CADE 2026 · A02
Sin principios compartidos, hasta los mejores acuerdos terminan convertidos en promesas.
«No necesitamos pensar igual para construir juntos. Necesitamos respetar las mismas reglas, incluso cuando hacerlo no nos convenga». — JFT
El Perú enfrenta una crisis que trasciende la competencia entre partidos, el desempeño de sus gobernantes y las dificultades económicas. Es una crisis de confianza en las instituciones y en las reglas que organizan nuestra convivencia.
La ausencia de un centro ético compartido debilita las posibilidades de construir acuerdos duraderos. Un país donde las normas se interpretan según la conveniencia, donde el éxito puede justificar cualquier procedimiento y donde la autoridad no siempre responde por sus decisiones termina perdiendo algo más importante que la estabilidad política: la confianza en la posibilidad de progresar justamente.
La 64.ª edición de CADE Ejecutivos, convocada bajo el lema «Unidos para avanzar», representa una oportunidad para debatir este problema. Sin embargo, debemos distinguir dos conceptos. La unidad es una aspiración colectiva; el centro ético es el conjunto de principios y reglas que permite sostenerla sin sacrificar el pluralismo democrático.
Desde una posición política de centro, el centro ético no significa imponer una ideología oficial, una doctrina religiosa o una visión económica única. Significa reconocer un mínimo de obligaciones que deben respetar el Estado, los empresarios, los partidos, las organizaciones sociales y los ciudadanos.
Ese mínimo comprende el respeto a la dignidad humana, la legalidad, la integridad, la verdad en la información pública, la igualdad ante la ley, la libertad responsable, la transparencia, la rendición de cuentas y el rechazo a la corrupción y a la violencia política.
La legitimidad de este planteamiento no debe depender de quién tenga el poder. Precisamente, su utilidad consiste en establecer límites que sigan siendo válidos cuando cambien los gobiernos, las mayorías parlamentarias y los intereses económicos.
La desconfianza institucional aporta una señal empírica relevante. Según la encuesta de confianza de la OCDE publicada el 29 de junio de 2026, basada en trabajo de campo de 2025, apenas el 20 % de los encuestados en Perú expresaba confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno nacional, y el 17 % en los partidos políticos. Se trata de resultados de una encuesta, no de una medición directa de la moralidad de las personas.
La desconfianza, por tanto, debe entenderse como un problema institucional y político, no como una condena moral contra la sociedad peruana.
El reto consiste en convertir un principio filosófico en una política pública que pueda aplicarse y evaluarse.
Un centro ético sin instituciones que lo protejan sería apenas una declaración de buenas intenciones. Pero unas instituciones sin principios compartidos corren el riesgo de convertirse en mecanismos que administran formalmente las mismas injusticias que deberían combatir.
La tesis central de este trabajo es que la unidad nacional no puede descansar en la coincidencia temporal de intereses, sino en la permanencia de reglas legítimas y exigibles para todos.
El país donde todos tienen razón, pero nadie se hace responsable
Hay algo curioso en el Perú.
Todos sabemos lo que está mal.
Todos estamos contra la corrupción, todos queremos justicia, todos exigimos mejores autoridades y todos reclamamos oportunidades.
Hasta ahí, pareciera que vivimos en una sociedad extraordinariamente virtuosa.
El problema comienza cuando la norma que defendemos debe aplicarse a nuestros propios intereses.
Entonces aparecen las excepciones.
El funcionario que exige cumplir el procedimiento, pero busca una salida cuando se trata de un conocido.
El empresario que reclama seguridad jurídica, pero considera negociable una obligación que le resulta incómoda.
El político que exige transparencia a sus adversarios mientras encuentra explicaciones para las contradicciones de los suyos.
Y el ciudadano que condena la corrupción, pero acepta pequeñas ventajas indebidas cuando cree que son necesarias para resolver sus problemas.
No todos actuamos así. Sería injusto afirmarlo.
Pero hemos aprendido a convivir con una cultura de excepciones que erosiona la confianza.
Y cuando las excepciones se vuelven costumbre, las reglas dejan de funcionar como garantías comunes.
Se convierten en obstáculos para unos y herramientas para otros.
Ese es uno de nuestros problemas fundamentales.
No nos faltan leyes.
Nos falta, entre otras cosas, la convicción de que deben aplicarse sin privilegios.
Por eso, cuando escucho hablar de unidad nacional, me pregunto qué significa exactamente.
¿Unirnos detrás de un gobierno?
¿Unirnos alrededor de una propuesta económica?
¿Unirnos para evitar conflictos?
¿O unirnos para establecer aquello que ninguno de nosotros debería estar autorizado a vulnerar?
Personalmente, prefiero la última posibilidad.
La llamo el centro ético.
No es una tercera vía improvisada entre la derecha y la izquierda.
No es una cómoda equidistancia que pretende quedar bien con todos.
Y tampoco es una invitación a renunciar a nuestras convicciones.
Es algo mucho más exigente.
Es aceptar que existen principios que deben estar por encima de nuestras conveniencias políticas, económicas o personales.
Porque una democracia no consiste solamente en elegir autoridades.
Consiste también en limitar el poder de quienes resultan elegidos.
Y una economía de mercado no consiste únicamente en permitir que las personas emprendan e inviertan.
Necesita reglas que impidan los privilegios, la competencia desleal y los abusos.
De igual manera, la justicia social no puede convertirse en una justificación para desconocer derechos individuales, eliminar libertades o utilizar recursos públicos sin responsabilidad.
Ahí debería encontrarse nuestro centro.
No en una ideología, sino en una regla de convivencia.
No en la voluntad del gobernante, sino en instituciones capaces de hacerla respetar.
No en una ceremonia de buenas intenciones, sino en decisiones que puedan ser evaluadas.
Durante años hemos confundido el diálogo con la negociación de intereses.
Y conviene reconocer que ambos son necesarios, pero no equivalentes.
Negociar permite encontrar soluciones entre posiciones distintas.
El diálogo, cuando es auténtico, permite reconocer que también existen intereses legítimos fuera de los nuestros.
Sin ese reconocimiento, los acuerdos pueden terminar siendo simples repartos de beneficios.
El problema no es que los empresarios defiendan sus intereses.
Tienen derecho a hacerlo.
Tampoco es ilegítimo que los trabajadores defiendan los suyos, o que las regiones exijan mayores oportunidades.
El problema aparece cuando cualquiera de estos actores pretende presentar su conveniencia particular como si fuera automáticamente el interés nacional.
El interés nacional exige algo más.
Exige pensar en quienes no están sentados en la mesa.
En el emprendedor que todavía no puede formalizarse.
En la madre que necesita un hospital funcionando.
En el agricultor que produce, pero no dispone de infraestructura suficiente para llegar al mercado.
En el joven que termina sus estudios y descubre que el mérito no siempre alcanza para abrir las puertas.
Y en millones de ciudadanos que no esperan discursos extraordinarios.
Esperan instituciones razonablemente decentes.
Por eso, la ética pública no debería limitarse a pedir honestidad a los funcionarios.
Debe traducirse en procedimientos sencillos, decisiones transparentes, servicios oportunos y responsabilidades claramente identificadas.
Un trámite innecesario puede parecer una pequeña molestia administrativa.
Pero cuando obliga a una persona a perder jornadas laborales, realizar gastos evitables o depender de intermediarios, estamos frente a una cuestión que también tiene una dimensión ética.
Un Estado que exige innecesariamente lo que ya sabe no está respetando suficientemente el tiempo del ciudadano.
Una autoridad que promete una obra sin explicar cómo se financiará compromete la confianza pública.
Un empresario que utiliza relaciones privilegiadas para bloquear competidores no está defendiendo la libertad de mercado.
Y un dirigente que fomenta enemistades para conservar influencia política no está defendiendo a su comunidad.
La ética no es solamente una virtud privada.
Tiene consecuencias institucionales.
Porque donde las reglas son previsibles, las personas pueden organizar mejor su futuro.
Donde las autoridades responden por sus decisiones, disminuye el espacio para la arbitrariedad.
Donde la justicia funciona, los conflictos pueden resolverse sin recurrir al poder informal.
Y donde el mérito importa, el esfuerzo recupera su sentido.
Naturalmente, ningún centro ético eliminará por sí solo la corrupción, la desigualdad o los desacuerdos.
La historia demuestra que los principios necesitan instituciones, incentivos y mecanismos de control.
Pero también demuestra que las instituciones pierden legitimidad cuando quienes las dirigen dejan de creer en los principios que justifican su existencia.
Por eso me interesa el CADE 2026.
Su lema, «Unidos para avanzar», ofrece una oportunidad para discutir algo que debería anteceder a cualquier programa de crecimiento.
¿Sobre qué principios estamos dispuestos a construir esa unidad?
Podemos discutir cuánto debe intervenir el Estado.
Podemos discrepar sobre políticas tributarias, regulación laboral, minería o prioridades de inversión.
Podemos debatir sobre el ritmo de las reformas y la distribución de responsabilidades entre el sector público y el privado.
Todo eso pertenece legítimamente a la competencia democrática.
Lo que no deberíamos negociar es el derecho de cada peruano a ser tratado con dignidad, la obligación de cumplir las reglas comunes y el deber de responder por nuestras decisiones.
No necesitamos un país donde todos piensen igual.
Necesitamos uno donde pensar diferente no nos convierta en enemigos.
Donde ganar una elección no otorgue permiso para apropiarse de las instituciones.
Donde tener éxito económico no conceda privilegios ante la ley.
Y donde reclamar justicia social no autorice a destruir las libertades de los demás.
El centro ético no busca eliminar las diferencias.
Busca hacer posible la convivencia entre ellas.
Esa es, a mi juicio, la condición más importante para construir una nación moderna.
Porque la confianza no nace de las declaraciones.
Nace de comprobar, una y otra vez, que las reglas se cumplen.
Y si el Perú consigue comprenderlo, quizá descubramos que la unidad que tanto reclamamos no estaba esperando un nuevo líder ni un nuevo discurso.
Estaba esperando que comenzáramos a respetar aquello que decimos defender.
El Perú no se reconstruirá cuando todos tengan la misma opinión. Se reconstruirá cuando nadie necesite privilegios para ejercer sus derechos.
Este artículo será la base conceptual del programa Visión País — El Centro Ético.
La propuesta original contemplaba seis bloques y una duración aproximada de 52 minutos. La siguiente adaptación conserva esa arquitectura.
1. Apertura — El país de las excepciones. Por qué la confianza importa.
2. El tema de hoy — ¿Qué es el centro ético? Unidad no es uniformidad.
3. La otra cara — ¿Quién define lo correcto? Pluralismo y riesgos de imposición.
4. La palabra bajo la lupa — Ética, legalidad y conveniencia. No son conceptos equivalentes.
5. Cara a cara — Cinco acuerdos mínimos. Responsabilidades verificables.
6. La última palabra — El Perú que podemos construir. Reglas iguales para todos.
Frase ancla para televisión:
«No quiero un Perú donde todos piensen como yo. Quiero un Perú donde nadie tenga que pedir favores para ejercer sus derechos».
Esta formulación permite cerrar el programa sin presentar al centro ético como una superioridad moral, sino como una exigencia institucional y ciudadana.
LA OTRA CARA
¿Quién decide qué es ético? El peligro de convertir el consenso en una nueva forma de poder
La propuesta de construir un centro ético parece razonable.
Sin embargo, contiene una pregunta que no podemos eludir.
¿Quién tiene la autoridad para definir los principios que todos deberán compartir?
Porque la historia política demuestra que muchas iniciativas destinadas a promover la unidad han terminado siendo utilizadas para excluir a quienes discrepaban.
Una mayoría podría intentar presentar sus preferencias culturales como verdades obligatorias.
Un gobierno podría confundir la ética pública con la lealtad a su proyecto político.
Un grupo empresarial podría identificar la responsabilidad con la defensa de sus intereses económicos.
Y un movimiento social podría considerar ilegítima cualquier posición que no coincida con su interpretación de la justicia.
Entonces, aquello que nació como una invitación al consenso podría terminar convertido en un mecanismo de uniformidad.
La dificultad es real.
No toda discrepancia política es una diferencia entre el bien y el mal.
Existen ciudadanos íntegros que defienden mayor intervención estatal y otros igualmente íntegros que prefieren limitarla.
Hay personas comprometidas con la justicia social que discrepan profundamente sobre los mecanismos para alcanzarla.
También pueden existir diferencias honestas sobre seguridad, educación, descentralización y desarrollo.
Pretender resolver esos debates mediante una única definición de ética sería empobrecer la democracia.
Por ello, el centro ético necesita límites.
Debe concentrarse en principios constitucionales compartidos, derechos fundamentales, procedimientos legítimos y obligaciones susceptibles de control público.
No debería convertirse en un tribunal de superioridad moral.
Tampoco en una doctrina oficial que califique ideológicamente a los ciudadanos.
La ética pública exige integridad, pero la democracia exige pluralismo.
Ambas condiciones deben coexistir.
Existe además un segundo riesgo.
El discurso ético puede utilizarse para sustituir reformas estructurales por exhortaciones individuales.
No basta pedir honestidad a los funcionarios cuando el diseño institucional permite decisiones discrecionales sin controles suficientes.
No basta pedir responsabilidad a los empresarios cuando existen incentivos económicos para la informalidad o barreras injustificadas a la competencia.
Y no basta pedir civismo a los ciudadanos cuando los servicios públicos funcionan de manera deficiente.
Una sociedad puede contar con personas bien intencionadas y, aun así, producir malos resultados mediante instituciones mal diseñadas.
Por tanto, el centro ético no debería ser presentado como una solución moral para problemas que también son económicos, sociales y administrativos.
Debe ser una orientación para reformar esas estructuras.
La verdadera prueba será proteger los derechos de quienes no comparten nuestra visión política.
Porque un acuerdo ético que solamente funciona entre quienes están de acuerdo no es todavía un acuerdo nacional.
Es un pacto entre semejantes.
La ética democrática se demuestra cuando respetamos los derechos de quien tiene una opinión que rechazamos.
El negocio de la virtud: cuando la ética también puede convertirse en discurso
El Perú tiene una curiosa capacidad para convertir sus problemas en ceremonias.
Cuando falta transparencia, organizamos encuentros sobre transparencia.
Cuando desaparece la confianza, convocamos a expertos para hablar de confianza.
Cuando las instituciones pierden legitimidad, publicamos documentos sobre fortalecimiento institucional.
Y cuando necesitamos ética, aparecen declaraciones solemnes sobre valores.
No digo que estos esfuerzos sean inútiles.
Algunos aportan conocimientos, generan acuerdos y permiten corregir problemas.
Pero hay una pregunta que rara vez hacemos.
¿Quién verifica que las personas que promueven esos principios los practiquen cuando nadie está mirando?
Porque hablar de ética tiene una ventaja formidable.
Es difícil oponerse públicamente.
Nadie desea aparecer como enemigo de la integridad, la justicia o la responsabilidad.
Por eso, la ética también puede convertirse en una bandera conveniente.
Se invoca para cuestionar adversarios.
Se utiliza para adornar programas institucionales.
Y, en ocasiones, se presenta como prueba suficiente de buenas intenciones.
Pero una declaración ética no es evidencia de comportamiento ético.
Una empresa puede publicar compromisos de integridad mientras necesita demostrar cómo administra sus conflictos de intereses.
Una institución pública puede aprobar códigos de conducta y continuar enfrentando problemas de discrecionalidad.
Un partido puede proclamar la honestidad sin contar con procedimientos efectivos para investigar denuncias contra sus dirigentes.
La virtud escrita no reemplaza la conducta comprobable.
Ahí comienza la diferencia entre la ética como espectáculo y la ética como sistema de responsabilidad.
La primera necesita discursos.
La segunda necesita controles.
La primera celebra adhesiones.
La segunda examina resultados.
La primera suele preguntar si compartimos valores.
La segunda pregunta qué sucede cuando alguien los incumple.
Y esa última pregunta resulta incómoda.
Porque exige abandonar la comodidad de las proclamaciones.
Si queremos un centro ético, propongo comenzar por algo menos solemne.
Hagamos que cada autoridad explique sus decisiones.
Que cada contratación pública importante pueda seguirse con facilidad.
Que los procedimientos administrativos sean comprensibles.
Que las empresas que contratan con el Estado revelen los vínculos relevantes exigidos por la ley.
Que los ciudadanos puedan conocer los compromisos públicos y verificar su cumplimiento.
Que quien incumpla responda mediante procedimientos justos, sin privilegios y sin persecuciones selectivas.
Esto no eliminará los problemas.
Pero permitirá distinguir entre la voluntad declarada y la responsabilidad efectivamente asumida.
El Perú no necesita una competencia para determinar quién pronuncia el discurso más virtuoso.
Necesita instituciones donde resulte cada vez más difícil beneficiarse del incumplimiento y cada vez más razonable hacer las cosas correctamente.
La ética que únicamente se predica puede terminar convertida en decoración.
La ética que se organiza mediante reglas justas puede transformarse en confianza.
No me preocupa que falten personas dispuestas a hablar de honestidad. Me preocupa que todavía resulte tan difícil comprobarla en las decisiones públicas.
AFORISMOS
- «La ética comienza cuando dejamos de exigir a los demás aquello que no estamos dispuestos a cumplir».
- «La unidad sin principios es conveniencia; la unidad con principios construye nación».
- «Un país no se divide porque sus ciudadanos piensen diferente, sino cuando sus instituciones dejan de tratarlos como iguales».
- «La corrupción comienza a ganar cuando la excepción se convierte en costumbre».
- «No hay centro político verdadero sin un centro ético que le dé sentido».
- «Las leyes que solo se aplican a los débiles no construyen justicia; administran privilegios».
- «La confianza no se decreta, se merece; no se compra, se construye; no se anuncia, se demuestra».
- «El poder sin responsabilidad transforma al ciudadano en súbdito».
- «La ética no consiste en proclamar virtudes, sino en aceptar límites cuando tenemos poder».
- «El Perú no necesita una moral que divida a los peruanos, sino principios que impidan que nos destruyamos».
PROPUESTAS
Hacia un Acuerdo Nacional de Integridad y Confianza
Propongo que el concepto del centro ético se convierta en una política de Estado transversal, sustentada en nuestra Constitución, el Estado de derecho y mecanismos efectivos de control democrático.
No necesitamos necesariamente una nueva estructura burocrática. Podemos comenzar utilizando y fortaleciendo las instituciones existentes, con acuerdos públicos, resultados comprobables y vigilancia ciudadana.
1. Pacto de reglas mínimas para la convivencia democrática
Convocar, mediante los espacios institucionales existentes, a representantes públicos, empresariales, laborales, académicos y sociales a ratificar compromisos sobre legalidad, integridad, derechos fundamentales, pluralismo, rechazo a la violencia y rendición de cuentas.
Indicador propuesto: acuerdos publicados, responsables identificados y evaluaciones semestrales.
2. Integridad pública con responsabilidades verificables
Fortalecer las declaraciones de intereses, la gestión de conflictos de intereses, la contratación pública transparente, la protección de denunciantes y la ejecución de las recomendaciones de control.
Indicador propuesto: porcentaje de obligaciones cumplidas y recomendaciones implementadas, distinguiendo hallazgos, investigaciones y sanciones firmes.
3. Simplificación administrativa como obligación ética
Revisar los procedimientos del Estado bajo el principio de no exigir al ciudadano información que otra entidad ya posee legalmente y puede compartir con garantías de protección de datos.
Indicador propuesto: reducción del tiempo, costo y número de requisitos por trámite, con una línea de base pública.
4. Ética empresarial sin privilegios
Promover programas verificables de cumplimiento, competencia leal, transparencia en relaciones con autoridades, prevención de sobornos y mecanismos de denuncia.
Indicador propuesto: compromisos auditados y medidas correctivas comunicadas, respetando la confidencialidad y los derechos correspondientes.
5. Formación cívica y pensamiento crítico
Fortalecer la educación ciudadana en derechos, deberes, deliberación democrática, integridad y resolución pacífica de conflictos. Enseñar a cuestionar el abuso de poder, no a obedecer una ideología.
Indicador propuesto: evaluación de conocimientos cívicos y participación estudiantil en proyectos de convivencia.
6. Observatorio ciudadano de compromisos públicos
Crear un mecanismo abierto de seguimiento a compromisos políticos, empresariales y regionales, diferenciando declaraciones de intención, obligaciones asumidas y resultados realmente cumplidos.
Indicador propuesto: actualización trimestral y porcentaje de compromisos cumplidos dentro del plazo acordado.
La propuesta concreta para CADE 2026
Que el Legado CADE Ejecutivos 2026, previsto para el 26 de noviembre, incorpore un compromiso voluntario de integridad institucional aplicable a los acuerdos anunciados durante el foro.
Sugiero cinco exigencias:
- Identificar quién se compromete.
- Precisar qué resultado se ofrece.
- Establecer cuándo debe cumplirse.
- Publicar cómo se comprobará.
- Informar qué ocurrió cuando no se cumplió.
El centro ético empezará a existir institucionalmente cuando los compromisos dejen de depender de la memoria de quienes los anunciaron.
INFORMACIÓN DEL AUTOR
Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.
El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.
JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.