CADE 2026 · A07
La expansión de la extorsión en el Perú no constituye solamente un problema de seguridad ciudadana. Representa una amenaza al funcionamiento de la economía, a la vigencia de las instituciones y a la capacidad del Estado para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.
Cuando una organización criminal exige pagos periódicos a comerciantes, transportistas, empresarios o trabajadores bajo amenaza de violencia, establece por la fuerza una obligación ilegítima. Si esa exigencia se sostiene en el tiempo, puede llegar a funcionar como un sistema privado de cobro respaldado por la intimidación.
La expresión «impuesto criminal» es una metáfora política que permite comprender este fenómeno. No significa que la extorsión sea un tributo jurídicamente válido, sino que puede imponer pagos recurrentes a personas que necesitan continuar desarrollando sus actividades económicas.
Su consecuencia más profunda no es únicamente patrimonial. El delito puede condicionar horarios, rutas, precios, inversiones, contrataciones e incluso la decisión de mantener abierto un negocio.
La extorsión reduce la libertad económica mediante la amenaza.
De esa manera, organizaciones delictivas pueden ejercer una forma de control sobre determinadas actividades y territorios, particularmente donde las instituciones de seguridad y justicia carecen de suficiente capacidad o confianza ciudadana.
Debemos evitar, sin embargo, una afirmación excesiva: la existencia de extorsión no demuestra por sí sola que el Estado haya perdido toda autoridad sobre una zona. Sí puede indicar una pérdida parcial o una disputa de su capacidad efectiva de proteger derechos y hacer cumplir la ley.
La información oficial muestra un crecimiento importante de las denuncias policiales por extorsión durante los últimos años.
Serie SIDPOL/Policía Nacional recogida en documentos estatales de 2026. Los registros pueden presentar diferencias entre cortes y actualizaciones; los valores aquí comparados pertenecen a una misma serie.
El Ministerio Público, por su parte, informó que entre enero y junio de 2026 registró 12.634 delitos denunciados agrupados como extorsión, chantaje y casos pendientes de calificación. De ese total, 11.946 correspondían específicamente a extorsión.
Esta distinción es necesaria: no debemos presentar el total combinado de 12.634 como si todos fueran casos definitivamente clasificados como extorsión, ni sumar automáticamente denuncias policiales y fiscales, porque podrían referirse a los mismos hechos.
La cifra registrada tampoco representa la totalidad de delitos ocurridos. Existen víctimas que no denuncian, y la disposición a denunciar puede variar según el temor, la confianza en las autoridades y la accesibilidad del sistema.
En la discusión pública suele mencionarse que la criminalidad cuesta aproximadamente el 2,2 % del PBI peruano.
El dato tiene fundamento, pero necesita una precisión que resulta fundamental para la seriedad de nuestro trabajo.
Una investigación difundida por el Banco Central de Reserva del Perú en la revista Moneda, en septiembre de 2024, estimó que el costo de la inseguridad equivalía aproximadamente al 2,2 % del PBI en 2019. De ese porcentaje, 1,5 puntos correspondían a gastos privados de protección y 0,7 puntos a gastos públicos relacionados con seguridad, justicia y administración penitenciaria.
No corresponde atribuir ese 2,2 % exclusivamente a la extorsión, ni presentarlo como una medición realizada para 2026. Se trata de una estimación histórica de determinados costos de la inseguridad, que tampoco debe interpretarse como una medición exhaustiva de todas sus consecuencias económicas.
Esta precisión no disminuye la gravedad del problema.
Por el contrario, permite comprender que sus consecuencias exceden el dinero sustraído por los delincuentes.
La inseguridad puede incrementar costos operativos, reducir inversiones, restringir horarios comerciales, perjudicar el transporte, debilitar la confianza y afectar el bienestar de las familias.
El costo económico de la extorsión comprende, como mínimo, pagos ilegales, medidas preventivas, interrupciones de actividad y pérdidas de oportunidades. Su medición exige evitar duplicidades y distinguir costos observados de efectos estimados.
Las organizaciones dedicadas a la extorsión necesitan obtener recursos, ejercer coerción, administrar relaciones internas y procurar que sus actividades continúen.
Pueden apoyarse en amenazas digitales, violencia física, intermediarios y redes financieras. Las modalidades varían según el territorio y la organización, por lo que no corresponde atribuir una misma estructura a todos los casos.
La dimensión financiera merece especial atención. La extorsión puede producir ingresos ilícitos que requieren investigación, recuperación patrimonial y persecución penal.
Eso no significa que toda operación en efectivo, pequeño negocio o actividad informal sea sospechosa.
Es indispensable separar economía informal de criminalidad organizada.
La relación entre ambas puede surgir cuando organizaciones delictivas aprovechan actividades vulnerables, pero no constituye una equivalencia jurídica ni social.
La responsabilidad principal de proteger a la población corresponde al Estado, mediante sus instituciones competentes.
La Policía Nacional interviene en prevención e investigación conforme a sus atribuciones. El Ministerio Público dirige la investigación del delito. El Poder Judicial administra justicia. El sistema penitenciario tiene responsabilidades de custodia, seguridad y reinserción dentro del marco legal.
Los gobiernos locales y regionales también participan en prevención y articulación, respetando sus competencias.
La falta de coordinación entre estas instituciones puede debilitar la eficacia de cualquier intervención.
En marzo de 2026 se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, que contempla 134 intervenciones estratégicas y un sistema de seguimiento de su implementación.
Por ello, sería inexacto afirmar que no existe una política nacional formal. El problema es verificar si las medidas previstas se ejecutan y consiguen reducir sostenidamente la victimización y los daños.
Desde una perspectiva política de centro, necesitamos una estrategia de seguridad firme, constitucional y basada en evidencia.
La firmeza significa investigar eficazmente, identificar redes criminales, proteger víctimas, impedir la continuidad delictiva y aplicar sanciones mediante procesos legales.
El respeto a las garantías significa evitar detenciones arbitrarias, castigos colectivos, discriminación, acusaciones sin pruebas y medidas extraordinarias sin evaluación.
La seguridad no puede quedar subordinada a una retórica de mano dura que confunda cantidad de operativos con reducción de delitos.
Pero tampoco podemos aceptar que la defensa de garantías se utilice como argumento para tolerar la impunidad.
La seguridad y el Estado de derecho no son alternativas excluyentes. Cada uno necesita al otro.
Asimismo, combatir la extorsión debe considerarse parte de una política económica y social. Un emprendedor que no puede trabajar sin amenazas no disfruta plenamente de su libertad empresarial. Un transportista obligado a alterar su actividad por intimidación no trabaja en condiciones adecuadas de seguridad.
Un Estado incapaz de proteger la actividad productiva termina debilitando la inversión y los derechos de sus ciudadanos.
Tesis política JFT: La extorsión es una forma de coerción económica que puede disputar espacios de autoridad al Estado. Combatirla requiere recuperar la seguridad, proteger a las víctimas, desarticular las estructuras criminales y conseguir que la ley vuelva a ser una garantía real para quien trabaja y emprende.
El país donde el miedo también pasa la cuenta
Hay algo profundamente perturbador en un país donde una persona necesita pedir permiso a un delincuente para trabajar.
No me refiero a un permiso escrito.
Ni a una autorización administrativa.
Me refiero a ese pago que se exige bajo amenaza. A ese dinero que algunos criminales pretenden cobrar por permitir que un comerciante abra su negocio, que un transportista continúe su ruta o que una familia conserve su tranquilidad.
Lo llamamos extorsión.
Y jurídicamente es un delito.
Pero sus consecuencias son mucho más profundas.
Porque cuando un criminal consigue imponer pagos mediante el miedo, no solamente está apropiándose de dinero ajeno.
Está intentando decidir quién puede trabajar, bajo qué condiciones y a cambio de qué.
Es una forma de poder.
Un poder ilegítimo, violento y profundamente contrario a la libertad.
Por eso sostengo que debemos comenzar a mirar la extorsión de otra manera.
No es solamente un delito contra el patrimonio. También es un ataque contra la libertad económica y la autoridad legítima del Estado.
Pensemos en un pequeño comerciante.
No necesita grandes explicaciones sobre competitividad.
Sabe que debe comprar mercadería, pagar servicios, administrar inventarios, atender clientes y conseguir que sus ingresos superen sus gastos.
En ocasiones, además, debe enfrentar los problemas que ya conocemos.
Trámites administrativos.
Costos de financiamiento.
Competencia.
Inseguridad.
Y las dificultades propias de cualquier actividad económica.
Pero imaginemos que aparece alguien y le exige una cantidad periódica de dinero a cambio de no hacerle daño.
Toda su planificación cambia.
Ya no trabaja solamente para sostener a su familia, pagar a sus proveedores y mantener su negocio.
Ahora debe enfrentar una amenaza que condiciona su libertad.
Puede reducir sus horarios.
Dejar de contratar.
Cancelar inversiones.
Cerrar temporalmente.
O decidir que ya no vale la pena continuar.
No sabemos qué hará cada víctima.
Pero sí sabemos que ninguna de esas decisiones representa una condición aceptable para desarrollar una economía moderna.
Y aquí aparece una contradicción extraordinaria.
En el Perú discutimos constantemente cómo atraer inversiones.
Hablamos de seguridad jurídica, tratados comerciales, infraestructura, competitividad y crecimiento.
Son temas indispensables.
Pero ¿de qué sirve hablar de un país atractivo para invertir si algunos ciudadanos no pueden mantener abierto un pequeño negocio sin temor?
El inversionista necesita seguridad.
El comerciante también.
El empresario exige reglas claras.
El transportista también.
Y la familia que depende de una actividad económica legítima tiene exactamente el mismo derecho a que el Estado la proteja.
La seguridad no debería ser un privilegio que aumenta con el tamaño de la empresa.
Debería ser una garantía común.
Sin embargo, en la práctica, las personas y organizaciones tienen distintas capacidades para protegerse.
Una empresa grande puede disponer de especialistas, protocolos de seguridad y asesoramiento legal.
Una pequeña empresa puede carecer de esos recursos.
Una familia amenazada quizá no sepa a quién recurrir o tema que denunciar empeore su situación.
Por eso la extorsión también tiene una dimensión de desigualdad.
El delito puede perjudicar a cualquiera, pero sus consecuencias económicas y personales no son iguales para todos.
Y precisamente por eso debe ser una prioridad pública.
Ahora bien, hay algo que debemos comprender.
También puede expandirse cuando encuentra oportunidades para operar con bajo riesgo de identificación, investigación y sanción.
Cuando una víctima no confía suficientemente en la protección institucional.
Cuando las investigaciones carecen de coordinación.
Cuando las organizaciones criminales consiguen mantener sus actividades pese a las intervenciones.
O cuando sus ingresos ilegales no son adecuadamente investigados.
En ese contexto, el problema deja de ser exclusivamente policial.
Se convierte en institucional.
Porque detener a una persona puede ser necesario.
Pero si la organización conserva su capacidad de intimidación, la amenaza puede continuar.
Realizar operativos puede resultar indispensable.
Pero si las víctimas siguen abandonando sus actividades, debemos preguntarnos qué resultados estamos consiguiendo.
Aprobar nuevas leyes puede ser importante.
Pero si las instituciones carecen de recursos, personal especializado o capacidad para aplicarlas, el anuncio normativo no resolverá por sí solo el problema.
El Perú necesita algo más que una sucesión de medidas extraordinarias.
Necesita una política de seguridad que funcione cotidianamente.
Y aquí quiero detenerme en otra cuestión.
El crimen también tiene una lógica económica.
Busca obtener beneficios.
La extorsión puede transformar la violencia en una fuente recurrente de ingresos ilícitos.
Pero no deberíamos confundir esa realidad con una demostración de que toda informalidad forma parte de la criminalidad.
Sería una injusticia.
El pequeño emprendedor informal suele encontrarse precisamente entre quienes necesitan mayor protección.
Una persona que no consiguió formalizar completamente su actividad no pierde por ello su derecho a vivir sin amenazas.
La seguridad ciudadana no puede condicionarse al cumplimiento previo de obligaciones empresariales o tributarias.
La protección de la vida y la integridad corresponde a todos.
Por supuesto, también es cierto que la criminalidad puede aprovechar actividades poco protegidas, debilidades institucionales y relaciones económicas opacas.
Pero eso debe investigarse específicamente.
No mediante prejuicios.
Hay otro asunto que suele incomodar.
La política de seguridad se ha convertido en un espacio donde abundan las promesas.
Cada cierto tiempo aparecen nuevos planes.
Operativos.
Reuniones.
Declaraciones.
Cambios de responsables.
Y anuncios de medidas que prometen recuperar el control.
Algunas pueden ser útiles.
Otras necesitarán evaluación.
Pero la ciudadanía tiene derecho a preguntar algo mucho más sencillo.
¿Está disminuyendo el riesgo de ser extorsionado?
Esa es la cuestión.
No cuántas ceremonias se realizaron.
No cuántas declaraciones se pronunciaron.
Ni cuántas reuniones aparecieron en los comunicados oficiales.
El ciudadano necesita saber si puede trabajar con mayor tranquilidad.
Si la denuncia recibe una respuesta adecuada.
Si existen mecanismos reales de protección.
Si las investigaciones avanzan.
Y si quienes organizan estos delitos enfrentan consecuencias legales.
Porque la seguridad no se mide únicamente por la actividad del Estado.
También debe medirse por la reducción del daño sufrido por la población.
Ahora bien, tampoco sería responsable prometer que la extorsión desaparecerá de inmediato.
Las organizaciones criminales pueden adaptarse.
Los delitos pueden desplazarse territorialmente.
Y determinadas medidas pueden producir mejoras parciales antes de conseguir resultados duraderos.
Precisamente por ello necesitamos continuidad institucional.
No podemos reconstruir completamente la política de seguridad cada vez que cambia un ministro.
Ni depender exclusivamente de la voluntad de una autoridad.
La seguridad necesita equipos profesionales, información confiable, controles internos y coordinación permanente.
También requiere transparencia sobre los resultados.
Pero hay un límite indispensable.
No podemos combatir la criminalidad destruyendo las garantías del Estado de derecho.
Una detención arbitraria no es una victoria de la justicia.
Una acusación sin evidencia tampoco.
Y una política que castiga colectivamente a comunidades enteras puede terminar debilitando la confianza que necesitamos recuperar.
Firmeza no significa arbitrariedad.
Significa capacidad para aplicar la ley.
Y la ley debe proteger tanto a las víctimas como las garantías de quienes son investigados.
Esa es una diferencia fundamental entre el Estado y una organización criminal.
El delincuente utiliza la amenaza para imponer su voluntad.
El Estado democrático debe utilizar facultades legales sometidas a controles y responsabilidades.
Si pierde esa diferencia, pierde parte de su legitimidad.
Por eso me preocupa que el debate sobre inseguridad termine convertido en una competencia para ver quién ofrece la respuesta más severa.
La severidad puede ser necesaria en las sanciones previstas por la ley.
Pero una política inteligente comienza mucho antes.
Identifica riesgos.
Protege víctimas.
Investiga organizaciones.
Coordina instituciones.
Examina los recursos ilícitos.
Y evita que los delitos se reproduzcan.
No basta actuar después de cada tragedia.
Debemos construir capacidad para prevenirla.
En este CADE 2026 se discutirá cómo crecer desde las regiones y aprovechar mejor las oportunidades de inversión.
Me parece importante.
Pero quisiera que el empresariado y las autoridades incorporaran una reflexión adicional.
La seguridad ciudadana es también infraestructura económica.
No se construye con cemento.
Pero permite que funcionen los mercados.
No se inaugura con una cinta.
Pero condiciona las inversiones.
No aparece siempre en las estadísticas de productividad.
Pero influye en la vida de quienes producen.
Una carretera puede conectar dos mercados.
Pero si quienes la utilizan enfrentan amenazas, parte de su valor económico y social se pierde.
Una nueva empresa puede generar empleo.
Pero si sus trabajadores temen desarrollar sus actividades, la oportunidad queda debilitada.
Y un pequeño emprendimiento puede tener clientes y capacidad de crecer, pero no prosperará plenamente si la violencia decide sus condiciones de funcionamiento.
Por eso, combatir la extorsión es defender la libertad.
Defender el trabajo.
Defender el emprendimiento.
Y defender la autoridad legítima de las instituciones.
No quiero un Perú donde los empresarios deban convertirse en expertos en seguridad para sobrevivir.
Tampoco uno donde las familias normalicen las amenazas como parte del costo de vivir.
Quiero un país donde las personas puedan trabajar sin pedir permiso a quienes utilizan la violencia.
Donde las autoridades respondan.
Donde la justicia funcione.
Y donde el miedo deje de convertirse en una obligación económica.
Porque existe una diferencia enorme entre pagar los costos legítimos de vivir en sociedad y entregar dinero a quien amenaza con destruir nuestra tranquilidad.
El primero puede sostener instituciones y servicios públicos.
El segundo financia una agresión contra la convivencia.
No podemos acostumbrarnos a esa realidad.
Cuando el crimen comienza a cobrar por permitir trabajar, el problema ya no es solamente cuánto dinero pierde la víctima. Es cuánto poder legítimo está dejando de ejercer el Estado.
Este artículo está preparado como base conceptual para un programa de aproximadamente 52 minutos, con los seis bloques de tu esquema de producción.
Frase ancla para televisión:
«No quiero un Perú donde el comerciante tenga que pedir permiso a un delincuente para abrir su negocio. Quiero un Estado donde cumplir la ley sea suficiente para trabajar en libertad».
Quisiera que los representantes empresariales y las autoridades respondieran tres cuestiones.
¿Cuánto está afectando la extorsión a la productividad y a las decisiones de inversión de sus sectores, y cómo lo están midiendo?
¿Qué compromisos concretos pueden asumir las instituciones y los gremios para proteger a quienes denuncian?
¿Qué resultados verificables deberían publicarse dentro de seis meses para determinar si realmente estamos reduciendo la economía del miedo?
Estas preguntas permitirán conectar el artículo con los programas Los temas del CADE 2026 y La Prédica comenta el CADE desde Lima.
LA OTRA CARA
¿Y si la política de mano dura termina debilitando la seguridad que promete defender?
Frente a una criminalidad violenta, resulta comprensible que la ciudadanía exija respuestas rápidas y severas.
La indignación es legítima.
También lo es reclamar una actuación firme de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
Sin embargo, existe una pregunta que debemos formular antes de aprobar cualquier medida extraordinaria.
¿Cómo sabemos que realmente reducirá el delito?
La presencia policial intensiva puede ser necesaria en determinadas circunstancias.
Los estados de emergencia pueden estar previstos constitucionalmente para situaciones excepcionales.
Y las intervenciones contra organizaciones criminales pueden exigir capacidades especializadas.
Pero ninguna de esas herramientas debe confundirse automáticamente con una política exitosa.
Una actuación que produce numerosas detenciones no necesariamente demuestra que se haya desarticulado una organización criminal.
Un operativo que incauta objetos ilícitos puede ser relevante, pero debe evaluarse si afecta efectivamente la capacidad delictiva.
Y una intervención temporal puede generar alivio sin resolver las condiciones que permitieron la expansión del delito.
El riesgo aparece cuando la seguridad pública se convierte en una sucesión de respuestas de corto plazo.
Las autoridades anuncian medidas.
La ciudadanía espera resultados.
Los grupos delictivos modifican sus actividades.
Y posteriormente se anuncian nuevas medidas.
No significa que todas las intervenciones sean inútiles.
Significa que requieren evaluación.
Además, una política excesivamente indiscriminada puede perjudicar a personas inocentes, deteriorar las relaciones entre comunidades y autoridades y reducir la disposición ciudadana a colaborar.
La confianza es un recurso importante para investigar delitos difíciles de detectar.
Una víctima que teme represalias necesita protección efectiva.
Pero también debe confiar en que su denuncia será tratada responsablemente.
Por otra parte, la extorsión exige investigación penal compleja.
No todos los casos pueden resolverse mediante patrullaje o detenciones en flagrancia.
Las investigaciones pueden requerir cooperación institucional, análisis de evidencia digital, información financiera obtenida legalmente y capacidad de relacionar distintos hechos.
Eso exige profesionalización.
No solamente mayor severidad penal.
También debemos reconocer los límites de la prevención social.
La educación, el empleo y el desarrollo comunitario son importantes para reducir factores de riesgo.
Pero no sustituyen la obligación de investigar y sancionar organizaciones delictivas activas.
Una estrategia equilibrada necesita ambas dimensiones.
Prevención y persecución penal.
Protección social y control de estructuras violentas.
Respeto a los derechos y eficacia institucional.
El centro político no debería ubicarse entre la indiferencia y la arbitrariedad.
Debería defender una posición más exigente.
Firmeza basada en evidencia, legalidad y resultados.
Porque una sociedad no se vuelve segura simplemente cuando el Estado demuestra que puede utilizar la fuerza.
Se vuelve más segura cuando consigue prevenir daños, proteger a las víctimas y aplicar la ley de manera confiable.
La industria de la emergencia: cuando administrar el miedo puede convertirse en una política permanente
Hay una situación que merece nuestra atención.
En el Perú, cada crisis produce una extraordinaria actividad institucional.
Se convocan reuniones.
Se anuncian intervenciones.
Se movilizan recursos.
Se presentan nuevas estrategias.
Y aparecen responsables encargados de coordinar respuestas extraordinarias.
En determinadas circunstancias, todo ello es necesario.
Una crisis grave exige decisiones urgentes.
Pero existe una pregunta que deberíamos formular con mayor frecuencia.
¿Qué ocurre cuando la emergencia deja de ser una situación excepcional y termina convirtiéndose en nuestra manera habitual de gobernar?
Porque administrar una crisis no es lo mismo que resolverla.
Una institución puede mantener una intensa actividad operativa sin conseguir reducir suficientemente los daños.
Puede incrementar determinados recursos sin mejorar proporcionalmente sus resultados.
Y puede anunciar nuevas coordinaciones mientras permanecen pendientes problemas de organización interna.
No sostengo que exista un negocio ilícito generalizado alrededor de la seguridad.
Sería una acusación que necesitaría pruebas específicas.
Tampoco afirmo que las autoridades o los funcionarios encargados de enfrentar la criminalidad deseen su permanencia.
Pero sí debemos reconocer que los sistemas de emergencia pueden generar incentivos institucionales.
Mayor visibilidad.
Asignaciones extraordinarias.
Concentración temporal de decisiones.
Y oportunidades de contratar bienes y servicios con particular urgencia.
Todos esos mecanismos pueden tener justificación legal.
El problema aparece cuando la excepcionalidad reduce controles, impide evaluaciones o posterga reformas permanentes.
Por eso necesitamos fiscalización.
No para paralizar la acción del Estado.
Sino para garantizar que los recursos destinados a proteger vidas realmente cumplan su finalidad.
Una contratación de emergencia puede ser legítima.
Pero necesita trazabilidad, justificación y control posterior.
Una operación de seguridad puede ser necesaria.
Pero debe evaluarse de acuerdo con su objetivo.
Y un funcionario puede haber actuado correctamente aunque los resultados generales sigan siendo insuficientes.
La responsabilidad no se determina mediante sospechas.
Se determina mediante hechos, competencias y evidencia.
Ahora bien, hay otra dimensión del problema.
Las organizaciones criminales también se benefician cuando una sociedad aprende a convivir con la extorsión.
Cuando los pagos ilegales se normalizan.
Cuando el silencio parece más seguro que denunciar.
Cuando determinados negocios modifican sus actividades para evitar represalias.
Y cuando la amenaza comienza a considerarse parte inevitable del trabajo.
Ahí el crimen consigue algo mucho más peligroso que dinero.
Consigue obediencia mediante el miedo.
Por eso no deberíamos conformarnos con reducir la violencia visible.
También debemos recuperar las condiciones que permiten a los ciudadanos actuar libremente.
El comerciante debe poder rechazar una exigencia ilegal y obtener protección institucional.
El trabajador debe disponer de canales seguros para informar amenazas.
Y el empresario debe poder invertir sin depender de arreglos con quienes utilizan intimidación.
Esa es la verdadera recuperación de autoridad.
No una exhibición permanente de fuerza.
Sino la capacidad cotidiana de proteger derechos.
Y aquí aparece una reflexión que deberíamos llevar al CADE.
Cuando hablamos de competitividad, solemos pensar en puertos, carreteras, tecnología y regulación.
Todo eso importa.
Pero ninguna economía alcanza plenamente su potencial cuando la violencia impone decisiones empresariales.
No es razonable pedirle a un pequeño negocio que incremente su productividad mientras debe dedicar parte de sus recursos y atención a enfrentar amenazas criminales.
Ni podemos exigir mayores inversiones sin reconocer el costo que representa la inseguridad.
Por eso, combatir la extorsión debe formar parte del programa de desarrollo económico.
No solamente de la agenda policial.
La seguridad tiene que ser preventiva, financiera, judicial, territorial e institucional.
Y debe producir resultados que puedan comprobarse.
Quiero saber cuántas víctimas reciben protección efectiva.
Cuántas investigaciones avanzan con calidad.
Cuántas organizaciones pierden capacidad para continuar delinquiendo.
Y cuántos negocios consiguen recuperar su actividad después de haber sido afectados.
No me basta conocer cuántos operativos se realizaron.
Es un dato importante.
Pero no es el resultado final.
Tampoco me basta saber cuánto presupuesto se destinó.
Quiero conocer qué cambió.
Porque el miedo no desaparece mediante una ceremonia.
Y la confianza no se recupera mediante un comunicado.
El Estado tiene una obligación fundamental que no puede delegar.
Garantizar que la fuerza legítima esté sometida a la ley y que ninguna organización criminal pueda imponer sus reglas sobre los ciudadanos.
Eso requiere instituciones.
Capacidad.
Responsabilidad.
Y continuidad.
Una crisis puede justificar medidas excepcionales. Lo que no puede justificar es que renunciemos a construir soluciones permanentes.
AFORISMOS
- «Cuando el crimen cobra por dejar trabajar, no solamente roba dinero: también roba libertad».
- «La seguridad no es un privilegio del empresario grande. Es un derecho del ciudadano que apenas comienza».
- «El miedo es el impuesto más injusto: lo paga la víctima y lo cobra quien amenaza».
- «Un Estado que solamente reacciona a la violencia termina administrando las consecuencias de su falta de prevención».
- «No confundamos presencia policial con seguridad, ni cantidad de operativos con resultados».
- «La economía criminal crece cuando la amenaza consigue imponer reglas donde debería prevalecer la ley».
- «No hay competitividad posible donde emprender exige negociar con el miedo».
- «La firmeza del Estado no se demuestra por la arbitrariedad de sus decisiones, sino por su capacidad para hacer cumplir la ley».
- «Una crisis no debe convertirse en una forma permanente de administrar el país».
- «El Perú no recuperará plenamente su libertad económica mientras haya ciudadanos que deban pagar a criminales para ejercerla».
PROPUESTAS
Pacto Nacional por la Libertad de Trabajar sin Miedo
La estrategia que propongo se apoya en un principio fundamental: la seguridad de las personas y de las actividades económicas legítimas debe constituir una responsabilidad permanente del Estado, evaluada por resultados y no solamente por operaciones realizadas.
Las soluciones deben implementarse mediante las instituciones competentes, fortaleciendo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, antes que crear estructuras paralelas.
1. Sistema integral de protección a víctimas de extorsión
Fortalecer canales seguros de denuncia, evaluación de riesgo, orientación jurídica y medidas de protección coordinadas entre Policía, Fiscalía y entidades competentes.
Indicadores propuestos: tiempo de respuesta, porcentaje de casos de alto riesgo atendidos, continuidad de protección y nuevos hechos de victimización.
Plazo de propuesta: primera evaluación a los 90 días de iniciar el programa piloto.
2. Investigación especializada de redes criminales
Fortalecer equipos conjuntos y mecanismos legales de intercambio de información para relacionar casos, investigar estructuras organizadas y preservar evidencia física, digital y financiera.
Indicadores: investigaciones complejas concluidas, acusaciones sustentadas, sentencias firmes y reducción comprobable de la continuidad delictiva.
Responsables institucionales: Ministerio Público y Policía Nacional, dentro de sus respectivas atribuciones.
3. Inteligencia financiera contra los ingresos del crimen
Mejorar la cooperación legal entre investigación penal, unidades especializadas, la UIF-Perú y los sujetos obligados correspondientes, con estricta protección de datos, reserva y autorización judicial cuando proceda.
Indicadores: investigaciones patrimoniales vinculadas a delitos acreditados, medidas cautelares legalmente sustentadas y recuperaciones de activos confirmadas.
La propuesta no significa fiscalizar indiscriminadamente a pequeños comerciantes ni presumir que el uso de efectivo constituye delito.
4. Planes sectoriales para transporte, comercio y pequeña empresa
Construir protocolos de prevención y respuesta adaptados a los riesgos de cada actividad, con participación voluntaria de gremios y mecanismos que eviten exponer públicamente a personas amenazadas.
Indicadores: incidentes denunciados, victimización medida por encuestas, interrupciones de servicios y percepción de protección.
Prioridad: corredores y actividades identificados mediante evidencia, no mediante estigmatización territorial.
5. Integridad y seguridad penitenciaria
Fortalecer controles sobre comunicaciones ilícitas, corrupción, contrabando y continuidad de actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios, mediante investigaciones específicas y garantías legales.
Indicadores: vulnerabilidades corregidas, investigaciones concluidas y reincidencia de incidentes detectados.
No basta contabilizar requisas; debe evaluarse si las medidas reducen efectivamente las oportunidades de continuar delinquiendo.
6. Tablero público de resultados contra la extorsión
Complementar las 134 intervenciones previstas en el plan nacional con indicadores de daño y resultados: victimización, temor a denunciar, atención a víctimas, investigaciones, sentencias y continuidad de actividades económicas.
Indicadores: series metodológicamente comparables y actualizadas, con desglose territorial cuando sea estadísticamente válido.
Plazo propuesto: publicación trimestral de resultados.
7. Fondo o mecanismo de atención y recuperación para víctimas
Evaluar, dentro de programas y recursos existentes, mecanismos focalizados de orientación, asistencia y recuperación para víctimas particularmente vulnerables.
Cualquier apoyo financiero requerirá base legal, criterios objetivos, control y sostenibilidad presupuestaria.
Indicadores: beneficiarios que recuperan su actividad, tiempos de reinicio y costo público por resultado.
8. Evaluación independiente de las medidas de emergencia
Establecer evaluaciones periódicas de necesidad, proporcionalidad y eficacia de los regímenes excepcionales y sus contrataciones asociadas, respetando información reservada por razones legítimas de seguridad.
Indicadores: resultados sostenidos después de la intervención, costos, observaciones de control y efectos sobre derechos.
Objetivo: impedir que la emergencia sustituya indefinidamente a una política institucional permanente.
Compromiso concreto para CADE Ejecutivos 2026
Propongo que el empresariado reunido en Cusco considere un Acuerdo por la Libertad Económica y la Seguridad Ciudadana, con cuatro compromisos verificables:
Reconocer la extorsión como una amenaza económica, institucional y social, no únicamente policial.
Cooperar con las autoridades mediante canales seguros, sin exponer a trabajadores ni víctimas.
Contribuir al análisis de los costos económicos de la criminalidad mediante metodologías transparentes y protección de información sensible.
Publicar una evaluación de los compromisos voluntarios a los seis y doce meses.
El CADE no sustituye a las instituciones de seguridad ni puede ordenar investigaciones. Su contribución legítima sería promover acuerdos sectoriales y exigir políticas públicas medibles.
INFORMACIÓN DEL AUTOR
Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.
El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.
JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.