CADE 2026 · A05
El canon, los presupuestos regionales y la paradoja de tener recursos sin conseguir desarrollo.
«Descentralizar no es trasladar el dinero de una oficina a otra. Es trasladar capacidades, decisiones y responsabilidades para mejorar la vida de las personas». — JFT
La descentralización peruana constituye una de las reformas más importantes y, al mismo tiempo, más incompletas de nuestra organización estatal. Su finalidad no debería reducirse a distribuir competencias y recursos económicos, sino permitir que las decisiones públicas se adopten con mayor conocimiento de las necesidades territoriales, bajo mecanismos efectivos de responsabilidad.
El problema no consiste exclusivamente en determinar cuánto dinero reciben los gobiernos regionales y las municipalidades. Consiste en establecer qué capacidades institucionales poseen para planificar, contratar, ejecutar, supervisar, mantener y evaluar las inversiones que financian.
Durante años, el debate público ha oscilado entre dos posiciones insuficientes: reclamar mayores recursos para las regiones o responsabilizar a sus autoridades por la falta de resultados. Ambas perspectivas identifican aspectos reales, pero ninguna explica por sí sola la complejidad del sistema.
El canon minero representa un ejemplo particularmente revelador. Su diseño busca permitir que una parte de los ingresos fiscales asociados a la explotación de recursos minerales beneficie a los territorios correspondientes. Este principio tiene una justificación política, económica y territorial: las comunidades donde se desarrollan actividades extractivas deben participar de los recursos que estas generan para el Estado.
Sin embargo, esa participación no garantiza automáticamente desarrollo. La disponibilidad de fondos debe acompañarse de inversiones bien diseñadas, servicios sostenibles y una administración competente.
Según información del Ministerio de Energía y Minas difundida el 28 de octubre de 2026, las transferencias asociadas a la actividad minera alcanzaron aproximadamente S/ 13.310 millones durante el período acumulado reportado de 2026. De ese total, alrededor de S/ 9.588 millones correspondían al canon minero. La cifra global incorpora también regalías y derechos de vigencia y penalidad, por lo que sería incorrecto denominarla íntegramente canon.
Esta magnitud obliga a preguntarnos cómo se utilizan los recursos, qué proyectos se financian y qué beneficios llegan a la población.
Pero también exige evitar una generalización injusta: no todos los gobiernos subnacionales administran sus recursos de la misma manera, ni todos sus problemas responden a incompetencia o corrupción.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la inversión pública conjunta de gobiernos regionales y locales alcanzó S/ 37.068 millones en 2025, un crecimiento real de 11,2 % respecto del año anterior. La ejecución de inversión de los gobiernos regionales llegó al 94,5 % de su presupuesto institucional modificado, mientras que la de los gobiernos locales alcanzó el 74,8 %.
Estos resultados impiden sostener, sin matices, que las regiones simplemente no gastan. Algunos gobiernos ejecutan porcentajes elevados. La pregunta siguiente es más importante: cuánto de lo ejecutado produce infraestructura operativa y servicios públicos que mejoran efectivamente la vida de los ciudadanos.
La ejecución financiera mide el avance del gasto; no equivale por sí misma a la calidad técnica, la finalización física, la utilidad social o el mantenimiento de las obras.
La descentralización también enfrenta una desigualdad estructural de origen. Los territorios con importantes actividades extractivas pueden recibir transferencias extraordinarias, mientras otras jurisdicciones dependen de mecanismos de compensación y de asignaciones nacionales.
El canon, por tanto, no constituye un instrumento suficiente para garantizar equidad territorial. Debe formar parte de un sistema fiscal intergubernamental que combine participación en rentas de recursos naturales, mecanismos redistributivos y responsabilidades claras.
Desde una perspectiva política de centro, no corresponde proponer una recentralización generalizada que prive a las regiones de autonomía, ni defender una descentralización que confunda autonomía con ausencia de control.
La solución requiere fortalecer capacidades técnicas, profesionalizar la gestión pública, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, desarrollar mecanismos de asistencia diferenciada y exigir rendición de cuentas sobre resultados.
Existe además una dimensión económica fundamental. Una región no progresa únicamente construyendo infraestructura. Necesita articular su producción con mercados, desarrollar capital humano, disponer de servicios esenciales y generar condiciones para la inversión privada.
El gasto público debe convertirse en una herramienta para ampliar la productividad territorial, no solamente en una sucesión de proyectos que consumen presupuestos.
CADE Ejecutivos 2026 abordará expresamente este desafío durante su segunda jornada, dedicada a «Crecer desde las regiones». La agenda incluye una sesión sobre recursos descentralizados y evidencia del uso de presupuestos y canon, a cargo del economista Antonio Cusato, así como intervenciones de representantes empresariales y autoridades regionales.
El foro ofrece una oportunidad para dejar de discutir la descentralización exclusivamente como distribución de fondos y comenzar a examinarla como una reforma de gestión del Estado.
Tesis política JFT: La descentralización debe medirse por la capacidad de los territorios para transformar recursos públicos en oportunidades, servicios y productividad, sin renunciar a la autonomía política ni a la responsabilidad institucional.
El dinero llegó. ¿Y el desarrollo?
Hay una pregunta que deberíamos hacer con mayor frecuencia en el Perú.
¿Qué ocurre entre el momento en que se transfiere dinero público a una región y aquel en que el ciudadano debería recibir un servicio?
Porque hemos construido un sistema donde las transferencias tienen fechas, los presupuestos tienen partidas y las inversiones tienen expedientes.
Pero no siempre conseguimos que las soluciones tengan resultados.
Durante años hemos hablado de descentralización como si se tratara principalmente de trasladar poder y recursos desde Lima hacia las regiones.
La idea tenía sentido.
Y continúa teniéndolo.
Un país tan diverso como el Perú no puede administrarse adecuadamente suponiendo que todas sus necesidades son idénticas.
La Amazonía tiene desafíos distintos de los de la costa.
Las zonas altoandinas enfrentan problemas diferentes de los de las grandes ciudades.
Las regiones mineras, agrícolas, industriales y turísticas necesitan políticas que comprendan sus particularidades.
Por eso defiendo la descentralización.
Pero también creo que debemos preguntarnos qué hemos hecho con ella.
Porque descentralizar no consiste únicamente en trasladar presupuestos.
Consiste en desarrollar capacidad de decisión, gestión y responsabilidad.
Y ahí comienzan nuestras dificultades.
Un gobierno regional puede recibir recursos importantes.
Una municipalidad puede anunciar nuevas inversiones.
Una autoridad puede presentar un ambicioso programa de obras.
Hasta ese momento, todo parece razonable.
El problema comienza cuando el proyecto necesita un expediente técnico adecuado, una contratación transparente, supervisión, coordinación con otras instituciones y capacidad para operar lo construido.
Entonces descubrimos que disponer de recursos no equivale necesariamente a saber utilizarlos.
Y tampoco significa que el dinero pueda resolver problemas institucionales acumulados durante años.
Pensemos en el canon.
Su lógica es comprensible.
Si una actividad extractiva genera ingresos importantes para el Estado, resulta legítimo que los territorios vinculados a esa actividad participen de tales recursos.
Pero hay algo que hemos confundido.
El canon es un instrumento de financiamiento.
No es una política de desarrollo completa.
No forma maestros por sí mismo.
No convierte automáticamente un hospital en un servicio eficiente.
No garantiza que una carretera se mantenga en buenas condiciones.
Y tampoco produce empresas competitivas simplemente porque exista dinero disponible.
Para eso necesitamos gestión.
Planificación.
Personal capacitado.
Mantenimiento.
Y decisiones que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos.
Sin embargo, nuestro debate público suele quedarse en la primera etapa.
¿Cuánto recibió la región?
¿Cuánto ejecutó?
¿Cuánto quedó sin gastar?
Son preguntas necesarias.
Pero insuficientes.
Porque gastar dinero público no es lo mismo que resolver un problema público.
Y esa diferencia puede parecer pequeña en un informe, pero resulta enorme en la vida de las personas.
Una infraestructura de salud puede estar construida y seguir sin ofrecer los servicios previstos.
Un sistema de agua puede requerir inversiones adicionales de operación y mantenimiento.
Una carretera puede inaugurarse sin contar con un esquema suficiente para conservarla.
Y un mercado municipal puede terminar siendo poco utilizado si fue diseñado sin comprender realmente las necesidades de comerciantes y consumidores.
No afirmo que estos ejemplos describan todas las obras regionales. Son situaciones posibles que sirven para mostrar la diferencia entre construir y entregar un servicio útil.
Porque no todo proyecto concluido representa automáticamente una inversión exitosa.
La verdadera pregunta es si produce beneficios sostenibles.
Y eso exige una forma distinta de gobernar.
Imaginemos que una autoridad regional propone construir una nueva infraestructura.
Antes de anunciar el presupuesto, debería explicar cuál es el problema que pretende resolver.
A cuántas personas beneficiará.
Qué alternativas se evaluaron.
Cuánto costará construirla.
Cuánto costará mantenerla.
Quién será responsable de operarla.
Y cómo sabremos, dentro de algunos años, si cumplió su propósito.
No parece una exigencia extraordinaria.
Es lo mínimo que debería esperarse de cualquier decisión responsable.
Sin embargo, la política suele tener una relación peculiar con las obras.
La inauguración ofrece reconocimiento inmediato.
El mantenimiento, casi nunca.
La fotografía de una nueva construcción genera atención.
La supervisión de su funcionamiento durante diez años no produce el mismo entusiasmo.
Y así terminamos privilegiando aquello que puede anunciarse sobre aquello que debe sostenerse.
Pero el problema no termina en los gobiernos regionales.
El Gobierno nacional también tiene responsabilidades.
No es razonable transferir competencias sin asegurar que existan condiciones suficientes para ejercerlas.
Tampoco tiene sentido diseñar procedimientos nacionales complejos y luego responsabilizar exclusivamente a las autoridades territoriales por las dificultades de implementación.
La descentralización es un sistema.
No una competencia para encontrar culpables.
Cuando una región carece de profesionales suficientes para formular determinados proyectos, necesita mecanismos de asistencia técnica que funcionen.
Cuando existe una inversión que afecta a varias jurisdicciones, se requieren instrumentos de coordinación.
Cuando una municipalidad no dispone de escala suficiente para prestar un servicio, pueden explorarse soluciones compartidas.
Y cuando una autoridad incumple sus obligaciones, deben funcionar los mecanismos de control y responsabilidad previstos por la ley.
Autonomía no significa impunidad.
Pero control tampoco debería significar parálisis.
Este equilibrio es esencial.
Una administración pública que teme decidir puede terminar siendo tan perjudicial como otra que decide arbitrariamente.
Necesitamos controles inteligentes.
Que prevengan abusos.
Que detecten riesgos.
Que faciliten decisiones legales y oportunas.
Y que distingan adecuadamente entre errores administrativos, deficiencias de gestión e irregularidades con responsabilidad legal.
La corrupción debe investigarse y sancionarse conforme a la ley.
Pero no deberíamos convertir toda falla de gestión en una acusación de corrupción sin evidencia.
Porque el objetivo no es solamente castigar.
Es conseguir que las instituciones funcionen mejor.
Existe otro problema que rara vez ocupa el centro del debate.
La descentralización económica.
Hemos avanzado en transferir recursos a territorios, pero seguimos enfrentando enormes dificultades para desarrollar oportunidades productivas suficientemente diversificadas.
Una región puede disponer de importantes ingresos fiscales y mantener una economía local con escasa articulación empresarial.
Puede tener grandes proyectos extractivos sin integrar adecuadamente a sus pequeños productores.
Y puede recibir inversiones públicas sin desarrollar una base económica capaz de sostener empleo productivo.
Eso demuestra que necesitamos algo más que presupuestos.
Necesitamos estrategias territoriales.
Carreteras que respondan a corredores económicos.
Formación técnica vinculada a actividades productivas.
Infraestructura que facilite el acceso a mercados.
Servicios públicos que hagan posible vivir e invertir.
Y un sistema administrativo que no convierta cada emprendimiento en una sucesión de obstáculos.
La descentralización verdadera debe permitir que una persona pueda construir su futuro sin verse obligada a abandonar su región por falta de oportunidades.
No significa impedir la migración.
Significa que migrar sea una elección y no una necesidad impuesta por la ausencia de alternativas.
Por eso, cuando se hable del canon en CADE 2026, me interesará escuchar algo más que cifras de transferencias.
Quisiera conocer qué regiones están consiguiendo convertir sus recursos en desarrollo sostenible.
Qué proyectos funcionan.
Cuáles enfrentan dificultades.
Qué mecanismos institucionales explican los buenos resultados.
Y qué cambios necesitamos para evitar repetir errores.
Porque hay autoridades que hacen las cosas correctamente.
Hay funcionarios comprometidos.
Existen gobiernos locales que desarrollan buenas prácticas.
Y también tenemos experiencias que merecen ser estudiadas antes de plantear nuevas reformas.
El problema sería tratar a todas las regiones como si fueran iguales.
O utilizar casos deficientes para desacreditar la descentralización en su conjunto.
Eso sería tan equivocado como defender cualquier decisión regional por el simple hecho de haber sido adoptada fuera de Lima.
La autonomía necesita responsabilidad.
Y la responsabilidad necesita capacidades.
La solución no consiste en devolver todo el poder al Gobierno central.
Tampoco en multiplicar las transferencias sin preguntarnos cómo se utilizan.
Consiste en construir un Estado donde cada nivel de gobierno tenga competencias claras, recursos adecuados, personal competente y obligaciones verificables.
Porque los ciudadanos no viven dentro de organigramas.
Viven en ciudades, comunidades y distritos donde necesitan servicios.
No les interesa demasiado qué entidad debía coordinar con cuál cuando una obra no funciona.
Lo que quieren es que funcione.
Y tienen razón.
Tal vez nuestra gran equivocación haya sido considerar que descentralizar equivalía principalmente a distribuir poder político y dinero.
Olvidamos que también debíamos distribuir capacidad institucional.
Y ahora tenemos la oportunidad de corregirlo.
El Perú necesita regiones fuertes.
No solamente regiones con mayores presupuestos.
Fuertes en planificación.
Fuertes en gestión.
Fuertes en oportunidades productivas.
Y fuertes en mecanismos democráticos de responsabilidad.
Porque no habremos descentralizado verdaderamente el desarrollo mientras sigamos considerando que el éxito de una transferencia consiste en que el dinero llegó a su destino administrativo.
El dinero no debe terminar su recorrido cuando ingresa a una cuenta pública. Debe terminarlo cuando se convierte en una oportunidad real para las personas.
Este artículo proporciona la base de un programa de aproximadamente 52 minutos, dedicado al segundo eje del CADE 2026: Crecer desde las regiones.
Frase ancla para televisión:
«No quiero que una región sea recordada por cuánto dinero recibió. Quiero que sea reconocida por lo que consiguió hacer con él».
El contraste entre transferencias de canon, ejecución de inversiones y obras paralizadas permitiría construir tres láminas de especial valor para el programa, cuidando siempre de distinguir sus universos estadísticos.
Fuentes atribuidas en el texto original del expediente: MEF (canon y ejecución de inversión 2025); MINEM (transferencias mineras a octubre de 2026); Contraloría General de la República (obras paralizadas a marzo y noviembre de 2026); IPAE (programa CADE Ejecutivos 2026, actualización al 11 de noviembre); normas sobre descentralización y canon. La presente versión preserva el texto editorial trabajado. Las cifras, cortes, referencias específicas y vigencia normativa deben verificarse contra publicaciones primarias antes de su difusión pública.
LA OTRA CARA
¿Y si el problema no fuera la descentralización, sino un centralismo que nunca terminó de marcharse?
La descentralización peruana suele recibir críticas por la calidad de la gestión regional y municipal.
Algunas están justificadas.
Existen proyectos deficientes, dificultades administrativas, problemas de contratación y responsabilidades que deben investigarse.
Pero reducir el diagnóstico a una supuesta incapacidad de las regiones sería políticamente cómodo y técnicamente incompleto.
Porque la descentralización no fue diseñada ni ejecutada exclusivamente por las autoridades regionales.
El Gobierno nacional definió buena parte de las competencias, los sistemas administrativos, las reglas presupuestales y los mecanismos de distribución de recursos.
Numerosos proyectos requieren autorizaciones, coordinación o decisiones de entidades nacionales.
Y determinadas capacidades técnicas continúan concentradas en Lima.
Por eso debemos preguntarnos si realmente descentralizamos el Estado o si solamente distribuimos algunas responsabilidades manteniendo concentrados instrumentos fundamentales de decisión.
La diferencia es decisiva.
Un gobierno regional puede ser responsable de un servicio, pero enfrentar limitaciones institucionales para desarrollar plenamente sus capacidades de gestión.
Una municipalidad puede recibir recursos que no guarda relación suficiente con su capacidad técnica.
Y una región puede necesitar inversiones que exceden las fronteras de varias municipalidades, sin contar con mecanismos adecuados de coordinación territorial.
En estas circunstancias, exigir resultados sin revisar el diseño institucional puede convertirse en una forma de trasladar responsabilidades sin resolver sus causas.
También existe una desigualdad fiscal.
El canon está relacionado con la ubicación de determinadas actividades de aprovechamiento de recursos naturales.
Por ello, territorios con grandes operaciones extractivas pueden recibir ingresos significativamente superiores a los de otros departamentos, independientemente de que estos últimos enfrenten necesidades igualmente importantes.
Esta característica no significa que debamos eliminar la participación de los territorios productores.
Sus derechos e intereses legítimos deben reconocerse.
Pero muestra que el canon no puede reemplazar un sistema nacional de compensación y financiamiento de servicios.
Por otro lado, las transferencias presentan variaciones relacionadas con la rentabilidad de las actividades extractivas, los precios internacionales y la recaudación tributaria.
Esto dificulta la planificación de largo plazo si las autoridades asumen que los ingresos extraordinarios serán permanentes.
Otro asunto frecuentemente ignorado es la escala territorial.
No todas las municipalidades cuentan con el tamaño, el personal o la demanda de servicios suficientes para desarrollar de manera autónoma ciertas inversiones.
En algunos casos, la solución puede requerir asociaciones municipales, proyectos compartidos o mecanismos de prestación conjunta.
Pero estas decisiones necesitan coordinación y acuerdos.
No deben imponerse indiscriminadamente.
La alternativa, entonces, no consiste en recentralizar.
Consiste en completar la descentralización.
Eso implica distribuir competencias con claridad, ofrecer asistencia técnica, fortalecer sistemas profesionales de gestión y establecer mecanismos estables de coordinación.
También implica que las autoridades regionales y locales asuman responsabilidades sin utilizar permanentemente al centralismo como explicación de todos sus problemas.
Porque sería igualmente equivocado convertir la autonomía regional en una justificación para eludir la rendición de cuentas.
La descentralización necesita dos condiciones simultáneas.
Un Gobierno nacional dispuesto a compartir capacidades y decisiones.
Y gobiernos territoriales dispuestos a ejercerlas con responsabilidad.
No podemos exigir una descentralización exitosa si distribuimos las obligaciones sin desarrollar suficientemente las capacidades para cumplirlas.
Los administradores del presupuesto y los huérfanos del desarrollo
Hay una diferencia fundamental entre administrar dinero y administrar soluciones.
La primera actividad comienza con una cuenta presupuestal.
La segunda comienza con un problema ciudadano.
Y aunque ambas deberían encontrarse, en el Perú no siempre conseguimos que lo hagan.
Cada año asistimos a una discusión relativamente previsible.
Los gobiernos regionales reclaman mayores recursos.
Las municipalidades exigen transferencias.
Las autoridades nacionales anuncian asignaciones.
Y los informes presupuestales registran avances.
Entonces comienza una competencia silenciosa.
Quién recibió más.
Quién gastó más.
Quién ejecutó más rápido.
Quién inauguró más proyectos.
Pero rara vez preguntamos con la misma intensidad quién resolvió mejor los problemas.
Porque una autoridad puede administrar grandes presupuestos sin desarrollar una estrategia productiva.
Puede construir infraestructura sin garantizar su funcionamiento.
Y puede terminar su gestión habiendo gastado enormes cantidades de dinero sin dejar instituciones más capaces que las que encontró.
No digo que esta situación describa a todos los gobiernos regionales.
Sería falso e injusto.
Pero constituye un riesgo recurrente de cualquier sistema público que premia el gasto visible más que los resultados sostenibles.
Lo curioso es que hemos llegado a considerar el dinero como una medida de poder político.
Cuanto mayor es el presupuesto, mayor parece la importancia de una autoridad.
Cuanto más grande es una obra, mayor suele ser la atención que recibe.
Y cuanto más espectacular resulta una inauguración, mayores pueden ser sus beneficios políticos inmediatos.
Sin embargo, al ciudadano no debería interesarle especialmente el tamaño del presupuesto.
Le interesa el tamaño del problema que se resolvió.
No necesita una ceremonia para comprobar que dispone de agua segura.
No requiere un discurso para saber que un centro de salud funciona.
No necesita una fotografía institucional para comprobar que puede transportar sus productos a menor costo.
Los resultados deberían hablar por sí mismos.
Pero hay algo más.
La distribución de grandes recursos puede generar intereses económicos alrededor de la contratación pública.
Empresas proveedoras.
Consultores.
Contratistas.
Supervisores.
Intermediarios.
Y personas que legítimamente trabajan para ejecutar inversiones.
Nada de eso constituye por sí mismo una irregularidad.
La contratación de bienes y servicios es necesaria para que el Estado funcione.
El problema aparece cuando los mecanismos de control son insuficientes, cuando existen conflictos de intereses no gestionados o cuando los procedimientos permiten decisiones arbitrarias.
Entonces surge la posibilidad de que algunas personas encuentren beneficios en la permanencia de proyectos deficientemente administrados.
No corresponde afirmar que toda obra paralizada sea un negocio irregular.
Las causas pueden incluir dificultades técnicas, presupuestales, contractuales, ambientales, sociales o legales.
Pero sí corresponde exigir que cada paralización tenga una explicación documentada y que las responsabilidades se determinen conforme a la evidencia.
Porque el presupuesto público no pertenece a las autoridades.
Tampoco pertenece a los contratistas.
Ni a los partidos que ganaron elecciones.
Pertenece al Estado y debe administrarse para satisfacer necesidades públicas.
Y aquí aparece una pregunta incómoda.
¿Qué incentivos hemos creado para premiar a una autoridad que inaugura una obra, pero no necesariamente a otra que garantiza su funcionamiento durante años?
¿Por qué la política celebra tanto el comienzo de los proyectos y tan poco su mantenimiento?
¿Por qué resulta más fácil anunciar una infraestructura nueva que reconocer públicamente que debemos reparar una existente?
Tal vez porque construir suele ofrecer mayor visibilidad política.
Mientras que conservar exige una responsabilidad menos espectacular.
Pero la gestión pública no debería organizarse alrededor de la espectacularidad.
Debería organizarse alrededor de resultados.
Una región que utiliza sus recursos para desarrollar infraestructura bien planificada, servicios eficientes y oportunidades productivas merece reconocimiento.
Una autoridad que consigue reducir costos administrativos sin sacrificar controles también.
Y un gobierno que decide no ejecutar un proyecto mal diseñado, mientras corrige técnicamente sus deficiencias, no debería ser automáticamente considerado ineficiente.
Porque gastar mal puede ser mucho peor que gastar menos temporalmente mientras se prepara una inversión adecuada.
Aunque tampoco podemos convertir esa prudencia en excusa para no ejecutar nunca.
La responsabilidad exige equilibrio.
Planificar correctamente.
Ejecutar oportunamente.
Supervisar con independencia.
Mantener lo construido.
Y medir los beneficios.
El verdadero problema aparece cuando transformamos la administración presupuestal en un fin político.
Cuando los informes celebran porcentajes, pero los ciudadanos siguen esperando servicios.
Cuando cada nueva autoridad comienza anunciando proyectos distintos de los de su antecesor, sin evaluar antes cuáles deben concluirse.
Y cuando las instituciones parecen condenadas a empezar permanentemente, en lugar de construir sobre lo aprendido.
Necesitamos cambiar esa cultura.
No me interesa que una región tenga el presupuesto más grande.
Me interesa que sus ciudadanos dispongan de mayores oportunidades.
No me impresiona el número de obras anunciadas.
Me importa cuántas funcionan.
Y no considero que una autoridad sea necesariamente buena porque ejecute mucho dinero.
Quiero saber si administró correctamente los recursos y qué resultados dejó.
Porque descentralizar debería significar acercar el poder al ciudadano.
No simplemente acercar el presupuesto a nuevas oficinas.
El problema del Perú no es solamente que existan administradores de recursos públicos. Es que todavía necesitamos muchos más constructores de desarrollo.
AFORISMOS
- «Descentralizar no es repartir dinero; es repartir responsabilidades y construir capacidades».
- «El canon es una oportunidad de desarrollo, no un certificado de buena gestión».
- «Una región no es más rica porque recibe más presupuesto, sino porque consigue transformar sus recursos en bienestar».
- «La autonomía sin responsabilidad puede convertirse en privilegio; la responsabilidad sin autonomía, en simulación».
- «No confundamos ejecutar el presupuesto con ejecutar soluciones».
- «El dinero público no debe terminar su recorrido en una oficina, sino en la vida del ciudadano».
- «Una obra inaugurada no es necesariamente una necesidad resuelta».
- «El centralismo concentra decisiones; la mala descentralización distribuye errores. El buen gobierno debe superar ambos».
- «La riqueza natural de un territorio no reemplaza la inteligencia de sus instituciones».
- «El Perú no necesita regiones dependientes del presupuesto; necesita regiones capaces de construir desarrollo».
PROPUESTAS
Pacto Nacional por una Descentralización con Resultados
Propongo que el Perú avance hacia un modelo de descentralización basado en tres fundamentos: autonomía territorial, capacidad institucional y responsabilidad verificable.
No se trata de crear otro organismo ni de multiplicar los procedimientos de control. Se trata de corregir el diseño de incentivos del sistema existente y fortalecer la calidad de las decisiones.
1. Presupuesto por servicios efectivamente entregados
Incorporar, junto a la ejecución financiera, indicadores de avance físico, entrega, funcionamiento y calidad del servicio. Aprovechar los sistemas del MEF y los registros sectoriales, sin duplicar obligaciones innecesarias.
Resultado a evaluar: porcentaje de proyectos concluidos que prestan efectivamente el servicio previsto.
2. Servicio profesional de gestión regional
Desarrollar equipos especializados y mecanismos de asistencia técnica para formulación de inversiones, contratación, ingeniería, presupuesto, administración y evaluación. Favorecer continuidad profesional entre gestiones mediante reglas meritocráticas.
Resultado a evaluar: reducción de expedientes observados, retrasos y deficiencias técnicas.
3. Planificación plurianual del canon
Mejorar la programación de inversiones considerando variaciones de ingresos extractivos y obligaciones futuras de operación y mantenimiento.
Establecer escenarios prudentes para ingresos extraordinarios y mecanismos de priorización compatibles con las restricciones legales aplicables.
Resultado a evaluar: continuidad de proyectos prioritarios y suficiencia financiera para mantener los servicios.
4. Recuperación de obras paralizadas
Clasificar cada obra por causa de paralización, monto pendiente, utilidad social y viabilidad de culminación. Priorizar intervenciones con alto beneficio ciudadano, evitando continuar automáticamente proyectos que resulten inviables.
Resultado a evaluar: obras recuperadas que entran efectivamente en servicio, costo final y plazo de entrega.
5. Asociaciones intermunicipales y proyectos compartidos
Facilitar la ejecución conjunta de servicios e infraestructura cuando la escala económica o territorial haga ineficiente que cada municipalidad actúe individualmente.
Resultado a evaluar: costos unitarios, cobertura efectiva y mejora de servicios en los municipios participantes.
6. Inversión pública vinculada con cadenas productivas
Coordinar infraestructura logística, conectividad, energía, riego, formación técnica y desarrollo empresarial en corredores territoriales previamente identificados.
Resultado a evaluar: reducción de costos logísticos, productividad regional y crecimiento del empleo formal.
7. Control preventivo con garantías de debido procedimiento
Reforzar el uso de alertas de riesgo y mecanismos de control concurrente, evitando que la supervisión se convierta en una autorización previa generalizada que paralice decisiones legítimas.
Resultado a evaluar: alertas corregidas, reducción de riesgos materializados y resolución de responsabilidades mediante procedimientos legales.
8. Observatorio Regional de Resultados
Integrar información pública disponible sobre transferencias, presupuestos, contratación, proyectos, servicios y brechas sociales para permitir comparaciones transparentes.
Resultado a evaluar: información actualizada y verificable por región, provincia, distrito y proyecto, con metodología pública.
El compromiso que plantearía a CADE 2026
Que IPAE proponga a los gobiernos regionales, cámaras de comercio y organizaciones empresariales interesadas un Acuerdo por la Inversión Regional que Funciona.
Su primera aplicación podría consistir en seleccionar voluntariamente proyectos prioritarios por territorio y publicar cinco datos de cada uno: necesidad a resolver, costo total, responsable institucional, fecha prevista de entrega e indicador de funcionamiento.
No sería una obligación creada por el CADE, sino un compromiso voluntario y verificable que las entidades competentes podrían asumir.
Una propuesta adicional: que cada región publique una evaluación anual de inversiones concluidas que todavía no prestan adecuadamente el servicio para el cual fueron construidas.
Ese indicador ayudaría a identificar uno de los problemas que la ejecución presupuestal, por sí sola, no logra mostrar.
INFORMACIÓN DEL AUTOR
Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.
El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.
JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.