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CADE2026 A04: El Perú crece, pero ¿quién progresa?

CADE 2026 · A04

La economía se mide en cifras; el desarrollo se comprueba en la vida de las personas.

«El crecimiento económico es indispensable, pero pierde su sentido político cuando la prosperidad del país no se convierte en oportunidades para sus ciudadanos». — JFT

El crecimiento económico es una condición fundamental para el desarrollo, pero no constituye por sí mismo una garantía de progreso social. Una economía puede aumentar su producción, atraer inversiones y mejorar sus indicadores macroeconómicos mientras importantes sectores de la población continúan enfrentando bajos ingresos, precariedad laboral, servicios públicos deficientes y oportunidades limitadas de movilidad social.

El Perú constituye un ejemplo especialmente relevante de esta tensión. Su historia económica reciente demuestra la importancia de la estabilidad monetaria, la inversión privada, la integración comercial y la disciplina macroeconómica. Sin embargo, también evidencia las dificultades para transformar esas condiciones en un sistema suficientemente amplio de bienestar y oportunidades.

Según el INEI, la economía peruana creció 3,4 % en 2025. Durante el segundo trimestre de 2026, el producto bruto interno registró un incremento interanual de 2,6 %, mientras que el crecimiento acumulado del primer semestre alcanzó 3,0 %. Estas cifras muestran una economía en expansión, aunque no permiten concluir que todos los hogares o territorios se estén beneficiando en igual proporción.

El contraste social es significativo. La pobreza monetaria descendió de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025. Es una mejora que merece reconocerse. Sin embargo, el 32,8 % de la población permaneció en situación de vulnerabilidad monetaria: personas cuyos recursos superaban el umbral de pobreza, pero que podían retornar a esa condición ante dificultades económicas.

El problema central no es negar los beneficios del crecimiento. Sería un error económico y político. La reducción de la pobreza exige capacidad productiva, generación de empleo, inversión, productividad y sostenibilidad fiscal.

El verdadero desafío consiste en identificar los mecanismos mediante los cuales la creación de riqueza se transforma en mayores ingresos reales, empleo formal, mejores servicios y posibilidades de desarrollo personal.

Desde una posición política de centro, debemos rechazar dos interpretaciones extremas.

La primera sostiene que basta con permitir que la economía crezca para que las oportunidades terminen alcanzando espontáneamente a todos. Este planteamiento subestima los problemas de productividad, informalidad, concentración territorial de infraestructura y calidad de los servicios públicos.

La segunda considera que el crecimiento empresarial representa principalmente un beneficio para los sectores de mayores ingresos y que el bienestar puede conseguirse mediante redistribución, sin prestar suficiente atención a la producción, inversión y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ambas aproximaciones son insuficientes.

La riqueza debe producirse antes de poder distribuirse, pero las instituciones también deben permitir que una proporción creciente de la población participe productivamente en su generación.

Esto obliga a modificar nuestra manera de evaluar el desempeño económico. El producto bruto interno es un indicador indispensable para conocer la actividad agregada, pero debe acompañarse de información sobre productividad laboral, salarios reales, formalización, pobreza, movilidad social, inversión territorial y calidad de los servicios públicos.

El desafío no consiste en sustituir el PBI por una medición subjetiva de felicidad, ni en reducir el desarrollo a una cifra única. Consiste en utilizar un tablero coherente de indicadores económicos y sociales que permita identificar si el crecimiento está ampliando oportunidades.

En la agenda de CADE Ejecutivos 2026, las intervenciones previstas sobre economía, crecimiento regional, inversión y productividad ofrecen una oportunidad para discutir esta relación.

El debate debería evitar enfrentar artificialmente al empresariado con la ciudadanía. El crecimiento empresarial es una de las principales fuentes potenciales de bienestar. Precisamente por ello, necesitamos establecer qué condiciones permiten que se traduzca en mejores empleos, mayor competencia, innovación, tributación sostenible e inversiones capaces de generar valor social.

La pregunta decisiva no es únicamente cuánto crece el Perú, sino también dónde crece, quién participa de ese crecimiento, qué tipo de empleo produce y cuánta capacidad genera para sostener el desarrollo futuro.

Tesis política JFT: No necesitamos elegir entre crecimiento económico y progreso social. Necesitamos construir instituciones que hagan del primero una fuente cada vez más amplia, sostenible y comprobable del segundo.

La economía de los aplausos y el país de las preocupaciones

Hay dos maneras de contar la historia económica del Perú.

La primera suele comenzar con cifras.

El producto bruto interno creció.

Las exportaciones mejoraron.

La inflación se mantiene bajo control.

La moneda conserva estabilidad.

Y los indicadores permiten proyectar escenarios alentadores.

La segunda historia comienza de manera diferente.

¿Alcanza para llegar a fin de mes?

¿Conseguiré un mejor trabajo?

¿Podré pagar los estudios de mis hijos?

¿Será seguro mantener abierto mi negocio?

¿Podré atenderme cuando esté enfermo?

Las dos historias describen al mismo país.

Y ambas merecen ser escuchadas.

El problema aparece cuando pretendemos que una sustituya a la otra.

Porque una economía puede crecer sin que ese crecimiento se refleje inmediatamente en todas las familias.

Y una familia puede experimentar dificultades económicas incluso cuando los indicadores nacionales muestran una evolución favorable.

Eso no significa que las estadísticas sean falsas.

Significa que representan dimensiones diferentes de la realidad.

El PBI mide el valor de la producción.

No mide directamente la tranquilidad de los hogares.

No nos dice cuántas personas pueden pagar una emergencia médica sin endeudarse.

No explica por sí solo si los jóvenes consiguen empleos acordes con su formación.

Y tampoco muestra automáticamente cuánto tiempo pierde un ciudadano intentando resolver un trámite público.

Por eso, cuando escucho que el Perú está creciendo, me parece una buena noticia.

Pero inmediatamente quiero formular otra pregunta.

¿Quién está progresando?

No es una pregunta contra el empresario.

Tampoco contra el mercado.

Mucho menos contra quienes defienden la estabilidad económica.

Es una pregunta a favor del desarrollo.

Porque el crecimiento económico es necesario.

Sin inversión no se construyen empresas productivas.

Sin empresas productivas resulta difícil crear suficientes empleos de calidad.

Sin productividad no podemos mejorar sostenidamente los ingresos reales.

Y sin una economía que genere recursos tampoco podremos financiar adecuadamente los servicios públicos.

Negar estas relaciones sería simplemente desconocer cómo funciona una economía moderna.

Pero reconocerlas no significa que debamos dejar de hacer preguntas.

Durante años hemos aprendido a celebrar el crecimiento con cierta solemnidad.

Cuando la economía avanza, aparecen los discursos optimistas.

Cuando llegan inversiones, se anuncian oportunidades.

Y cuando se presentan indicadores favorables, es natural que las autoridades quieran exhibir resultados.

Lo preocupante sería que esa celebración terminara antes de preguntarnos qué cambió realmente.

Pensemos en una pequeña empresa.

Puede incrementar sus ventas y, sin embargo, continuar enfrentando dificultades financieras.

¿Por qué?

Porque vender más no significa necesariamente ganar más.

Los costos pueden elevarse.

La productividad puede ser insuficiente.

Las deudas pueden absorber los ingresos.

Y una parte del crecimiento puede no convertirse en mejores condiciones para sus trabajadores.

Con el país sucede algo parecido.

La producción agregada importa.

Pero necesitamos conocer también la calidad de ese crecimiento.

De dónde proviene.

Cuánto empleo genera.

Qué sectores productivos incorpora.

En qué territorios ocurre.

Y qué posibilidades crea para el futuro.

Aquí aparece una contradicción especialmente peruana.

Somos capaces de generar riqueza en sectores extraordinariamente competitivos y, al mismo tiempo, mantener regiones donde numerosos ciudadanos carecen de servicios básicos adecuados.

Podemos exportar productos sofisticados y continuar enfrentando dificultades para integrar pequeños productores a las cadenas de valor.

Podemos ofrecer condiciones atractivas a inversionistas y mantener procedimientos administrativos que complican innecesariamente la vida de pequeños empresarios.

No existe una razón económica inevitable para que esta contradicción permanezca.

Pero tampoco desaparecerá mediante discursos.

Requiere decisiones.

Inversión.

Gestión.

Y, sobre todo, instituciones que funcionen.

La estabilidad macroeconómica constituye uno de los activos más importantes del Perú.

Debemos cuidarla.

Sería irresponsable utilizar las legítimas demandas sociales como excusa para promover políticas que destruyan la confianza monetaria, comprometan indefinidamente las finanzas públicas o desincentiven la inversión productiva.

La inflación elevada castiga especialmente a quienes tienen menos capacidad para proteger sus ingresos.

El desorden fiscal puede terminar afectando la sostenibilidad de los servicios públicos.

Y la incertidumbre jurídica perjudica tanto a grandes inversionistas como a pequeños emprendedores.

Sin embargo, tampoco podemos considerar que la estabilidad sea el punto final de la política económica.

Es el punto de partida.

Una moneda estable no enseña por sí sola a leer mejor.

Un buen balance macroeconómico no construye automáticamente hospitales eficientes.

Y una mejora de las exportaciones no garantiza que desaparezcan los obstáculos administrativos que enfrentan miles de productores.

Eso exige políticas adicionales.

Políticas educativas que produzcan aprendizajes.

Infraestructura que conecte mercados.

Seguridad que proteja a trabajadores y empresarios.

Instituciones que faciliten la competencia.

Y una administración pública que entienda que su responsabilidad no consiste en complicar las actividades de las personas, sino en proteger el interés público de manera eficiente.

Conviene detenernos en esta última cuestión.

El costo de una mala gestión estatal no siempre aparece con claridad en las grandes estadísticas económicas.

Cuando una carretera permanece inconclusa, los productores pagan mayores costos logísticos.

Cuando un trámite demora injustificadamente, se posterga una inversión.

Cuando un hospital funciona deficientemente, una familia puede perder ingresos, tiempo y patrimonio.

Cuando la delincuencia obliga a una empresa a cerrar temprano, contratar seguridad adicional o pagar extorsiones, la productividad y las oportunidades se resienten.

Todos estos problemas tienen consecuencias económicas.

Y también sociales.

Porque una nación no pierde oportunidades únicamente cuando deja de invertir.

También las pierde cuando desperdicia recursos, tiempo y talento.

Por eso me preocupa que discutamos tanto cuánto dinero se asigna y, en ocasiones, tan poco cuánto valor público conseguimos producir.

La ejecución presupuestal es relevante.

Pero gastar no equivale necesariamente a resolver.

Un gobierno regional puede alcanzar una elevada ejecución y entregar proyectos deficientes.

Una municipalidad puede anunciar numerosas obras sin garantizar su mantenimiento.

Y una entidad pública puede incrementar su presupuesto sin mejorar proporcionalmente la calidad de atención.

En el sector privado ocurre algo semejante.

Una empresa puede aumentar su tamaño sin incrementar suficientemente su productividad.

Puede incrementar sus ingresos sin mejorar su competitividad.

Y puede sostener márgenes gracias a posiciones privilegiadas, en lugar de generar innovación.

Por eso el progreso debe exigirse a todos.

Al Estado, resultados.

A las empresas, productividad y competencia legítima.

A los trabajadores, oportunidades para desarrollar capacidades.

Y a la sociedad, responsabilidad en el cumplimiento de las reglas.

No es una lucha entre sectores.

Es una exigencia de funcionamiento institucional.

En este noviembre, CADE Ejecutivos 2026 discutirá cómo unir esfuerzos para avanzar.

Me parece oportuno.

Pero quisiera que el encuentro hiciera un esfuerzo adicional.

Que no solamente nos explique cuánto podría crecer el país.

Que nos diga qué debemos cambiar para que ese crecimiento produzca mejores condiciones de vida.

Porque hay una enorme diferencia entre tener potencial y aprovecharlo.

Entre anunciar inversiones y ejecutarlas correctamente.

Entre crear empleo y generar empleo productivo.

Entre aumentar presupuestos y prestar mejores servicios.

Y entre decir que el Perú progresa y conseguir que ese progreso pueda reconocerse en las familias.

Tampoco la política social debería transformarse en una disputa por demostrar quién promete más beneficios sin explicar cómo financiarlos.

Necesitamos abandonar ambas comodidades.

El crecimiento debe ser defendido.

La estabilidad, preservada.

Pero el bienestar de las personas debe permanecer como finalidad de la política económica.

No como una nota secundaria.

Ni como un efecto que siempre esperamos para después.

Porque la pregunta del ciudadano es legítima.

Si el país produce más, ¿qué posibilidades tengo yo de vivir mejor?

Y si la respuesta es que debe esperar indefinidamente, algo está faltando en nuestro modelo de desarrollo.

No necesariamente porque el modelo deba ser destruido.

Tal vez porque necesita reformas que nunca terminamos de ejecutar.

El problema peruano no es solamente cuánto crecemos.

Es nuestra dificultad para convertir capacidad económica en capacidad institucional.

Tenemos recursos.

Tenemos empresarios.

Tenemos trabajadores.

Tenemos talento.

Y tenemos extraordinarias oportunidades.

Lo que debemos construir son mejores conexiones entre todos ellos.

El crecimiento económico debe dejar de ser una noticia que se anuncia desde una oficina.

Debe convertirse en una realidad que se reconoce en los hogares.

No porque todos reciban exactamente lo mismo.

Sino porque cada vez más personas puedan trabajar, emprender, educarse, atender su salud y construir patrimonio en condiciones razonablemente justas.

El Perú no será verdaderamente próspero cuando sus indicadores dejen de preocuparnos. Lo será cuando las preocupaciones de sus ciudadanos comiencen a disminuir de manera sostenida.

Este artículo puede alimentar el programa Los temas del CADE 2026 o desarrollarse como un especial dedicado al crecimiento y progreso social.

Bloque 1. Apertura: Dos relatos de un mismo país: crecimiento nacional y preocupaciones familiares.

Bloque 2. El tema de hoy: Qué mide el PBI y qué indicadores necesitamos complementar.

Bloque 3. La otra cara: Lo que el crecimiento puede y no puede resolver.

Bloque 4. La palabra bajo la lupa: Crecimiento, desarrollo, productividad y bienestar.

Bloque 5. Cara a cara: Qué exigir al Gobierno, empresarios y autoridades regionales.

Bloque 6. La última palabra: El crecimiento como medio para ampliar oportunidades.

Frase ancla para televisión: «No estoy en contra de que celebremos el crecimiento económico. Estoy a favor de que también podamos celebrar los resultados que produce en la vida de las personas».

INEI: Producto Bruto Interno, variación anual de 2025 y reportes del segundo trimestre de 2026.

INEI: Evolución de la pobreza monetaria 2022–2025.

INEI: Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), series de empleo informal.

IPAE Acción Empresarial: programa CADE Ejecutivos 2026, actualización del 11 de noviembre de 2026, documento facilitado por JFT.

Material editorial JFT: informes y propuestas de programas «Los temas del CADE 2026», «Visión País» y «Comentando el CADE desde Lima».

Este expediente preserva el texto editorial desarrollado en el chat. Las fuentes y cifras requieren comprobación y cierre de edición antes de la publicación final. Las referencias a ponencias futuras son previsiones de la agenda, no declaraciones realizadas.

LA OTRA CARA

¿Y si estamos exigiendo al crecimiento económico algo que no puede resolver por sí solo?

Hay una crítica habitual a las cifras económicas.

Se afirma que el PBI crece, pero que el crecimiento no llega a las familias.

El argumento puede identificar problemas reales.

Sin embargo, también puede conducir a conclusiones equivocadas.

Primero, porque el crecimiento no es una distribución inmediata de dinero.

Cuando aumenta la producción, sus efectos dependen de numerosos factores: estructura sectorial, productividad, empleo, salarios, beneficios empresariales, impuestos, inversión y comercio.

No todos se manifiestan al mismo tiempo.

Segundo, porque muchas mejoras sociales requieren crecimiento sostenido durante años.

La pobreza no desaparece simplemente mediante un buen trimestre económico.

Tampoco puede construirse infraestructura de calidad o transformar la educación sin inversiones persistentes.

Tercero, porque exigir resultados distributivos inmediatos puede generar incentivos políticos equivocados.

Un gobierno que prioriza transferencias de corto plazo sin sostenibilidad financiera podría obtener popularidad momentánea y debilitar las condiciones del desarrollo futuro.

La experiencia internacional muestra que la estabilidad económica importa.

Y mucho.

Por eso, la crítica social debe evitar convertirse en una descalificación de la inversión privada, la productividad o la rentabilidad empresarial.

La rentabilidad legítima es una señal económica importante.

Permite atraer capital, financiar nuevas actividades y asumir riesgos.

No existe una contradicción automática entre beneficio empresarial y beneficio social.

De hecho, una empresa competitiva puede beneficiar a consumidores mediante mejores productos y precios, generar empleo y contribuir a la recaudación fiscal.

El problema aparece cuando no existen suficientes condiciones de competencia, cuando las externalidades negativas no se corrigen o cuando las instituciones son incapaces de garantizar derechos y servicios.

Pero esas fallas no implican que la producción de riqueza sea perjudicial.

Implican que necesita un entorno institucional adecuado.

Existe también una cuestión políticamente incómoda.

No toda demanda social puede atenderse inmediatamente.

Los recursos son escasos.

Los proyectos deben priorizarse.

Los presupuestos necesitan límites.

Y las reformas producen costos de transición.

Un discurso político responsable debe explicar esas restricciones, no ocultarlas.

Tampoco debería ser presentada como un mecanismo de justicia instantánea.

Su contribución principal es ampliar sostenidamente las posibilidades materiales de una sociedad.

La calidad de las instituciones y las decisiones democráticas determinan cómo se aprovechan esas posibilidades.

Por ello, sería un error reemplazar la búsqueda del crecimiento por una agenda exclusivamente redistributiva.

Sin crecimiento sostenible, la redistribución encuentra límites. Sin instituciones eficaces, el crecimiento desaprovecha parte de su potencial social.

Las dos afirmaciones son compatibles.

Y ambas deberían orientar la discusión del CADE.

El país de las cifras bonitas y las soluciones pendientes

Hay una costumbre política que merece atención.

Cuando las cifras son favorables, todos quieren aparecer en la fotografía.

Cuando los servicios públicos fallan, encontrar al responsable resulta bastante más complicado.

El crecimiento económico suele tener numerosos padres.

La mala gestión, en cambio, parece quedar huérfana.

Un ministro anuncia inversiones.

Una autoridad regional informa cuánto presupuesto ejecutó.

Una municipalidad celebra la inauguración de una obra.

Una institución exhibe estadísticas de atención.

Todo luce razonablemente satisfactorio.

Hasta que preguntamos si la inversión comenzó a producir, si la obra funciona, si la atención fue oportuna o si el ciudadano recibió realmente aquello que necesitaba.

Entonces aparecen las explicaciones.

Faltan recursos.

Hay dificultades administrativas.

Existen problemas heredados.

Se necesitan nuevas coordinaciones.

O resulta indispensable crear una comisión.

No niego que algunas explicaciones sean verdaderas.

Pero cuando se convierten en respuestas habituales, estamos frente a un problema político.

Hemos aprendido a medir el esfuerzo institucional con mayor facilidad que sus resultados.

Y eso tiene consecuencias.

Porque ejecutar presupuesto no es lo mismo que producir bienestar.

Promover inversiones no equivale a conseguir proyectos exitosos.

Aprobar normas no significa que vayan a cumplirse.

Y formular planes no demuestra capacidad de ejecución.

En algún momento debemos cambiar la pregunta.

En lugar de limitarnos a preguntar cuánto dinero se gastó, preguntémonos qué problema se resolvió.

En lugar de contar cuántas capacitaciones se realizaron, averigüemos cuántas personas consiguieron empleos mejores.

En lugar de celebrar cuántos expedientes se tramitaron, examinemos cuánto tiempo recuperó el ciudadano.

Y en lugar de anunciar permanentemente nuevas políticas, evaluemos cuáles de las anteriores funcionaron.

La responsabilidad también alcanza al sector privado.

Porque no toda inversión es automáticamente buena por el simple hecho de ser privada.

Debe respetar la legalidad, competir limpiamente y asumir sus responsabilidades.

Una economía de mercado necesita empresarios capaces de producir riqueza.

No empresarios que confundan competitividad con protección de privilegios.

Del mismo modo, necesitamos trabajadores capaces de mejorar su productividad.

No un discurso laboral que prometa beneficios sin examinar la sostenibilidad de los empleos.

Y necesitamos ciudadanos dispuestos a exigir responsabilidad, pero también a cumplir las obligaciones legítimas de convivencia.

El problema no es la ausencia de buenas intenciones.

Probablemente tengamos suficientes.

El problema es que hemos construido una cultura donde anunciar resulta políticamente más rentable que ejecutar.

Las ceremonias tienen fecha.

Las promesas tienen titulares.

Los diagnósticos tienen presentaciones.

Pero las responsabilidades no siempre tienen un seguimiento público suficientemente exigente.

Y mientras tanto, el país sigue funcionando.

Gracias al esfuerzo de millones de personas que trabajan, producen, comercian, transportan, enseñan y emprenden.

Lo que resulta difícil de aceptar es que deban compensar continuamente con su esfuerzo las deficiencias de las instituciones.

Por eso, cuando se anuncie un nuevo crecimiento económico, lo celebraré.

Es una buena noticia.

Pero también preguntaré qué estamos haciendo para que se convierta en mejores oportunidades.

Y cuando una autoridad anuncie una obra, no me conformaré con conocer su presupuesto.

Quiero saber cuándo funcionará y qué servicio prestará.

Cuando una entidad informe que ejecutó más recursos, preguntaré si consiguió mejores resultados.

Y cuando un empresario reclame mayor competitividad, preguntaré también qué necesita hacer su sector para innovar y producir mejor.

Porque el desarrollo no es una responsabilidad exclusiva del gobierno.

Es una construcción colectiva con obligaciones diferenciadas.

No todos debemos hacer lo mismo.

Pero todos debemos responder por aquello que nos corresponde.

El Perú no necesita que sus dirigentes aprendan a presentar mejores cifras. Necesita que aprendan a producir mejores resultados.

AFORISMOS

  1. «El crecimiento se anuncia en porcentajes; el progreso se comprueba en las oportunidades».
  2. «Una economía que crece sin mejorar la vida de su gente todavía tiene una deuda pendiente».
  3. «No basta producir más riqueza; debemos crear las condiciones para que más peruanos puedan producirla».
  4. «La estabilidad económica es un cimiento, no el edificio completo del desarrollo».
  5. «El Estado que celebra cuánto gasta, pero no verifica qué resuelve, confunde movimiento con progreso».
  6. «La inversión crea oportunidades; las instituciones deciden cuántas personas pueden aprovecharlas».
  7. «Una cifra puede demostrar que la economía avanza, pero no necesariamente que todos avanzamos».
  8. «La justicia social no consiste en castigar al que prospera, sino en abrir caminos para que más personas prosperen».
  9. «Un país empobrece cuando desperdicia recursos; pero también cuando desperdicia el talento y el tiempo de sus ciudadanos».
  10. «El Perú no necesita elegir entre crecimiento y bienestar. Necesita dejar de administrarlos como si fueran enemigos».

PROPUESTAS

Pacto Nacional por el Crecimiento con Resultados

Propongo que la política económica peruana mantenga su compromiso con la estabilidad monetaria, la responsabilidad fiscal y la inversión privada, pero incorpore una evaluación sistemática de su contribución al bienestar ciudadano.

El cambio fundamental es pasar de una política económica centrada exclusivamente en indicadores agregados a otra que también mida productividad, calidad del empleo, servicios públicos y oportunidades territoriales.

1. Tablero Nacional de Crecimiento y Bienestar

Complementar el seguimiento del PBI con indicadores de ingreso real, empleo formal, productividad, pobreza, acceso a servicios y oportunidades regionales. Utilizar estadísticas existentes del INEI, BCRP y entidades sectoriales.

Resultado verificable: publicación trimestral de indicadores económicos y laborales, y actualización social según la periodicidad de cada fuente, evitando comparaciones metodológicamente incorrectas.

2. Programa de productividad para pequeñas empresas

Facilitar asistencia técnica, digitalización, capacitación en gestión, acceso a mercados y financiamiento competitivo, con criterios transparentes de selección.

Resultado verificable: variación de productividad, ventas reales, empleo formal y supervivencia empresarial, comparada con una línea de base.

3. Simplificación administrativa orientada a resultados

Revisar procedimientos que dificultan injustificadamente la apertura de negocios, las inversiones legítimas y la actividad productiva, manteniendo controles proporcionales en salud, trabajo, seguridad y ambiente.

Resultado verificable: tiempo y costo efectivo de los procedimientos priorizados, con evaluaciones antes y después de cada reforma.

4. Desarrollo regional mediante corredores productivos

Priorizar cadenas productivas territoriales que integren carreteras, puertos, conectividad, energía, almacenamiento y acceso a mercados internacionales.

Resultado verificable: reducción de costos logísticos, crecimiento de productividad territorial y aumento del empleo productivo.

5. Presupuesto público orientado a servicios efectivos

Fortalecer el presupuesto por resultados y relacionar las decisiones de inversión y mantenimiento con necesidades ciudadanas identificadas.

Resultado verificable: disponibilidad real de servicios, funcionamiento de proyectos concluidos y satisfacción de usuarios, no únicamente porcentaje de ejecución.

6. Seguridad como política económica

Incorporar la extorsión, el robo de mercancías, el contrabando y las economías criminales en las estrategias de competitividad y desarrollo empresarial.

Resultado verificable: reducción de victimización y pérdidas económicas, acompañada de mejora en denuncias atendidas y resultados judiciales.

7. Integración comercial para empresas de todos los tamaños

Facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a cadenas exportadoras mediante servicios aduaneros eficientes, inteligencia comercial, digitalización y estándares de calidad.

Resultado verificable: número de exportadores sostenibles, diversificación de destinos y valor agregado exportado.

Compromiso concreto para CADE 2026

Propongo que el foro considere un Acuerdo por el Crecimiento con Resultados Sociales, estructurado sobre tres compromisos voluntarios:

Empresas y gremios: identificar iniciativas medibles para aumentar productividad y ampliar oportunidades de empleo.

Estado: priorizar reformas que reduzcan costos de gestión, mejoren servicios y permitan ejecutar inversiones con calidad.

Regiones: publicar metas de infraestructura, servicios y desarrollo productivo que puedan evaluarse periódicamente.

Ningún acuerdo debería considerarse cumplido por su sola firma.

Su éxito dependerá de resultados comprobables y de responsabilidades compatibles con las competencias de cada participante.

INFORMACIÓN DEL AUTOR​

Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.


El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.


JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.


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