CADE 2025 D08
"La justicia lenta no es justicia; es complicidad institucional.".
La justicia peruana vive un colapso silencioso. La impunidad se ha convertido en norma, la lentitud en costumbre y la corrupción en excusa. El sistema judicial ha dejado de ser garantía y se ha transformado en obstáculo. Cada proceso que se posterga, cada expediente que se pierde, cada sentencia que se vende destruye la confianza pública y socava la democracia. Sin justicia, la ley es una sugerencia; sin seguridad jurídica, la economía es una apuesta. La estabilidad política y el crecimiento económico dependen de un poder judicial que actúe con independencia, previsibilidad y decencia. Reformar la justicia no es un tema técnico: es una tarea moral impostergable.
“El expediente del país”
El Perú está atrapado en su propio expediente: miles de páginas, pocas decisiones.
La justicia no falla: se demora. Y cuando llega, llega tarde, cansada y a veces comprada.
En un país donde el crimen presiona más que la ley, el ciudadano deja de creer en las instituciones.
La impunidad se vuelve cultura; la corrupción, sistema; y el silencio judicial, un lenguaje oficial.
La seguridad jurídica es el oxígeno del desarrollo, pero el Perú respira con dificultad.
Los jueces honestos son excepciones heroicas, y los litigantes comunes saben que el resultado de un proceso no depende de la verdad, sino del acceso.
Un Estado sin justicia efectiva no puede garantizar democracia ni inversión.
Los inversionistas buscan contratos, pero los ciudadanos necesitan confianza.
Y la confianza solo nace de un poder judicial que funcione como reloj y actúe como espejo.
“No hay poder más peligroso que el que no tiene límite ni remordimiento.” — JFT
| La otra cara |
“El privilegio judicial”
El sistema judicial peruano no es débil: es selectivo.
Funciona para el poderoso, se demora con el ciudadano y se ensaña con el pobre.
El privilegio se viste de toga, la burocracia se disfraza de procedimiento y la impunidad se justifica con tecnicismos.
El acceso a la justicia se ha convertido en un lujo.
Mientras un proceso común dura años, los grandes casos duermen entre archivadores y silencios cómplices.
El problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de consecuencias.
El juez que teme perder su cargo no puede impartir justicia.
El fiscal que responde al poder no busca verdad, sino conveniencia.
Y el ciudadano que acepta ese sistema, termina normalizando su propia sumisión.
“La justicia que reconstruye país”
Una justicia eficiente no necesita propaganda: inspira respeto.
El juez que cumple plazos honra la ley; el fiscal que acusa con integridad honra a la patria.
El Estado que garantiza previsibilidad jurídica es el que transforma inversión en confianza y orden en progreso.
La justicia debe volver a ser servicio, no espectáculo.
Debe digitalizar sus procesos, pero sobre todo, moralizar sus decisiones.
Cada sentencia debe ser una lección de ética pública, no un cálculo político.
Un país se mide por la velocidad con la que castiga la corrupción y protege al inocente.
La reforma judicial no empieza en el Congreso: empieza en la conciencia de cada magistrado que decide si sirve a la ley o al poder.
AFORISMOS
1. La justicia que llega tarde es una forma elegante de injusticia.
2. Donde el expediente sustituye al valor, la verdad se archiva.
3. La seguridad jurídica no es lujo empresarial: es derecho ciudadano.
4. El juez que teme al poder ya pertenece al crimen.
5. Un país sin justicia es una frontera con bandera.
PROPUESTAS
1. Reforma integral del Poder Judicial y Ministerio Público
- Evaluación externa de desempeño por resultados: tiempos procesales, productividad, índice de cumplimiento de sentencias.
- Depuración automática de magistrados con patrimonio o conducta incongruente.
2. Sistema Nacional de Justicia Digital (SNJD)
- Expedientes electrónicos unificados y trazables.
- Eliminación total del papel en procesos judiciales y fiscales.
- Plazos máximos por tipo de caso, auditables en línea.
3. Corte de Integridad y Transparencia Judicial (CITJ)
- Unidad independiente de control patrimonial, disciplinario y ético.
- Sanciones inmediatas y publicación de fallos en línea con registro de votos disidentes.
4. Defensoría Judicial del Ciudadano
- Oficina nacional gratuita para monitorear abusos, dilaciones y violaciones procesales.
- Informes mensuales al Congreso y publicación de ranking de jueces y fiscales.
5. Código de Responsabilidad Funcional Judicial
- Principio de “responsabilidad objetiva”: los magistrados responden civil y penalmente por negligencia grave o colusión probada.
