CADE 2026 · A01
El Perú no necesita otra fotografía de consenso. Necesita saber quién se compromete, quién cumple y quién responde.
El lema de CADE Ejecutivos 2026 plantea una aspiración legítima: coordinar esfuerzos para que el Perú avance. Sin embargo, la unidad es un instrumento, no un destino. Su valor político depende de los objetivos, las reglas y los beneficios que produzca.
Desde una perspectiva de centro, el encuentro ofrece una oportunidad para acercar posiciones entre el Estado, el empresariado y las regiones. Pero también presenta tres riesgos: confundir estabilidad con conformismo, crecimiento económico con desarrollo social y consenso entre dirigentes con representación del conjunto de la ciudadanía.
La agenda incorpora temas particularmente importantes: distribución territorial del crecimiento, calidad del gasto público, inversión, nuevas oportunidades comerciales y productividad mediante inteligencia artificial. El problema no está principalmente en los asuntos convocados, sino en la necesidad de traducirlos en compromisos verificables.
La posición política es respaldar el diálogo, defender la inversión y exigir responsabilidad pública y empresarial. La unidad debe incluir al trabajador, al emprendedor informal, al pequeño empresario y al ciudadano que depende de servicios públicos que funcionen.
El criterio de evaluación es sencillo: no cuánto entusiasmo genera el foro, sino cuánto cambia la capacidad del país para resolver sus problemas.
El país de los acuerdos que todavía no llegan
En el Perú tenemos una habilidad extraordinaria para encontrar palabras que nos permitan estar de acuerdo sin comprometernos demasiado.
Durante años hablamos de competitividad, gobernabilidad, institucionalidad, descentralización y crecimiento sostenible.
Son palabras correctas. Algunas, incluso, indispensables.
El problema comienza cuando dejamos de preguntarnos qué significan en la vida de la gente.
Este noviembre, empresarios, autoridades y especialistas volverán a encontrarse en Cusco. El escenario es extraordinario, la agenda es ambiciosa y el lema invita al optimismo.
«Unidos para avanzar».
Me gusta la idea.
Pero tengo una pregunta.
¿Avanzar hacia dónde?
Porque no es lo mismo avanzar hacia un país donde se multiplican las oportunidades que hacia otro donde simplemente mejoran los indicadores económicos sin mejorar la vida cotidiana.
Un país puede incrementar sus inversiones y continuar siendo profundamente desigual en sus oportunidades.
Puede construir infraestructura y mantener servicios públicos deficientes.
Puede multiplicar sus normas y seguir siendo incapaz de hacerlas cumplir.
Y puede reunir a sus principales dirigentes alrededor de una mesa sin conseguir que sus ciudadanos confíen unos en otros.
No niego el valor del CADE. Todo lo contrario.
Creo que el Perú necesita espacios donde el empresariado, el Estado, las universidades y las regiones conversen sin convertir sus diferencias en enemistades.
Pero conversar es apenas el principio.
Un empresario necesita reglas claras para invertir. Un trabajador necesita empleo digno. Un emprendedor necesita que formalizarse sea razonable. Y una familia necesita que sus hijos reciban una educación que les permita construir una vida mejor.
Son demandas distintas, aunque perfectamente compatibles.
Ahí comienza la verdadera unidad.
No cuando todos repiten el mismo discurso, sino cuando las instituciones consiguen que esas aspiraciones dejen de competir destructivamente entre sí.
El desarrollo económico requiere inversión privada. Negarlo sería desconocer cómo se genera buena parte del empleo y de la riqueza.
Pero tampoco podemos ignorar que una economía de mercado necesita instituciones capaces de garantizar competencia, justicia, infraestructura, seguridad y oportunidades.
El Estado no debe convertirse en empresario de todo ni el empresario en dueño de las decisiones del Estado.
Cada uno tiene responsabilidades que no pueden confundirse.
Y aquí aparece una cuestión que suele resultar incómoda.
Durante demasiado tiempo hemos discutido cuánto debemos invertir, pero no siempre hemos exigido con la misma energía cuánto bienestar debe producir esa inversión.
Hemos celebrado presupuestos aprobados sin prestar suficiente atención a los servicios efectivamente entregados.
Hemos confundido descentralización con transferencia de recursos.
Y hemos convertido numerosos trámites públicos en obstáculos que obligan al ciudadano a demostrar una y otra vez lo que el propio Estado debería poder comprobar.
El peruano no necesita que le expliquen eternamente que su país tiene potencial.
Lo sabe.
Lo que necesita es que ese potencial deje de ser una promesa.
Por eso quisiera que el CADE de este año deje algo distinto.
No necesariamente un nuevo documento de grandes aspiraciones.
Preferiría una agenda breve de compromisos, con responsables identificados, plazos y mecanismos públicos para evaluar resultados.
Porque los acuerdos sin seguimiento suelen tener una ventaja política formidable: permiten que todos se declaren vencedores sin que nadie tenga que responder.
Y el Perú ya ha tenido suficiente de eso.
La unidad tampoco puede convertirse en una excusa para silenciar discrepancias.
Un país democrático necesita ciudadanos que piensen diferente. Necesita empresarios capaces de cuestionar al gobierno y autoridades dispuestas a escuchar críticas.
Necesita una izquierda que comprenda cómo se crea riqueza y una derecha que comprenda que el crecimiento pierde legitimidad cuando las oportunidades no llegan.
Necesita un centro que no sea indiferencia ni comodidad, sino un espacio de principios, reformas y responsabilidades.
Al final, el verdadero éxito del CADE no debería medirse por la calidad de las intervenciones, el número de asistentes o la importancia de sus invitados.
Debería medirse por una pregunta mucho más sencilla.
¿Qué será diferente en el Perú después de que todos regresen de Cusco?
Esa es la pregunta que vale la pena llevar al encuentro.
Y también la que deberíamos repetir cuando termine.
Porque el país no necesita solamente estar unido para avanzar.
Necesita estar seguro de que avanza en la dirección correcta.
LA OTRA CARA
¿Y si el problema no fuera la falta de unidad, sino quién decide el rumbo?
Hay algo que debemos reconocer.
Los acuerdos nacionales no siempre fracasan porque falte voluntad de diálogo.
A veces fracasan porque quienes participan no están representando adecuadamente los intereses de quienes soportarán las consecuencias.
Un foro empresarial tiene plena legitimidad para impulsar su agenda. Lo que no puede presumirse automáticamente es que esa agenda represente por sí sola todas las prioridades de la sociedad.
No sería justo exigir a CADE que sustituya al Congreso, al Ejecutivo o a los mecanismos democráticos de participación.
Pero tampoco sería prudente confundir la coincidencia entre autoridades y empresarios con un acuerdo nacional.
Desde esta perspectiva, el desafío es más profundo.
¿Quién representa al pequeño comerciante que paga extorsiones? ¿Quién habla por el emprendedor al que formalizarse le cuesta más de lo que puede asumir? ¿Quién plantea las necesidades del trabajador que vive lejos de los grandes centros económicos?
La verdadera unidad exige reconocer que existen conflictos legítimos de intereses.
Y que una democracia madura no los elimina mediante discursos, sino que construye instituciones para procesarlos de manera justa.
El consenso sin pluralismo corre el riesgo de convertirse en una decisión de pocos presentada como voluntad de todos.
El crecimiento sin distribución de oportunidades puede terminar alimentando nuevas frustraciones.
Y la crítica al empresariado, cuando ignora su aporte fundamental a la generación de empleo, también puede transformarse en un populismo estéril.
Por eso, ninguna de las partes debería recibir un cheque en blanco.
Ni el gobierno por haber sido elegido.
Ni los empresarios por invertir.
Ni los dirigentes sociales por proclamarse representantes del pueblo.
La legitimidad de participar en una solución no equivale a tener el monopolio de la razón.
Cuando todos quieren avanzar, pero nadie quiere responder
Hay una enfermedad política que no aparece en las estadísticas.
La costumbre de prometer colectivamente y responder individualmente lo menos posible.
Todos queremos un Perú desarrollado.
Todos defendemos la educación.
Todos estamos contra la corrupción.
Todos queremos seguridad.
Hasta ahí, una unanimidad admirable.
El problema aparece cuando preguntamos quién hará qué, con qué recursos, mediante qué procedimiento y para cuándo.
Entonces empiezan las explicaciones.
Que falta presupuesto.
Que el problema viene de antes.
Que las competencias son de otra institución.
Que no existen condiciones políticas.
Que se requiere una nueva comisión.
Curiosamente, para anunciar compromisos siempre encontramos tiempo. Para rendir cuentas, casi nunca.
No digo que todos los dirigentes actúen de ese modo. Sería una generalización injusta.
Pero sí sostengo que hemos permitido que la responsabilidad se diluya en un lenguaje colectivo que resulta políticamente conveniente.
Queremos avanzar unidos.
Magnífico.
Entonces construyamos un sistema donde nadie pueda apropiarse individualmente de los éxitos y repartir anónimamente las responsabilidades de los fracasos.
Porque el futuro no se administra con fotografías.
Se construye con decisiones.
Y se defiende con instituciones capaces de exigir que esas decisiones se cumplan.
Un país no progresa por la cantidad de personas que promete cambiarlo, sino por la cantidad de compromisos que efectivamente se cumplen.
AFORISMOS
- La unidad sin propósito es compañía; la unidad con responsabilidad es nación.
- No basta caminar juntos si nadie se atreve a preguntar hacia dónde.
- Los discursos anuncian países; las decisiones los construyen.
- Cuando todos prometen, pero nadie responde, el ciudadano termina pagando.
- El crecimiento que no llega a la gente termina siendo una cifra solitaria.
- El empresario necesita libertad; el ciudadano necesita oportunidades; ambos necesitan instituciones.
- La descentralización sin responsabilidad solo cambia la dirección del desperdicio.
- No hay consenso verdadero cuando el desacuerdo está prohibido.
- La ética de un acuerdo comienza donde termina la comodidad del discurso.
- El Perú no necesita más administradores de esperanzas, sino constructores de resultados.
PROPUESTAS
- Acuerdos nacionales verificables: compromisos públicos con responsables, metas, plazos e indicadores.
- Centro ético compartido: principios mínimos de integridad, transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
- Descentralización por resultados: evaluar gobiernos regionales por servicios y proyectos entregados, no únicamente por ejecución presupuestal.
- Simplificación administrativa: eliminar trámites redundantes e interoperar entidades públicas, conforme a la ley.
- Formalización que convenga: reducir costos y ofrecer incentivos reales al cumplimiento.
- Seguridad para producir: coordinar prevención, investigación y sanción frente a extorsión y economías criminales.
- Observatorio ciudadano de compromisos: seguimiento público, independiente y periódico de los acuerdos anunciados en CADE.
La propuesta inmediata es que IPAE publique un tablero del denominado Legado CADE 2026, con compromisos expresamente aceptados por sus responsables y un primer informe de seguimiento a los 90 días.
INFORMACIÓN DEL AUTOR
Jaime Freundt López es un líder político visionario y comprometido con construir un Perú moderno, justo y solidario. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: la honradez, la transparencia y el trabajo. Con una sólida trayectoria en gestión pública y comercio exterior, Freundt busca modernizar instituciones y fortalecer la participación ciudadana para crear un Perú más equitativo, descentralizado y próspero.
El liderazgo de Jaime Freundt (JFT) está orientado a generar cambios positivos y sostenibles en beneficio de todos los peruanos, promoviendo la justicia social, la educación y la salud como derechos fundamentales. Además, se enfoca en impulsar el desarrollo económico sostenible, la innovación y la competitividad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Perú como un país líder en la región.
JFT también se compromete a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su visión es construir un Perú donde todos tengan oportunidades y puedan desarrollar su potencial, en un ambiente de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos.