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CADE2026 A06: El gran negocio de la informalidad

CADE 2026 · A06

Cuando cumplir las reglas cuesta demasiado y permanecer al margen termina siendo conveniente para algunos.

«La informalidad comienza como una salida para sobrevivir, pero puede convertirse en un sistema del que otros aprenden a beneficiarse». — JFT

La informalidad peruana constituye uno de los problemas más persistentes de nuestra estructura económica, social e institucional. Su magnitud impide tratarla exclusivamente como una consecuencia de la evasión tributaria, del incumplimiento laboral o de la falta de cultura empresarial.

La informalidad expresa una relación problemática entre productividad, regulación, incentivos económicos, calidad de los servicios públicos y capacidad del Estado para generar condiciones de cumplimiento.

Pero también plantea una cuestión política que merece examinarse con profundidad: la permanencia de un sistema de informalidad masiva puede generar beneficios diferenciados para determinados actores económicos y políticos, aunque ello no signifique que exista una organización única ni un acuerdo generalizado para mantenerla.

Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la tasa de empleo informal fue del 70,2 % durante el año calendario 2025. En el período móvil comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026 se redujo al 69,8 %.

La mejora es positiva, pero confirma la dimensión del desafío. Aproximadamente siete de cada diez trabajadores ocupados se encontraban en empleos informales.

El fenómeno presenta diferencias territoriales significativas. Para el período abril de 2025-marzo de 2026, la informalidad laboral alcanzó el 94,5 % en el ámbito rural y el 64,2 % en el urbano, según la misma fuente.

No se trata, por tanto, de una anomalía reducida a pequeños comercios urbanos. Es una característica transversal del mercado laboral peruano.

Desde el punto de vista técnico debemos distinguir tres conceptos.

La informalidad empresarial se refiere a actividades económicas que operan fuera de determinados registros o exigencias aplicables. La informalidad laboral comprende empleos que carecen de las condiciones de formalidad definidas estadísticamente, incluso cuando se desarrollan dentro de empresas registradas. Y la actividad criminal corresponde a conductas tipificadas como delito.

Estos fenómenos pueden relacionarse, pero no son equivalentes.

Un trabajador informal no es necesariamente un evasor deliberado. Una microempresa registrada puede mantener trabajadores informales. Y una organización criminal puede utilizar empresas formalmente constituidas para facilitar operaciones ilícitas.

Confundir estas situaciones conduce a políticas equivocadas.

El problema de fondo es que, para numerosas unidades productivas de baja productividad, los costos monetarios, administrativos y laborales de alcanzar y sostener la formalidad pueden resultar difíciles de asumir respecto de sus ingresos.

Sin embargo, la explicación no termina en los costos. Existen personas y empresas que pueden cumplir la ley, pero eligen no hacerlo para obtener ventajas sobre sus competidores.

El Estado debe ser capaz de distinguir esas realidades y actuar proporcionalmente.

El estudio económico de la OCDE sobre Perú, publicado en septiembre de 2025, identifica la informalidad como una consecuencia y, simultáneamente, una causa de baja productividad, instituciones débiles, regulación compleja y dificultades de acceso a financiamiento y capacidades laborales. También advierte que determinados regímenes simplificados pueden generar incentivos para que empresas no crezcan más allá de ciertos umbrales.

Este último punto resulta particularmente importante desde una perspectiva política.

Durante décadas, el Estado ha intentado resolver problemas de formalización mediante nuevos registros, tratamientos tributarios diferenciados, campañas, inspecciones y regímenes especiales.

Pero formalizar una empresa no equivale necesariamente a convertirla en una organización productiva, competitiva y capaz de generar empleo protegido.

El Perú necesita una reforma que comprenda toda la trayectoria empresarial: iniciar operaciones, cumplir obligaciones, contratar trabajadores, acceder a financiamiento, crecer, competir y llegar a nuevos mercados.

La política tributaria no puede diseñarse independientemente de la política laboral, la regulación municipal, la seguridad ciudadana o la productividad.

Desde una posición de centro, la solución no consiste en perseguir indiscriminadamente al pequeño emprendedor ni en tolerar indefinidamente el incumplimiento.

Consiste en establecer un sistema donde la formalidad resulte accesible, sostenible y económicamente conveniente, y donde la evasión deliberada deje de producir ventajas competitivas.

La expresión «el gran negocio de la informalidad» no debe interpretarse como una acusación general contra todos los trabajadores o comerciantes informales. Es una hipótesis de análisis sobre los incentivos que pueden mantener el problema.

Podemos identificar al menos cinco situaciones que merecen investigación.

Primero, algunas empresas podrían aprovechar relaciones de contratación informal para reducir indebidamente costos laborales.

Segundo, determinadas cadenas comerciales podrían beneficiarse de proveedores que absorben costos mediante el incumplimiento de obligaciones, siempre que existan tales prácticas y puedan acreditarse.

Tercero, intermediarios y tramitadores pueden encontrar oportunidades económicas en procedimientos administrativos excesivamente complejos.

Cuarto, determinados actores políticos pueden ofrecer tolerancia selectiva frente a infracciones o utilizar disputas de fiscalización para construir relaciones de dependencia o apoyo electoral. Esta posibilidad debe analizarse mediante casos comprobados, no asumirse como una conducta general de las autoridades.

Quinto, organizaciones delictivas pueden aprovechar la vulnerabilidad de negocios poco protegidos para extorsionarlos, imponerles condiciones o desarrollar actividades ilícitas.

No todos estos mecanismos responden al mismo problema ni requieren idéntica intervención.

Pero juntos permiten formular una pregunta política decisiva: ¿estamos diseñando instituciones para que los ciudadanos abandonen la informalidad o estamos administrando indefinidamente las consecuencias de su existencia?

La informalidad no se resolverá mediante una amnistía permanente ni mediante una fiscalización masiva que desconozca la capacidad económica de los afectados.

Tampoco desaparecerá por el solo hecho de simplificar algunos trámites.

Necesitamos elevar la productividad, mejorar los servicios públicos, simplificar obligaciones, ampliar oportunidades comerciales, fortalecer los derechos laborales y sancionar proporcionalmente el incumplimiento.

La meta no puede ser únicamente incrementar el número de personas registradas ante SUNAT.

La meta debe ser que más peruanos puedan desarrollar actividades económicas productivas, protegidas y sostenibles dentro de la legalidad.

Tesis política JFT: El verdadero éxito de la formalización no consiste en que el Estado consiga registrar a más ciudadanos, sino en que más ciudadanos descubran que cumplir las reglas les permite trabajar y progresar en mejores condiciones.

El país donde cumplir puede resultar más difícil que sobrevivir

En el Perú hemos desarrollado una relación bastante peculiar con la informalidad.

La condenamos en los discursos.

La estudiamos en las universidades.

La medimos en las estadísticas.

Y convivimos con ella todos los días.

El comerciante que abre su puesto antes del amanecer.

El transportista que trabaja jornadas interminables.

La familia que produce alimentos.

El pequeño taller que atiende a sus clientes.

El emprendedor que comienza vendiendo desde su vivienda.

Todos forman parte de una realidad que resulta demasiado grande como para reducirla a una simple falta de voluntad de cumplir la ley.

Pero hay algo todavía más curioso.

Durante años hemos intentado formalizar a los peruanos sin preguntarnos suficientemente por qué tantos consideran difícil hacerlo.

Y cuando el resultado no llega, solemos repetir la receta.

Más normas.

Más obligaciones.

Más fiscalización.

Más campañas.

Y, naturalmente, nuevos anuncios sobre la importancia de la formalidad.

No niego que deban existir controles.

Todo lo contrario.

Una economía moderna necesita reglas tributarias, sanitarias, laborales, comerciales y ambientales.

La formalidad protege derechos.

Permite construir relaciones contractuales confiables.

Facilita determinadas formas de financiamiento.

Y establece condiciones para competir dentro de la legalidad.

Pero hay una pregunta que deberíamos formular antes de exigir su cumplimiento.

¿Hemos construido un sistema donde cumplir sea razonablemente posible?

Porque una cosa es redactar obligaciones desde una oficina.

Y otra muy distinta es asumir sus costos desde un pequeño negocio.

Pensemos en una persona que decide emprender.

No tiene un gran capital.

No cuenta con un departamento legal.

Tampoco dispone de especialistas tributarios ni administradores profesionales.

Tiene una idea, algo de experiencia, sus ahorros y la necesidad de generar ingresos.

Comienza a trabajar.

Consigue clientes.

Compra mercadería.

Intenta crecer.

Entonces descubre que emprender no consiste solamente en producir y vender.

También debe comprender requisitos municipales, condiciones sanitarias cuando correspondan, obligaciones tributarias, registros laborales y procedimientos administrativos.

Algunas exigencias son indispensables.

Otras pueden resultar redundantes.

Y otras necesitan ser explicadas de manera mucho más sencilla.

El problema no es que existan reglas.

El problema comienza cuando su complejidad supera la capacidad razonable de quien debe cumplirlas.

Y entonces aparece una figura conocida.

El intermediario.

La persona que explica el procedimiento.

El gestor que presenta documentos.

El especialista que resuelve una observación.

El asesor que ayuda a comprender una exigencia que debería encontrarse claramente descrita.

Estos profesionales pueden prestar servicios perfectamente legítimos.

No hay nada reprochable en contratar asesoría.

Pero deberíamos preguntarnos por qué determinados procedimientos resultan tan difíciles que una persona necesita ayuda especializada para realizar actividades relativamente sencillas.

Cuando el Estado complica innecesariamente el cumplimiento, puede terminar creando mercados alrededor de esa complejidad.

Y aquí comienza una de las paradojas de nuestra informalidad.

Para algunos, permanecer fuera del sistema constituye una situación de precariedad.

Para otros, puede representar una ventaja económica indebida.

Y para determinadas actividades de intermediación, la dificultad de incorporarse al sistema puede convertirse en una fuente recurrente de ingresos.

Por eso no existe un solo informal.

Existe el trabajador que quisiera tener protección laboral y no consigue acceder a ella.

El emprendedor de subsistencia que apenas cubre sus necesidades.

El negocio que todavía no alcanza suficiente productividad.

Pero también puede existir la empresa que deliberadamente incumple obligaciones para reducir costos.

No podemos tratar a todos como si fueran iguales.

Sería injusto con quienes quieren cumplir.

Y demasiado indulgente con quienes utilizan la informalidad como estrategia competitiva.

Porque hay una diferencia fundamental entre no poder cumplir y no querer cumplir.

La primera situación requiere asistencia, simplificación, incentivos y oportunidades.

La segunda exige fiscalización y consecuencias proporcionales.

Confundir ambas realidades es uno de los mayores errores de nuestra política pública.

Pero todavía falta otra pregunta.

¿A quién le conviene que el sistema siga funcionando de esta manera?

Conviene ser prudentes.

No podemos afirmar que exista una conspiración organizada para mantener informal a la mayoría de trabajadores peruanos.

No existe evidencia presentada aquí que permita sostener semejante conclusión.

Sin embargo, sí podemos identificar incentivos que merecen atención.

Una empresa que evita indebidamente obligaciones laborales puede reducir costos frente a otra que cumple.

Un proveedor que evade impuestos puede competir artificialmente con precios menores.

Un intermediario puede beneficiarse de procedimientos administrativos cuya complejidad resulta innecesaria.

Y un actor político podría encontrar conveniente ofrecer soluciones individuales o tolerancia selectiva en lugar de impulsar reformas generales.

No necesitamos imaginar una dirección central de la informalidad.

Basta reconocer que distintos intereses pueden beneficiarse de una situación que perjudica al conjunto de la sociedad.

El problema, por supuesto, también afecta al empresario formal.

Porque competir contra quien no cumple las mismas obligaciones puede resultar difícil.

Un establecimiento que paga impuestos, respeta condiciones laborales y asume controles legales no debería quedar injustamente desplazado por quien evita deliberadamente esas responsabilidades.

La igualdad ante la ley también es una condición de competencia.

Y la competencia leal es indispensable para una economía de mercado.

Por eso sostengo que la formalización no puede ser solamente una política social.

Es también una política de productividad.

De competitividad.

De protección laboral.

De recaudación tributaria.

Y de construcción institucional.

Ahora bien, algunos creen que la solución consiste simplemente en reducir los impuestos.

Es una respuesta demasiado limitada.

Los costos tributarios importan.

Pero también importan la productividad, el acceso a mercados, las obligaciones laborales, la seguridad y los servicios que el ciudadano recibe.

De poco sirve facilitar una inscripción si después el negocio enfrenta dificultades insuperables para crecer.

Tampoco sirve otorgar un régimen especial que termine convirtiéndose en una frontera económica.

Porque, si crecer significa afrontar un salto abrupto de obligaciones que el negocio no puede absorber, podemos generar incentivos para mantenerse pequeño.

Y sería absurdo construir una política de desarrollo que, sin quererlo, termine premiando la falta de crecimiento.

Las microempresas deben disponer de reglas proporcionadas.

Pero esas reglas también necesitan facilitar su evolución hacia unidades más productivas y competitivas.

No podemos convertir la condición de pequeña empresa en una categoría permanente de protección administrativa.

El objetivo debería ser que las empresas tengan posibilidades reales de desarrollarse.

Y que sus trabajadores participen de los beneficios de ese crecimiento dentro de un marco de derechos.

Hay otra dimensión que suele quedar fuera de nuestras discusiones.

La seguridad.

Un negocio pequeño puede enfrentar riesgos de robo, extorsión, amenazas y violencia.

Cuando el Estado no consigue protegerlo, la formalización pierde parte de su atractivo práctico.

No porque la inseguridad justifique el incumplimiento.

Sino porque el ciudadano comienza a preguntarse qué obtiene a cambio de someterse a obligaciones que otros parecen eludir.

La confianza institucional importa.

Muchísimo.

Las personas están más dispuestas a aceptar reglas cuando consideran que se aplican justamente y producen beneficios colectivos.

En cambio, cuando perciben arbitrariedad, corrupción o servicios deficientes, la relación entre ciudadanos y Estado se debilita.

Por eso insisto en algo.

No necesitamos un Estado débil.

Necesitamos uno competente.

Un Estado que pueda regular sin asfixiar.

Fiscalizar sin arbitrariedad.

Recaudar sin complicar innecesariamente.

Proteger sin discriminar.

Y prestar servicios que justifiquen la confianza depositada en sus instituciones.

La simplificación administrativa no consiste en eliminar toda regulación.

Consiste en distinguir lo indispensable de lo superfluo.

En reducir pasos.

En compartir información entre entidades cuando la ley lo permita.

En utilizar tecnología para evitar duplicidades.

Y en aplicar controles proporcionados a los riesgos.

No tiene sentido exigir presencialmente documentos que el propio Estado puede verificar.

Tampoco resulta razonable multiplicar trámites cuyo propósito puede alcanzarse mediante mecanismos más sencillos.

El ciudadano no debería pagar con su tiempo las deficiencias de coordinación del Estado.

Pero la simplificación debe ir acompañada de responsabilidad.

Quien recibe facilidades para formalizarse debe cumplir las condiciones aplicables.

Quien contrata trabajadores debe respetar sus derechos.

Y quien utiliza mecanismos de fraude, simulación o evasión deliberada debe afrontar las consecuencias previstas por la ley.

La formalidad no puede convertirse en una invitación a obtener beneficios sin obligaciones.

Y la fiscalización no debe convertirse en un castigo contra quienes tienen menos capacidad de defenderse.

Necesitamos equilibrio.

En este CADE 2026 se hablará de competitividad, crecimiento regional, inversión y productividad.

Son temas indispensables.

Pero quisiera que no olvidáramos una pregunta fundamental.

¿Cómo puede un país aspirar a una economía moderna si una proporción tan elevada de su población continúa trabajando en condiciones de informalidad?

No podemos construir desarrollo duradero sobre una estructura laboral tan fragmentada.

Tampoco conseguiremos resolverla culpando permanentemente a los trabajadores.

La formalización no debe ser una guerra del Estado contra el emprendedor.

Debe convertirse en un acuerdo de responsabilidades.

El Estado facilita y protege.

La empresa produce, compite y cumple.

El trabajador desarrolla capacidades y ejerce sus derechos.

Y la sociedad exige que las reglas se apliquen de manera justa.

Porque la informalidad no es solamente un problema de registro.

Es una señal de que nuestro sistema económico e institucional todavía no consigue integrar plenamente a millones de personas.

Y aquí llegamos al verdadero desafío político.

¿Queremos seguir administrando la informalidad?

¿O queremos comenzar a hacer posible su reducción sostenida?

La primera opción permite multiplicar campañas, regímenes, controles y anuncios.

La segunda exige reformar instituciones, revisar incentivos y asumir responsabilidades.

La primera produce estadísticas sobre esfuerzos.

La segunda debe producir resultados.

No basta decirle al peruano que se formalice.

Debemos conseguir que formalizarse tenga sentido.

Que crecer no sea castigado por saltos regulatorios mal diseñados.

Que cumplir no sea una desventaja competitiva.

Y que el ciudadano pueda reconocer beneficios concretos de incorporarse plenamente a la economía formal.

El Perú no necesita más discursos contra la informalidad. Necesita construir un país donde la formalidad deje de parecer un privilegio y comience a funcionar como una oportunidad.

Este artículo puede convertirse en un especial televisivo de aproximadamente 52 minutos, siguiendo los seis bloques previstos en el esquema editorial.

¿Es razonable exigir el mismo tratamiento administrativo a negocios con capacidades económicas radicalmente distintas?

¿Por qué medimos cuántas empresas se registran, pero no siempre cuántas permanecen, crecen y generan empleo formal?

¿Estamos preparados para simplificar de verdad los procedimientos o únicamente para trasladarlos a plataformas digitales?

Frase ancla para televisión:

«No quiero un Perú donde el informal tenga privilegios ni donde el formal sea castigado por cumplir. Quiero reglas que hagan posible cumplir y consecuencias para quien deliberadamente no lo hace».

Fuentes mencionadas en el texto original: INEI (EPEN, empleo informal 2022–2025 y período móvil a marzo de 2026), OCDE (Estudio Económico del Perú 2025), SUNAT (regímenes tributarios empresariales), PRODUCE (MYPE 2026), MTPE y SUNAFIL (formalización laboral), Ley N.º 32353 e IPAE (programa CADE Ejecutivos 2026, actualización al 11 de noviembre). Las cifras, cortes, referencias específicas y vigencia normativa deben someterse a verificación final contra las publicaciones primarias antes de difusión pública. No confundir afirmaciones verificadas, interpretaciones políticas y propuestas editoriales.

LA OTRA CARA

¿Y si la informalidad no fuera el problema principal, sino la consecuencia de una economía que todavía no produce suficientes buenos empleos?

El discurso de la formalización suele partir de una premisa razonable.

Si un trabajador o una empresa se incorpora a la formalidad, podrá acceder a mejores condiciones económicas y sociales.

Pero conviene preguntarnos si esa relación funciona siempre en la dirección que suponemos.

¿Una empresa se vuelve productiva porque obtiene un registro?

¿Un trabajador comienza a generar mayores ingresos simplemente porque aparece en una planilla?

¿Un pequeño negocio adquiere capacidad para financiar obligaciones laborales por el solo hecho de inscribirse ante SUNAT?

No necesariamente.

La formalidad facilita derechos y oportunidades, pero no crea automáticamente productividad.

Y esta distinción resulta crucial.

Una empresa que produce poco valor por hora trabajada enfrenta restricciones reales para pagar mayores salarios, incorporar tecnología y sostener determinados costos.

Esas limitaciones no desaparecen mediante una obligación administrativa.

Por supuesto, tampoco justifican automáticamente incumplir la ley.

Pero explican por qué una política de formalización que ignore la productividad puede fracasar.

Existe además una cuestión que debería incomodar a quienes consideran que toda informalidad es fundamentalmente un problema moral.

Numerosas personas trabajan informalmente porque las alternativas disponibles son escasas.

No necesariamente porque hayan elegido un modelo económico ideal.

Una persona puede preferir un empleo formal, pero no encontrarlo.

Puede desarrollar una actividad independiente porque necesita ingresos inmediatos.

Y puede operar un pequeño negocio sin alcanzar todavía la escala suficiente para incorporar determinadas obligaciones.

En estos casos, la informalidad es una manifestación de insuficiente desarrollo productivo.

Por eso, si queremos reducirla sostenidamente, necesitamos algo más que inspecciones.

Necesitamos inversión.

Empresas que crezcan.

Sectores capaces de generar empleo productivo.

Educación técnica.

Infraestructura.

Crédito.

Acceso a mercados.

Y una economía donde más trabajadores puedan incorporarse a organizaciones productivas sostenibles.

Pero aquí aparece otra discusión.

La reducción de costos laborales no salariales podría favorecer la contratación formal, especialmente para trabajadores de bajos ingresos.

Sin embargo, si se realiza eliminando indiscriminadamente protecciones esenciales, puede terminar debilitando el bienestar que la formalidad pretende ofrecer.

La reforma debe ser cuidadosa.

No basta reducir costos.

Hay que diseñar mecanismos financieramente sostenibles para proteger derechos y evitar que la transición recaiga desproporcionadamente sobre los trabajadores.

Lo mismo sucede con los impuestos.

Una simplificación tributaria bien diseñada puede facilitar el cumplimiento.

Pero un sistema excesivamente fragmentado puede incentivar que las empresas permanezcan artificialmente pequeñas.

Y otorgar beneficios permanentes sin evaluación puede terminar subsidiando unidades económicas que no mejoran su productividad.

Por eso debemos diferenciar emprendimientos de subsistencia, empresas con potencial de crecimiento y negocios que eluden obligaciones deliberadamente.

Las respuestas no pueden ser idénticas.

La formalización debe ser entendida como parte del desarrollo productivo.

No como su sustituto.

Y el Estado debe resistir la tentación de considerar que ha resuelto el problema porque consiguió aumentar el número de registros.

Porque una unidad productiva puede estar formalmente inscrita y continuar siendo económicamente frágil.

Un trabajador puede figurar en un empleo registrado y seguir enfrentando bajos ingresos.

Y una empresa puede cumplir sus obligaciones administrativas sin alcanzar suficiente competitividad.

El objetivo no es únicamente conseguir papeles en regla.

Es construir una economía donde esos papeles representen una actividad productiva sostenible y derechos efectivos.

La formalidad no crea por sí sola prosperidad. Pero sin instituciones que permitan construir prosperidad formal, millones de personas seguirán viviendo al margen de sus beneficios.

Los que viven de la informalidad: administrar el problema también puede ser un negocio

Hay algo que debemos comenzar a preguntar con mayor claridad.

¿Por qué un problema que todos prometen resolver termina sobreviviendo a tantas políticas destinadas a combatirlo?

Durante décadas hemos escuchado propuestas de formalización.

Nuevos procedimientos.

Regímenes especiales.

Programas de capacitación.

Campañas de orientación.

Fiscalizaciones.

Beneficios temporales.

Y numerosas declaraciones de compromiso.

Algunas medidas han producido resultados positivos.

Sería injusto ignorarlo.

Pero la informalidad continúa siendo extraordinariamente elevada.

Entonces aparece una pregunta incómoda.

¿Estamos resolviendo el problema o hemos construido mecanismos para administrarlo indefinidamente?

Conviene aclararlo desde el principio.

No todo programa público que permanece en funcionamiento constituye un negocio irregular.

No toda persona que trabaja en fiscalización se beneficia de la informalidad.

No todo gestor o asesor administrativo tiene intereses contrarios a la simplificación.

Y no existe aquí evidencia que permita atribuir a autoridades o empresas específicas la intención de mantener deliberadamente el problema.

Pero sí debemos examinar los incentivos del sistema.

Porque un procedimiento complejo puede generar oportunidades legítimas de asesoría.

Una obligación difícil de entender puede aumentar la dependencia de servicios especializados.

Una regulación aplicada de manera desigual puede beneficiar a quien consigue evitarla.

Y una fiscalización discrecional puede abrir espacios para abusos que deben ser prevenidos y sancionados cuando se acrediten.

La complejidad administrativa tiene costos.

Pero también puede producir beneficiarios.

Y lo mismo sucede con la informalidad económica.

Una empresa que contrata trabajadores sin respetar las obligaciones aplicables puede obtener una ventaja indebida frente a otra que cumple.

Un competidor que omite deliberadamente impuestos puede distorsionar los precios.

Y determinadas actividades comerciales pueden utilizar proveedores informales para trasladar riesgos y costos hacia los eslabones más débiles de una cadena productiva.

Estas situaciones deben investigarse con evidencia.

No mediante acusaciones generales.

Pero tampoco deberíamos ignorarlas por comodidad política.

Porque la informalidad no siempre representa pobreza.

Puede haber negocios con capacidad económica suficiente que eligen incumplir obligaciones.

Y pueden existir intermediarios capaces de beneficiarse de la falta de organización de trabajadores o pequeños proveedores.

Ahí la informalidad deja de ser solamente una estrategia de supervivencia.

Puede convertirse en una ventaja competitiva ilegítima.

Entonces, la respuesta del Estado debe cambiar.

No corresponde tratar de la misma manera al vendedor que apenas sostiene a su familia y a una organización empresarial que utiliza deliberadamente esquemas para evadir responsabilidades.

Eso no sería justicia.

Sería incapacidad para distinguir realidades diferentes.

Pero todavía existe otra dimensión.

La política.

La informalidad masiva genera una relación compleja entre autoridades y ciudadanos.

Cuando muchas actividades dependen de tolerancia administrativa, permisos precarios o controles irregulares, puede aumentar la posibilidad de que determinadas decisiones públicas se utilicen de manera selectiva.

La autoridad que debería aplicar reglas generales termina teniendo oportunidades para decidir a quién controla primero, a quién concede facilidades o a quién permite continuar bajo condiciones excepcionales.

Eso puede producir dependencia política.

No significa que siempre ocurra.

Significa que el diseño institucional debe impedir que ocurra.

Las reglas claras protegen al ciudadano.

Pero también limitan el poder discrecional de la autoridad.

Y quizá por eso la simplificación administrativa sea una reforma más profunda de lo que algunos imaginan.

Porque eliminar un trámite innecesario no solamente reduce costos.

También elimina una oportunidad para decidir arbitrariamente sobre la vida económica de otra persona.

Digitalizar un procedimiento correctamente puede reducir la necesidad de intermediación.

Establecer criterios objetivos puede disminuir la discrecionalidad.

Y publicar requisitos claros puede permitir que más personas cumplan sin depender de relaciones personales.

En otras palabras, simplificar también significa redistribuir poder.

Del funcionario hacia la regla.

Del intermediario indispensable hacia el ciudadano autónomo.

De la incertidumbre hacia la previsibilidad.

Y de la tolerancia selectiva hacia la igualdad ante la ley.

Pero tampoco debemos idealizar la digitalización.

Un trámite innecesario no se vuelve útil porque ahora se realiza por internet.

Una mala regulación no deja de ser mala por tener un formulario electrónico.

Y una plataforma que multiplica verificaciones puede simplemente trasladar la burocracia de una ventanilla a una pantalla.

El objetivo no debe ser informatizar obstáculos.

Debe ser eliminarlos cuando carezcan de justificación.

La reforma auténtica comienza preguntando para qué existe cada obligación.

Qué riesgo pretende prevenir.

Si resulta proporcional.

Si puede cumplirse de manera más sencilla.

Y si el beneficio público justifica el costo impuesto al ciudadano.

Esa evaluación rara vez produce fotografías espectaculares.

No inaugura grandes edificios.

No necesita ceremonias.

Pero puede transformar la relación entre la sociedad y el Estado.

La formalización también exige dejar de medir el éxito exclusivamente por registros.

Porque un emprendedor puede inscribirse hoy y abandonar el sistema mañana.

Puede obtener un RUC y seguir sin acceso a financiamiento adecuado.

Puede cumplir sus primeras obligaciones y descubrir que crecer implica nuevas complejidades.

Por eso deberíamos medir permanencia.

Productividad.

Ingresos.

Empleo protegido.

Acceso a mercados.

Y capacidad de crecimiento.

No únicamente nuevas inscripciones.

La pregunta política es sencilla.

¿Queremos más ciudadanos registrados o más ciudadanos integrados económicamente?

Naturalmente, necesitamos ambas cosas.

Pero la segunda debería dar sentido a la primera.

El Perú no necesita un Estado dedicado a perseguir trabajadores pobres.

Tampoco necesita un sistema donde incumplir deliberadamente resulte rentable.

Necesita reglas que distingan, faciliten, protejan y sancionen correctamente.

Y necesita algo que rara vez aparece en las ceremonias de formalización.

Una evaluación seria de cuánto cuesta continuar siendo informal y cuánto cuesta, realmente, dejar de serlo.

Porque mientras esa ecuación permanezca desequilibrada, seguiremos creando nuevos programas para enfrentar el mismo problema.

Tal vez algunos funcionen.

Otros necesitarán cambios.

Y algunos deberían desaparecer.

Una política pública responsable debe tener el valor de reconocerlo.

No basta combatir la informalidad. También debemos eliminar los incentivos que hacen conveniente que siga existiendo.

AFORISMOS

  1. «Cuando cumplir cuesta demasiado, el problema no siempre está en el ciudadano; también puede estar en las reglas».
  2. «La informalidad es supervivencia para muchos, ventaja para algunos y un fracaso institucional para el país».
  3. «Un Estado que complica la formalidad termina facilitando aquello que pretende combatir».
  4. «No confundamos al emprendedor que no puede cumplir con el empresario que hace del incumplimiento su estrategia».
  5. «La burocracia innecesaria no solamente consume tiempo; también puede crear dependencias y privilegios».
  6. «Formalizar no es entregar un número de registro. Es abrir las puertas a una economía de oportunidades».
  7. «La fiscalización sin simplificación puede convertirse en castigo; la simplificación sin control, en impunidad».
  8. «Cuando crecer significa perder ventajas y multiplicar obstáculos, el sistema termina premiando quedarse pequeño».
  9. «La mejor política de formalización no es la que registra más empresas, sino la que permite que más empresas sobrevivan, crezcan y cumplan».
  10. «El Perú no necesita administrar eternamente la informalidad; necesita construir las condiciones para que deje de ser una forma habitual de sobrevivir».

PROPUESTAS

Pacto Nacional por una Formalización Productiva, Simple y Justa

La propuesta consiste en sustituir la lógica de formalización entendida principalmente como inscripción y fiscalización por una estrategia que integre productividad, simplificación, derechos laborales, tributación proporcional y acceso a mercados.

No necesitamos crear otra gran estructura burocrática. Debemos reformar y coordinar mejor las instituciones existentes.

1. Programa «Formalizar sin laberintos»

Integrar orientación y trámites de SUNAT, SUNARP, municipalidades y entidades sectoriales mediante una ruta comprensible según la actividad y sus riesgos. Eliminar requisitos duplicados y permitir intercambio de información conforme a ley.

Resultado medible: reducir el tiempo y costo total para iniciar y mantener legalmente un negocio, no solo el tiempo de obtención del RUC.

2. Simplificación de los regímenes tributarios

Evaluar técnicamente la integración gradual de regímenes para pequeñas empresas, reduciendo saltos abruptos de obligaciones, oportunidades de fragmentación artificial y dificultades de cumplimiento.

Resultado medible: permanencia en la formalidad, aumento de productividad, recaudación neta y crecimiento empresarial. La reforma deberá preservar la sostenibilidad fiscal y respetar los derechos adquiridos aplicables.

3. Transición laboral con protección efectiva

Estudiar mecanismos progresivos y financieramente sostenibles que faciliten la contratación formal de trabajadores de bajos ingresos, sin eliminar indiscriminadamente derechos esenciales de salud, seguridad o protección laboral.

Resultado medible: nuevos empleos formales que permanezcan a los 12 y 24 meses, medidos junto con ingresos y cobertura efectiva.

4. Productividad antes que subsidios permanentes

Ofrecer asistencia técnica, capacitación, contabilidad simplificada, digitalización y acceso comercial a unidades productivas con potencial de mejorar sus resultados.

Resultado medible: evolución de ingresos reales, productividad, ventas y supervivencia empresarial, comparada con grupos similares cuando sea posible.

5. Fiscalización inteligente y proporcional

Diferenciar unidades de subsistencia, incumplimientos subsanables y esquemas deliberados de evasión o simulación. Emplear perfiles de riesgo sustentados en evidencia, con derecho de defensa y controles contra decisiones arbitrarias.

Resultado medible: corrección efectiva de incumplimientos, reincidencia y resultados firmes, no únicamente cantidad de multas.

6. Acceso al financiamiento para empresas que crecen

Impulsar historial crediticio, factoring, competencia financiera, tecnologías de evaluación de riesgos y garantías focalizadas y evaluadas, evitando subsidios indiscriminados.

Resultado medible: acceso a financiamiento, costo efectivo del crédito, morosidad y productividad de los beneficiarios.

7. Protección frente a extorsión y mercados criminales

Coordinar prevención, denuncia segura, investigación financiera y protección a víctimas, priorizando actividades y territorios de alta exposición.

Resultado medible: victimización, respuesta institucional, protección efectiva y resultados judiciales.

8. Observatorio de costos de formalidad

Publicar periódicamente el costo total de iniciar, operar, contratar y crecer formalmente por sector y tamaño empresarial, utilizando procedimientos y datos oficiales.

Resultado medible: reducción real de costos administrativos y aumento de empresas que transitan y permanecen en la formalidad.

Una propuesta legislativa concreta

Ley de Evaluación del Costo de Cumplimiento para MYPE.

Propongo evaluar una iniciativa legislativa que obligue a justificar el impacto económico y administrativo de nuevas exigencias aplicables a micro y pequeñas empresas, especialmente cuando existan alternativas menos gravosas para proteger el mismo interés público.

La propuesta debería incorporar una evaluación de proporcionalidad, publicidad del costo estimado, revisión periódica de requisitos y mecanismos de simplificación, sin debilitar obligaciones indispensables de salud, seguridad, derechos laborales o ambiente.

Sería un complemento a la normativa vigente, sujeto a revisión jurídica para evitar duplicar herramientas ya existentes.

Compromiso concreto para CADE Ejecutivos 2026

Propongo que los gremios empresariales y las autoridades que participen en el foro consideren un Acuerdo por la Formalización que Permite Crecer, mediante tres compromisos voluntarios:

Identificar veinte procedimientos de alto impacto económico susceptibles de simplificación, sustentados en evidencia.

Desarrollar pilotos territoriales de acompañamiento empresarial que midan formalización y permanencia.

Publicar a los doce meses resultados de costos, productividad y empleos formales generados, sin atribuir causalidad que no haya sido evaluada.

La responsabilidad política debe ser compartida: al Estado le corresponde facilitar y controlar; al empresariado, cumplir y competir; y a los trabajadores, contar con oportunidades de capacitación y protección.

INFORMACIÓN DEL AUTOR​

Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.


El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.


JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.


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