto impacto, respetando los supuestos legales de reserva.

No se trata de prohibir reuniones empresariales legítimas, sino de evitar que una decisión pública dependa de información o acceso discriminatorio.

Indicador: trazabilidad de propuestas y fundamentos de decisiones definitivas.

4. Evaluación periódica de beneficios e incentivos

Revisar las ventajas tributarias, regulatorias o financieras aplicables a sectores y proyectos, identificando objetivo, costo fiscal, beneficiarios, duración y resultados cuando la información sea legalmente publicable.

Responsables: MEF, Congreso y sectores competentes según el instrumento.

Indicador: evaluación de eficacia, costo-beneficio y vencimiento de incentivos temporales.

5. Protección de la competencia y neutralidad regulatoria

Fortalecer la evaluación de barreras de entrada, conductas anticompetitivas y restricciones injustificadas, respetando el ámbito de competencia de Indecopi y otros organismos reguladores.

Indicador: barreras corregidas, cumplimiento de resoluciones y condiciones de ingreso de nuevos participantes.

6. Contrataciones públicas competitivas y verificables

Fortalecer la implementación de la Ley N.º 32069 y las capacidades del OECE y de las entidades contratantes, evitando bases dirigidas, evaluaciones arbitrarias y modificaciones contractuales insuficientemente justificadas.

Indicador: concurrencia efectiva, resultados de supervisión, entrega de prestaciones y valor público obtenido.

7. Inversiones regionales con oportunidades para proveedores

Promover acceso transparente de MYPE a información, capacitación y cadenas productivas vinculadas a grandes proyectos, sin imponer contrataciones ineficientes o preferencias incompatibles con la ley.

Indicador: participación sostenible de proveedores regionales, productividad y empleo generado.

8. Tablero de inversiones con resultados públicos

Integrar información disponible sobre proyectos, compromisos, fechas, problemas administrativos y servicios esperados, diferenciando inversión anunciada, adjudicada, ejecutada y operativa.

Indicador: proyectos en funcionamiento y cumplimiento de los resultados esperados, no solamente montos anunciados.

Propuesta legislativa JFT

Ley de Transparencia y Evaluación de Ventajas Económicas Selectivas.

Como iniciativa para estudiar su viabilidad jurídica, propongo establecer que los nuevos beneficios selectivos de alcance económico incorporen una justificación pública documentada, evaluación de impacto, duración definida cuando proceda y mecanismos de revisión.

No se pretende desconocer contratos legalmente protegidos ni duplicar las evaluaciones que ya exigen las normas vigentes.

La propuesta requeriría un estudio previo para definir exactamente qué instrumentos comprende, qué entidades fiscalizarían y cómo se evitarían obligaciones burocráticas adicionales.

Cinco compromisos que plantearía a CADE 2026

Que los gremios empresariales respalden públicamente la eliminación de barreras ilegales, incluso cuando su eliminación beneficie a nuevos competidores.

Que las autoridades promuevan autorizaciones previsibles, con criterios objetivos y plazos verificables.

Que las empresas apoyen procedimientos transparentes de inversión y contratación.

Que los incentivos públicos relevantes se evalúen por sus resultados y costos.

Que el Legado CADE 2026 registre compromisos concretos, responsables y plazos de evaluación.

La propuesta no pretende que IPAE ejerza facultades regulatorias. Busca que su capacidad de convocatoria impulse compromisos voluntarios verificables.

INFORMACIÓN DEL AUTOR​

Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.


El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.


JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.


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